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| Remisión.
Luis Antonio Herrador será trasladado hacia el centro penitenciario,
situado en Santa Ana Foto: EDH |
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Luis Antonio Herrador, el efemelenista procesado por colaborar con el
asesino de dos policías, será llevado hoy al penal de Apanteos,
en Santa Ana.
Fuentes judiciales aseguraron que el Ministerio Público no solicitó
al tribunal que el imputado fuera enviado a otro centro penal (de mayor
seguridad), por lo que el Juzgado Undécimo de Paz decretó
el traslado.
Según el jefe de la Unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía,
Rodolfo Delgado, no se pidió que el imputado permaneciera en las
bartolinas de una delegación porque no se tiene información
que compruebe que la vida de Herrador peligraría dentro de una
penitenciaría común.
Hasta ayer, el reo permaneció en las bartolinas de la División
Antinarcóticos de la Policía (DAN) en espera de ser transferido,
ya que el proceso judicial aún no había pasado al Juzgado
Segundo de Instrucción debido a lo complejo del mismo.
Herrador es procesado por complicidad en el homicidio de dos agentes de
Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), atribuido a José Mario
Belloso, otro militante efemelenista.
El crimen se perpetró a la entrada de la Universidad de El Salvador,
durante desórdenes callejeros, el miércoles 5 de julio.
En cuanto a Belloso, quien aún permanece prófugo de la justicia,
el viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, aseguró
que se ha solicitado apoyo en toda la región para lograr su captura.
“Se ha proporcionado el nombre completo, los casos por los que se
le acusa y se ha difundido características de cómo podría
verse”, dijo el funcionario.
Según Escalante, la Interpol también cuenta con dicha información.
Revisión de leyes
Por otra parte, el Fiscal general, Félix Garried Safie, aseguró
que apoyaría una revisión de las condenas para las personas
que vayan enmascaradas en las manifestaciones callejeras.
Según el funcionario, debería imponerse mayores penas a
estas personas.
Aclaró que no se trata de la Ley Antiterrorista que el Ejecutivo
ha propuesto a la Asamblea, sino de una reforma inmediata a las regulaciones
sobre las marchas.
Cinco defienden a Herrador
El Procurador General, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, informó
que mantendrán el equipo de cinco abogados públicos a la
defensa de Luis Antonio Herrador Funes y otros acusados de disturbios
debido a la trascendencia que ha cobrado el caso.
De acuerdo con el Procurador, es el mismo equipo de profesionales que
asignaron desde el inicio para asistir legalmente a 17 de 23 implicados
en los desórdenes del 5 de julio.
“En este momento a ese caso se le dedican páginas enteras
(en medios de impresos) por la importancia que tiene, se enfoca el análisis,
aquí y en todas partes del mundo, cuando un caso tiene trascendencia
nacional tanto la Fiscalía, la Policía en la investigación
del delito y la defensa hacen el esfuerzo de procesar toda la información.
Dicen que ya son varias piezas que posee el caso, por esa razón
el equipo se mantiene en igual magnitud”, añadió.
Medidas para tener un mayor control
La Ministra de Educación, Darlyn Meza, aseguró que se revisarán
los reglamentos de conducta de las instituciones con el propósito
de tener más control con los estudiantes.
La medida surge luego que la semana anterior se conociera que supuestos
estudiantes del Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen)
participaron en los desórdenes donde asesinaron a dos policías.
Aunque la titular de Educación advirtió que no han comprobado
que los estudiantes involucrados en los tumultos pertenecieran a dicha
entidad educativa, reconoció que los alumnos del Inframen son los
más permisibles a este tipo de actuaciones.
“Vamos a implementar medidas para generar mayor control con el ingreso
y el egreso de estudiantes. Pareciera que en al Inframen entra el que
le da la gana y a la hora que le da la gana”, señaló
la titular de Educación.
La ministra dijo que se trabaja en la elaboración de un reglamento
que jurídicamente regule el comportamiento de los alumnos y partiendo
de ello, también se sancione a las autoridades que manejan las
instituciones educativas. El documento podría estar vigente a partir
del próximo año escolar.

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