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El próximo 23 de septiembre vence el plazo para la cuota anual del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Parque Cafetero (Ficafé). Sin embargo, un 20 por ciento de los caficultores del país no tienen capacidad de pago, pues aducen que sus ingresos están afectados por el “exceso de equipaje” o deducciones gubernamentales, intereses, créditos de avío, contribuciones al sector, desastres naturales (Stan) y otros.

Los productores tiene claro que si no pagan afrontarían inminentes embargos masivos. La aflicción los obligó a solicitar ayuda a la Asamblea Legislativa, por lo que ayer presentaron ante la Comisión de Economía y Agricultura del Congreso, una pieza de correspondencia para la emisión de un decreto legislativo para la prórroga de los plazos de pago.

La Junta Departamental de Santa Ana de la Asociación Cafetalera de El Salvador pidió una extensión de cinco años, mientras que el Foro del Café solicitó tres.

Son 14 mil cafetaleros que están detrás de 861 créditos de Ficafé. La mora a julio de 2006 asciende a 1.89 por ciento, equivalente a 3.95 millones, detalló la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

La cuota que corresponde a este año asciende a 19.9 millones de dólares. Del crédito total que asciende a 257 millones de dólares (con vencimiento en 2021), han cancelado 48.75 millones de dólares.

Con el pago de la cuota de 2006, al final del año se podría haber pagado alrededor de un 25 por ciento.

Claudio De Rosa, director ejecutivo de Abansa, quien ayer compartió sus puntos de vista con los legisladores, dijo de entrada que la posición del sector bancario es que “toda medida política que tienda a debilitar la cultura de pago atenta contra la sanidad del sistema financiero”.

Detalló que en 2003 se ofreció prórroga por dos años y concedieron la menor tasa de interés en el mercado. “Si con todo eso no pueden pagar hay que encontrar la verdadera razón del problema”, indicó.

A su juicio este problema no es eminentemente financiero, sino que tiene otras causas, entre ella es la caída abrupta que ha tenido la productividad del café.

Plan de Nación

El banquero indica, que si bien se pueden revisar las propuestas del sector, es más urgente la creación de una Política de Estado.

Dice que una prórroga significa sólo posponer el problema, en cambio una política contribuiría a recuperar la productividad del sector cafetalero.

A su vez, estimularía el crecimiento económico, generaría empleos rurales masivos, aumentaría de la disponibilidad de dólares y facilitaría el pago de deudas.

Ante la constante pregunta de ¿y qué pasa con los 40 millones de dólares? (para otorgar 475 dólares por manzana en un plazo de seis años), que prometió el Gobierno hace dos años; De Rosa respondió que “habría que revisar las condiciones de contratación en general”, lo cual incluye la capacidad de pago.

Entre las propuestas que los caficultores presentaron está la consolidación de deudas, porque el sector debe unos 350 millones a otros entes, como Fiagro, Fondo de Emergencia, Finsagro y otros. De Rosa señaló que habría que revisarla “con cuidado porque son diferentes actores privados”.

Nicolá Angelucci, presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), recordó que el crédito ahora tiene 22 años plazos por la extensión que se otorgó en 2003 y 2004, a una tasa subsidiada, que se redujo gradualmente.

A julio de 2006 la tasa de interés fue de 5.04 por ciento. El BMI emitió bonos por un valor $210 millones que titularizaron la deuda, los bancos optaron por esa opción y sanearon la situación.

La consolidación de la deuda permitiría liberar recursos para la productividad
Daniel Flores
Asesor

El objetivo es reactivar la caficultura mediante recursos frescos
Claudio Ríos
Cafetalero

Más que una prórroga es necesaria una Política de Estado para buscar una solución integral
Claudio de Rosa
Abansa

Las propuestas

Los caficultores proponen extender el plazo de la deuda
- Eliminar la cláusula de pago anticipado al préstamo.
- Autorizar la libertad de contratación para la venta del café.
- Flexibilizar y bajar las tasas de interés.
- Eliminar la cláusula de caducidad de pago.
- Liberar los 40 millones de dólares que ofreció el Gobierno de la República.
- Suspensión de los procesos de embargo y consolidar las deudas de todos las instituciones.