Reserva en caso extorsión

Audiencia. La medida fue pedida para seguridad de las víctimas que son transportistas.

Publicada 30 de agosto de 2006 , El Diario de Hoy

En audiencia. Según la jueza, la evidencia presentada acusa a los imputados en los hechos. Foto EDH

Con el propósito de salvaguardar la vida e integridad física de transportistas víctimas de once extorsionistas, el Juzgado 1o. de Paz decretó ayer la reserva o confidencialidad parcial del proceso.

La Fiscalía General pidió desde el inicio del juicio que se mantenga en hermetismo desde los nombres de los motoristas, cobradores y propietarios de las unidades del transporte colectivo hasta las rutas y zonas donde operan.

Durante el operativo policial en que capturaron a los once imputados, el fiscal Rodolfo Delgado dijo que las víctimas eran propietarios de negocios pequeños y empleados del transporte público.

Tras cuatro horas de presentar la prueba inicial y de que ambas partes rindieran sus alegatos, la jueza decidió que los implicados siguieran siendo procesados y que fueran trasladados a un penal mientras dura la investigación.

En su argumento, la jueza dijo que existen evidencias suficientes sobre el “cometimiento del delito y que los imputados han actuado con conocimiento”.

También, se habría individualizado los microbuses en los cuales se habrían recolectado la extorsión, así como se ha certificado las entrevistas de los agentes captores.

“Todos los datos son coherentes en tiempo, modo y lugar”, agregó. Las detenciones se efectuaron en Cuscatancingo, Ilopango, Soyapango, Apopa y Mejicanos.

Fueron trasladados a un penal, tras la lectura del fallo, los imputados Abraham Lovato Guardado, de 24 años; JuanManuel Rivas, de 19; Carlos Francisco Orellana, de 31; Diego Sánchez Elías, de 23; Samuel Ernesto Amaya, de 21; Miguel Ángel Morales, de 20; Joel Daniel García Cruz, de 23; Erwin Geovanny Orellana, de 21; Dany William Vanegas, de 19; Jefferson Manuel Guardado, de 24 y Wilmer Ernesto Romero, de 26.

Operación

Según se certificó durante la audiencia inicial, las víctimas interpusieron la denuncia desde abril de 2006, pero no fue hasta el 10 de mayo cuando se inició la investigación.

Aunque no se precisó cuánto les entregaron a los sujetos inicialmente, se supo que les pagaban $10 cada semana.

Un defensor de los imputados dijo que a estos no se les acusaba por los mismos casos y que no había testigo alguno que los incriminara.

Esta afirmación fue desestimada por la propia jueza durante los argumentos de justificación de su fallo, diciendo que la Fiscalía presentó las declaraciones de las víctimas, pero no precisó cuantas. “No he visto ninguna irregularidad en las pruebas presentadas. Este delito (la extorsión) es de alarma social en este momento”, puntualizó la juzgadora.