Legislomanía
El país de la impunidad

El pueblo salvadoreño, con justa razón, ha perdido la confianza, desde hace mucho tiempo, en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, porque siente que se encuentra desprotegido

Publicada 31 de agosto de 2006, El Diario de Hoy

Carlos Sandoval*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

El sistema democrático es incompatible con la impunidad. Ambos se repelen mutuamente, como el aceite y el agua. Por ello, ningún gobierno, aunque haya sido electo libremente, se puede llamar democrático si no castiga al delincuente, cualquiera que sea el tipo de falta. Porque tan delincuente es quien roba una gallina o asalta a un banco como quien le da una recompensa a un funcionario público para obtener un beneficio (cohecho) o se apropia ilícitamente de bienes públicos (peculado).

El Gobierno, como poder supremo, tiene dos funciones: mandar y servir. Mandar quiere decir monopolizar la fuerza para mantener el orden, la paz, la tranquilidad y la seguridad de las personas. Y administrar, servir al país. Pero si un Gobierno no puede mantener el orden ni sanciona a los infractores, no sólo falta a su deber, sino también --lo que es mucho más grave-- estimula la delincuencia, como lo ha venido sosteniendo el editorialista de EL DIARIO DE HOY.

Es una auténtica “leymanía” considerar que la monda ley va a hacer el milagro de prevenir y erradicar la delincuencia. O que con eslóganes impactantes, pero engañosos, se va a detener la pandemia criminal que azota al país. La delincuencia no se resuelve sólo con leyes, por muy sabias y justas que sean, sino con una política criminológica real, ordenada y precisa. La política criminológica es una estrategia total que comprende los factores sociales, económicos y políticos. Si no los abarca, cualquier propuesta resulta inútil. No he querido decir que la legislación sale sobrando, sino simplemente que es una parte --muy importante-- de la política antidelincuencial.

Por ello, la propuesta del PCN de implantar estado de excepción para combatir la ola --o tsunami o tsumimi o tsumami-- delincuencial, me parecería misericordiosa si no fuera ridícula. O, en el peor de los casos, un acto propagandístico para tratar de ganar simpatías inmerecidas. Pues el estado de sitio, la ley marcial y el toque de queda no son sal y vinagre milagrosos ni para atenuarla, mucho menos para solucionarla. Los padres putativos y las madres putativas de la Patria sólo ven la manera de reprimir el delito, pero no la prevención. Prevenir quiere decir conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal.

Debido a que en el país la mayoría de delitos quedan impunes, sin castigo, la delincuencia se ha extendido por todos los ámbitos de la vida nacional. Porque no sólo son delincuentes las maras, sino también las autoridades que irrespetan los derechos humanos; los funcionarios públicos enriquecidos con los bienes del pueblo; los agentes de seguridad implicados en bandas delincuenciales; los fiscales que han convertido el Ministerio Público --el máximo defensor de la legalidad-- en una oficina privada al servicio de los mandatarios de turno; los magistrados de justicia envueltos en componendas sucias de reelección y, en fin, los jueces incapaces de aplicar la ley. Más importante que una buena ley es un buen juez.

Hemos llegado hasta el extremo de que grupos de pandilleros organizados, disponen de armamento avanzado o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, para cometer sus fechorías y ejecutar a sus víctimas a plena luz del día. En El Salvador todo el mundo anda armado sin que se establezcan campañas de despolitización, de manera permanente, amplia y firme. Y la consecuencia es que se ha vuelto común hacerse justicia por cuenta propia, sin ninguna responsabilidad penal.

Esta persistencia de la impunidad ha puesto en entredicho el Estado de Derecho y los valores de la democracia representativa; porque el Estado de Derecho significa imperio de la ley y la democracia, respeto y garantía de los derechos ciudadanos.

El pueblo salvadoreño, con justa razón, ha perdido la confianza, desde hace mucho tiempo, en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, porque siente que se encuentra desprotegido ante los persistentes y crapulosos actos de bandas delincuenciales. El Salvador se ha convertido ahora en el país de la impunidad.

*Columnista de El Diario de Hoy. carlos_sando1@yahoo.com