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La PNC ha aprobado 30 permisos en 2006

Trámites. La Policía Nacional Civil extiende un permiso para que una persona que se sienta amenazada de muerte pueda adquirir un arma de guerra. Ha habido un incremento de solicitudes desde diciembre del año pasado. Aprueban más de dos armas en casos especiales.


Publicada 17 de julio de 2006 , El Diario de Hoy

Control. Una persona no identificada muestra su arma al personal de registro de Defensa para poder matricularla. Foto: EDH

El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El subdirector de Áreas Especializadas de la Policía Nacional Civil, Omar García Funes, informó que la División de Protección a Personas Importantes, PPI ha aprobado 30 solicitudes para portar armas de guerra sólo en el primer semestre del año.

Funes dijo que desde el 2002 ha recibido más de 150 solicitudes de ex funcionarios y personas civiles para que se les considere personas de “alto riesgo” y se les permita adquirir un arma de guerra.

Según García Funes, hasta la fecha se ha autorizado un cinco por ciento de todas las peticiones que han hecho a la división, lo que significa que más de 75 armas de guerra están legalizadas para personas civiles que no ostentan un cargo de funcionario público.

Incremento

El jefe policial dijo, además, que el número de solicitudes para ser catalogado como “persona de alto riesgo” ha incrementado desde diciembre del año pasado.

“De 10 solicitudes que se reciben al mes, ocho de ellas son aprobadas luego que se hace el análisis correspondiente”, sostuvo Funes.

Para Funes, el número de armas de guerra legalizadas en el país es mínimo para las más de 216 mil armas convencionales que el Ministerio de Defensa tiene registradas.

“Este grupo de armas se encuentran en manos de empresarios o personas que por su cargo o su profesión han justificado comprar armas de grueso calibre para protegerse de la delincuencia”, comenta Funes, quien está a cargo de toda la división del PPI.

Análisis

Los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial sostienen que una persona que se considere amenazada por el trabajo que realice o el cargo que ostente, puede solicitar a la PNC el permiso correspondiente.

Sin embargo, el subdirector de la PNC, comisionado José Luis Tobar Prieto, opina que sería mejor revisar dicha legislación para clasificar quiénes pueden tener este privilegio.

Por ley, los diputados tienen derecho a cuatro policías del PPI para prestarles seguridad. A eso se suma el beneficio de tener un arma de guerra si ellos lo solicitan.

El ministro de Defensa, Otto Romero, por su parte, no ve inconveniente en que las personas amenazadas soliciten un arma de fuego si lo justifican.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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