| Joaquín
Villalobos*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
(Segunda parte)
Oxford, Inglaterra. Los jóvenes por su energía, y los militares
y policías por su entrenamiento, son los preferidos por las mafias
para engrosar sus ejércitos.
La corrupción, un mal que durante años fue de segunda categoría,
se está transformando en un Sida social que destruye las defensas
de la democracia corrompiendo jueces, policías, militares y políticos.
La inseguridad podría derivar en violencia política que
ya no confrontaría a militantes ideológicos, como en los
80, sino a sicarios.
La debilidad de los estados no es sólo frente a la delincuencia;
en los últimos quince años cayeron cuatro gobiernos por
la incapacidad para controlar protestas callejeras. En Venezuela el gobierno
de Carlos Andrés Pérez cayó, porque la fuerza pública
no tenía ni técnica, ni conocimientos para enfrentar protestas
y provocó más de 200 muertos; el gobierno Argentino cayó
por las mismas razones después de 20 muertos; el de Bolivia después
de 60 y, el más reciente, el de Ecuador, cayó por el temor
a hacer muertos.
El autoritarismo tenía un cheque en blanco para controlar matando,
las democracias no lo tienen y los encargados de la seguridad saben, poco
o nada, acerca de cómo reprimir sin matar.
Estados Unidos, afectado por el terrorismo, tiene dificultades para ser
un apoyo y al mismo tiempo es parte del problema. La demanda que tiene
de trabajadores inmigrantes junto al endurecimiento de las políticas
antiinmigrantes; la tolerancia al consumo de drogas combinada con la
intolerancia al comercio de éstas; la deportación de pandilleros
a Centroamérica, para luego enviar al FBI a perseguirlos; la exportación
de armas cortas hacia sociedades violentas e inseguras y finalmente la
influencia de su modelo de seguridad predominantemente represivo. Todo
esto agravado por el riesgo de polarización política entre
EE.UU. y los gobiernos de izquierda de la región.
Los reflejos autoritarios de gobernantes y gobernados y las deficiencias
de las instituciones encargadas de la seguridad estimulan el retorno de
prácticas represivas. “Mano dura” o “populismo
penal”, como lo llaman algunos, ofrece la ilusión de soluciones
rápidas y fáciles a electores desesperados. El resultado,
al igual que el populismo económico, es una hiperinflación
de las tasas de delito, como ya ocurrió en El Salvador.
El autoritarismo fue relativamente exitoso en sociedades rurales, con
clases medias escasas, sin el desarrollo actual de las comunicaciones
y sin las dependencias políticas, jurídicas y económicas
creadas por la globalización. Muchos alemanes se enteraron de
los campos de concentración hasta que terminó la guerra,
ahora nos enteramos de matanzas, exterminios y torturas en minutos. En
democracia es difícil ocultar víctimas y victimarios, todo
se termina sabiendo.
Para mejorar la seguridad es necesario fortalecer académicamente
a los encargados militares y civiles, crear nuevas especialidades y conocer
más la experiencia europea (británica, francesa, alemana,
etc.) que, en contraposición a la norteamericana, está basada
en la tolerancia, la prevención, el control social, la participación
ciudadana, la cultura de legalidad, la inteligencia estratégica
analítica y la inteligencia policial comunitaria.
La creencia de que la seguridad es fundamentalmente reprimir y que la
inteligencia es espiar para reprimir, ha hecho pensar que éstas
son tareas para los militares. Existen pocos directores de policía,
ministros de Defensa y jefes de inteligencia que sean profesionales civiles,
los militares no se han formado en otras ramas del conocimiento y las
universidades y sus académicos apenas comienzan a estudiar temas
de seguridad, defensa e inteligencia.
La complejidad del problema demanda estudio y conocimiento incluso para
la planificación represiva. Los progresos más notorios del
continente en materia de inteligencia, policía y defensa vienen
de profesionales civiles en México, Colombia y Chile, pero aún
prevalece la tradición reactiva y represiva.
Latinoamérica necesita una doctrina de seguridad democrática,
como la han llamado los colombianos. Domina la idea de que los derechos
humanos y la democracia son estrictamente un asunto ético, del
cual debería poder prescindirse en situaciones extremas, ya que
estorban la eficacia. La seguridad es una tarea menos complicada en sociedades
socialmente cohesionadas, donde los ciudadanos producen inteligencia,
cooperan con la policía y contrarrestan de forma temprana las conductas
delictivas.
Los abusos de poder y el irrespeto a los derechos humanos, por el contrario,
dividen las comunidades, bloquean el ciclo de información e impiden
la cooperación de los ciudadanos con las instituciones.
El autoritarismo era un modelo paternal punitivo que en algunos casos
utilizaba fuerzas paramilitares. Cuando hacía esto último
renunciaba al monopolio de la fuerza y volvía culturalmente violentos
a los habitantes. La seguridad moderna requiere un modelo de responsabilidades
compartidas que le deje al Estado el monopolio legítimo de la fuerza,
y a los ciudadanos la construcción diaria de la paz social.
Sin embargo, para aprender de cultura de legalidad es necesario aliviar
la pobreza y reducir la desigualdad. Si los ricos quieren vivir seguros
deben aprender a compartir, porque la convivencia de miseria con opulencia,
más que una injusticia, es una provocación que no pueden
resolver los policías. (Segunda y última parte de artículo
elaborado para la Fundación Ideas para la Paz de Colombia).
*Columnista de El Diario de Hoy.

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