Conversando sobre política
Mercado y Estado de Derecho

Ese es el Estado de Derecho, aquel que cuida la libertad de unos, restringiendo la de otros, si estos últimos ocuparan su libertad para abusar de aquella que el derecho ha concedido a los primeros.

Publicada 30 de agosto de 2006, El Diario de Hoy

Luis Mario Rodríguez R.*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Mi paso por ANEP me permitió conocer a Jesús Monroy, licenciado en Ciencias de la Información y con estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Este profesional ejerció y creo lo sigue haciendo, como jefe de comunicaciones internas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cúpula de las organizaciones gremiales de empresarios españoles. Ese cargo le valió para adquirir tal experiencia que fungió como profesor titular de “técnicas en comunicación”, en el curso de especialización en gerencia de organizaciones empresariales que el INCAE realiza año tras año y por el cual deben pasar todos aquellos que ejercen las funciones de director ejecutivo en dichas entidades; asimismo Monroy plasmó todos sus conocimientos en un didáctico libro que tituló: “El empresario y la comunicación”. Es a esto último a lo que me quiero referir.

Este genial comunicador supo rápidamente identificar la percepción que los ciudadanos españoles tenían de los empresarios y la urgencia que existía en cambiar dichos sentimientos por otros que permitieran a éstos ser reconocidos por su espíritu de responsabilidad social, por su respeto a la ley y por el interés que demuestran en el bienestar general.

Esa tarea no fue fácil ya que Jesús podía comunicar sólo aquello que realmente los empresarios hacían en la práctica y que por tanto repercutía en su buena imagen, deteniendo así el acelerado deterioro acumulado por años de mala comunicación que este periodista resumió en una famosa anécdota, que escuchó hace tiempo sobre un empresario que se fue a confesar y le dijo al sacerdote: “Ave María Purísima. Padre me quiero confesar. -Esta bien hijo. Dime a qué te dedicas. -Soy empresario padre. El sacerdote le contestó: -Mal empezamos hijo, mal empezamos”.

Monroy identificó la manera en que el sistema de libre empresa estaba siendo sobredimensionado por algunos empresarios. Se desechaba por completo la intervención del Es-tado, aunque ésta fuera en su papel de regulador de ciertos servicios considerados como públicos y básicos para la ciudadanía, así como en aquellos donde debía privar el bien entendido interés de los consumidores; se especulaba con los precios; se evadían impuestos; se imponían barreras de entrada para nuevos competidores; se incumplía con el pago de las retenciones para la seguridad social y en algunos casos, se propiciaba la corrupción del burócrata, con el pretexto que sólo de esa manera se podían agilizar los trámites para el inicio de una nueva empresa o para la obtención de un permiso como requisito para comercializar un producto o edificar una construcción.

Pronto la CEOE entendió que había que contrarrestar este sentimiento de antipatía de la gente hacia el sector empresarial, el cual no era más que el resultado de las acciones de un reducido grupo de comerciantes inescrupulosos, que incumplían la ley y no les interesaba el bienestar de la gente. Por esta razón, los empresarios españoles agrupados en la cúpula empresarial empezaron una agresiva campaña comunicacional de todas aquellas actividades que les concedían un rédito importante.

Hicieron pública la cifra global de impuestos que aportaban al Estado y lo que esto representaba en el presupuesto general en materia de inversión pública y gasto social. Presentaron una serie de medidas orientadas al aumento en la recaudación tributaria, impidiendo la evasión y la elusión fiscal.

Se comprometieron a denunciar ante las autoridades el incumplimiento por parte de sus socios --a quienes por cierto expulsaron de su organización-- de toda aquella normativa incluida en la respectiva legislación de protección al consumidor y firmaron convenios con los entes reguladores para difundir entre sus agremiados la legislación aplicable a los distintos sectores que incluía los derechos y las obligaciones de empresarios y consumidores en actividades tan diferentes como la banca, el comercio, los servicios de energía eléctrica y de telefonía ( esta última ya privatizada).

Nunca se aceptaron las opiniones que generalizaban, hechas por aquellos que con otras intenciones acusaban a todos los empresarios de abusar de su posición privilegiada dentro del sistema de libre empresa. Se entendió que dicho sistema tenía pesos y contrapesos, lo que era equivalente a los servicios y a las entidades estatales que regulaban la adecuada prestación de los mismos; a la libertad de contratación con su equivalente sanción cuando se incluían cláusulas consideradas en el lenguaje técnico como “abusivas”. En definitiva, el empresario español entendió que, o cambiaba la imagen que algunos de sus miembros habían creado, o se enfrentaba a una tormenta de acusaciones y a un posible régimen político que utilizaría la excusa de dichos abusos para imponer un orden que iría más allá de lo que la misma ley le permitía.

Entender que el sistema de libre empresa y el de economía social de mercado tiene dos balanzas es de suma importancia para cualquier Estado: por un lado existen las empresas, los servicios y bienes que éstas proveen, la justa rentabilidad a la que tienen derecho pues han arriesgado su capital para acrecentarlo y ofrecer así una vida digna a su familia, además de exigir del Estado la seguridad jurídica que no es más que saber qué constituye derecho en un determinado momento.

Todos estos son aspectos básicos de dichos sistemas. Pero por el otro lado existen también los controles por parte de Estado, que si bien deben ser excepcionales, tienen que estar presentes, con el propósito de corregir las desviaciones del mercado, provocadas o por el mismo crecimiento de la economía o por la maliciosa conducta de algunos inmorales. Ese es el Estado de Derecho, aquel que cuida la libertad de unos, restringiendo la de otros, si estos últimos ocuparan su libertad para abusar de aquella que el derecho ha concedido a los primeros.

*Secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República.