Rafael Mendoza/F. Mejía
El Diario de Hoy
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| Se salvan. Debido a que la ley no es retroactiva, a los capturados en las últimas 24 horas, como estos en la capital, no les aplicarían las nuevas penas. Foto EDH |
En una maratónica sesión plenaria que llegó hasta la madrugada, los diputados de todas las bancadas políticas aprobaron por 83 votos las reformas al Código Penal que, entre otras medidas, elevan hasta 20 años las penas a quienes cometan extorsiones.
Las enmiendas, propuestas por el PCN y aprobadas con dispensa de trámite (de urgencia), fueron hechas a los artículo 214, 308 y 309 de la legislación penal.
La primera se refiere a elevar de 10 a 15 años el delito de extorsión, que actualmente está penalizado con ocho a 12 años. Asimismo, se aumenta hasta un tercio del máximo establecido –20 años– si la acción es cometida por agrupaciones ilícitas, organizada desde un centro penal o si se utilizan a menores e incapaces.
Además, esa misma penalización se aplicará si el hecho se comete contra familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con o sin amenaza de muerte o lesión, y si el autor del delito lo comete aprovechándose de la confianza que le ha depositado su víctima.
También está prevista esa pena si el delito es cometido por un funcionario, empleado público, municipal, autoridad pública o agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Mientras, al artículo 308, referente al encubrimiento, se le agregó la extorsión como un agravante cuyo castigo oscila entre cuatro y ocho años de prisión.
Esa misma condena se estipuló en el artículo 309, relacionado a la omisión de la denuncia de algún caso del delito en cuestión.
Las enmiendas avaladas ayer están emparentadas con una propuesta hecha a inicios de año por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante. La petición gubernamental se enfocaba en el artículo 214, únicamente con el fin de elevar las condenas y poner agravantes.
Unanimidad
El pecenista Antonio Almendáriz rescató de las reformas el hecho de penalizar la utilización de menores e incapaces para cobrar el dinero de las extorsiones.
El diputado se refirió al auge de extorsionistas en el departamento de San Miguel, donde la Cámara de Comercio solicitó más protección a las autoridades.
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| Operativo. La PNC capturó a varios extorsionistas. Foto EDH |
“El análisis no se trataba sólo de endurecer la pena, sino que de cómo opera la delincuencia allá (en la zona oriental)”, dijo el diputado.
Los comerciantes de esa localidad, incluso, amenazaron con no pagar impuestos hasta que las autoridades tomaran cartas en el asunto.
ARENA, por su parte, aplaudió los cambios. El jefe de fracción tricolor, Guillermo Gallegos, resaltó el agravante que se incluye para las extorsiones cometidas por agrupaciones ilícitas, aunque rescató que la medida fue presentada desde un inicio por el Gobierno.
“La propuesta del PCN ha venido a enriquecer las reformas”, declaró Gallegos.
En tanto, el FMLN destacó las enmiendas pero las consideró deficientes.
“Reconocemos que son reformas con grandes limitaciones porque los delincuentes no reparan mucho en las penas que les puedan caer”, sostuvo el vocero farabundista Sigfrido Reyes.
Para el legislador efemelenista, el combate al crimen por parte de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía significarían un poder más disuasivo. Una medida con antecedentes
Parte de las reformas fue hecha por el Gobierno
- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, propuso en enero reformar el artículo 214 del Código Penal para elevar el castigo por extorsión a 15 años.
- El artículo 345 de la legislación penal fue modificado en 2004 para sancionar a las pandillas por cometer extorsión.
- El proyecto presentado por el Gobierno sugería el castigo penal a las personas que ayuden a eludir la acción de la autoridad pública, entorpecer las investigaciones, ocultar o asegurar el producto del delito, o para quienes los adquieran o enajenen, con cárcel de ocho a doce años.
Habilitarán líneas para denuncias
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| Encuentro. Jefes policiales con empresarios de oriente. Foto EDH |
El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Luis Tobar Prieto, anunció ayer durante una reunión con empresarios y representantes de diferentes sectores deSan Miguel que a partir del 1 de septiembre estarán habilitadas dos líneas para denunciar los casos de extorsiones.
En todo el país funcionará el número 2202-0000 y sólo para ese departamento el 2669-6432.
Agregó también que la población podrá interponer sus quejas a domicilio, es decir que si el denunciante no quiere hasta el puesto policial por temor, puede llamar a estos números y decir que quiere hacer la denuncia en otro lugar.
Un grupo de agentes llegará hasta el lugar establecido para que pueda realizarse la diligencia.
Así la persona que esta siendo extorsionada tendrá más confianza, comentó.
Tobar agregó que todas las unidades élite de la corporación darán apoyo a la investigación de las denuncias que sean puestas.
“Invito a la población a que denuncie para así poder erradicar este problema”, dijo el funcionario.
Any de Tussel reiteró la petición de los empresarios para que las autoridades les garanticen las condiciones para trabajar, de lo contrario muchos podrían tomar la decisión definitiva de trasladar sus negocios.
A la reunión también asistieron el viceministro de Seguridad, Ástor Escalante, diputados de ARENA y jefes de delegaciones policiales de oriente. “Esperamos que esto sirva para combatir el delito de extorsión. Ahora habrá agravantes como asociaciones ilícitas”
Guillermo Gallegos
ARENA
“Gracias a Dios, que cuando le enseñamos a todos los partidos el beneficio de las reformas, nos apoyaron con sus votos”
Antonio Almendáriz
PCN
“Reconozco que son reformas con grandes limitaciones, porque los delincuentes no reparan mucho en las penas”
Sigfrido Reyes
FMLN Redadas de chantajistas
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| En Sensuntepeque. Grupo de apresados en el barrio Santa Bárbara. Foto EDH |
La División Élite Contra el Crimen Organizado (Deco) capturó el jueves por la noche a once sujetos acusados de pertenecer a una banda de extorsionistas, que operaba en el centro de San Salvador.
El fiscal Rodolfo Delgado informó que las capturas se realizaron en Cuscatancingo, Ilopango, Soyapango, Apopa y Mejicanos.
Agregó que durante la investigación, que tomó cerca de un mes, lograron establecer la participación de cada sujeto.
Las víctimas son propietarios de negocios pequeños y empleados del transporte público.
Algunos de los sujetos pertenecen a la pandilla 18.
Delgado dijo que como pruebas la Fiscalía cuenta con las denuncias de las víctimas y la vigilancia que se les ha hecho a los sujetos al momento que exigen el dinero.
Durante los allanamientos los investigadores buscaron en las viviendas las listas donde los delincuentes llevan el control de los chantajes.
La investigación es similar a la que se realizó en el parque Libertad, en abril pasado, cuando se procesó a 28 sujetos de la 18.
Delgado dijo que lo que se busca era generar confianza a víctimas para que denuncien los chantajes.
En otro hecho en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas, fueron capturados nueve sujetos acusados de extorsionar a un comerciante con $1,000.
La detención la realizaron en la madrugada de ayer en la 2a. Avenida Sur y 6a. Calle Poniente del barrio Santa Bárbara del citado municipio.
Los detenidos pertenecen a maras y amedrentaban a la víctima diciendo que si no entregaba el dinero asesinarían a toda su familia.

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