Eugenia Velásquez
El Diario de Hoy
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El 25 de mayo, cuatro días antes de que Salud Pública enviará una carta donde indicaba a Aduanas que el paquete con la medicina Glivec era suyo y cinco antes de que el ente de Hacienda diera la orden de destruirlo, un agente aduanal del Ministerio de Salud Pública observó el lote de medicinas que venían para el Hospital Rosales en calidad de donativo en las bodegas de la Aduana Terrestre de San Bartolo.
“Detectaron donde se encontraba el medicamento, lo vieron, el bulto le llaman ellos, lógicamente no lo podía retirar en el momento porque había caído en abandono, había que hacer una solicitud previa”, manifestó Rodolfo Enrique Saravia, director de la UACI de Salud.
Sin embargo, esa carta tardó cuatro días en llegar a la Aduana Terrestre, a pesar de saber que el paquete corría el riesgo de ser subastado, donado y en última instancia destruido. Saravia se justifica en que todos los procesos institucionales se llevan su tiempo.
“Es un procedimiento, en cualquier institución de gobierno una nota no es firmada en el momentito, primero llega al ingreso, no es que se van resolver de inmediato”, dijo el funcionario.
En la visita que hizo el agente aduanal a San Bartolo, para ver si podía recuperar el medicamento, éste les explicó a los responsables del departamento de Subastas que apartaran la caja, ya que era un donativo propiedad del Hospital Rosales y que lo iban a rescatar.
Supuestamente nadie le informó al representante de Salud Pública, que para el 30 de mayo estaba programada la destrucción de la mercadería que no sería subastada.
Saravia añadió que Salud fue informado por el Rosales de que ya estaba lista la franquicia y el aval del Consejo Superior de Salud Pública para ir a recoger el donativo de Glivec el 23 de mayo.
Y aunque la carta fue redactada por la administración del Rosales el 22 de mayo, por eso de los “procedimientos institucionales”, llegó al ministerio de Salud un día después.
Ni el Hospital Rosales ni la UACI de Salud fueron informados por CEPA de que el cargamento había sido retirado de Comalapa el 19 de mayo por la Aduana Terrestre. Saravia afirma que la Aduana debió cumplir con el Art. 17 de laLey de Almacenaje, que antes de destruir cualquier mercadería esta debe ser evaluada si es útil para ser donada.
Mides se pronuncia
“No es cierto lo que dicen”
Con un rotundo “no es cierto lo que están diciendo”, rebatió Jaime Ávila, el director ejecutivo de Mides, el hecho de que la Aduana Terrestre de San Bartolo asegure que, el 30 de mayo, las medicinas Glivec fueron quemadas en el relleno de Nejapa, junto a un cargamento de productos.
“Y si es así, que presenten los documentos”, refutó Ávila. Sin embargo, El Diario de Hoy tuvo acceso ayer a documentos que fueron presentados a la Fiscalía General de la República, en los cuales consta la boleta de Mides No. 628588, clave 01-01-705, por 7,900 libras que fueron tratadas el 30 de mayo por esa empresa para la Aduana Terrestre.
Lo que no se detalla en el documento es, si el paquete de medicamentos que pesaba 16 kilos, según la Aduana, también fue destruido.
Ávila insistió en que “no hay ninguna boleta”. Es más, añadió que la Corte de Cuentas de la República estuvo el martes en el relleno haciendo una inspección de los reportes que Mides tiene de lo que han recibido de la Aduana Terrestre.
“Lo único que se ha recibido en el último mes es un queso que fue destruido de Aduanas”, matizó.
Sancionan a empleados
Aduana pide proceso penal
Cuatro empleados del Departamento de Subastas de la Aduana Terrestre se encuentran en la mira de las investigaciones.
Tres de ellos han sido sancionados con cinco días de suspensión, sin goce de sueldo, de acuerdo a la Ley del Servicio Civil. Otro más enfrenta una demanda interpuesta por la Dirección de la Aduana Terrestre, en el Juzgado de Paz de Ilopango, pidiendo su destitución.
Se trata de Samuel Ángel Quiroz, el técnico aduanal responsable de haber trasladado el paquete de medicamentos del Aeropuerto de Comalapa hasta la Aduana de San Bartolo, el 19 de mayo.
Gustavo Villatoro, director de la Aduana Terrestre, lo culpa de haber “omitido, ocultado o destruido”, la nota que el Ministerio de Salud Pública enviara a la Aduana el 29 de mayo, donde solicitaba el rescate de la caja.
Villatoro refirió que también ha presentado a la Fiscalía General de la República una denuncia para que investigue “si existe responsabilidad penal en el procedimiento que se siguió para la verificación y destrucción de los medicamentos”.
En este escrito no sólo solicita que se indague el proceder de los agentes aduanales de San Bartolo, sino también, el de todas las instituciones que tuvieron a su cargo en algún momento el manejo del donativo para el Rosales.
Villatoro añadió que existen grandes vacíos, irregularidades y contradicciones en las versiones emitidas, tanto por los empleados de la Aduana, como por los técnicos que vigilaron la destrucción de los medicamentos.
Apuntó incongruencias en fechas y horas en los informes aduaneros como en los documentos de Mides.

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