El FMLN y los asesinatos de los policías

Error. No es apropiado llevar el caso a la ONU; los estados soberanos tienen dos herramientas para afrontar la violencia, una la judicial y otra la política. En ambas el estado debe mostrar su fuerza, garantizando así el estado de derecho

Publicada 9 de julio de 2006 , El Diario de Hoy

Algunos directivos del FMLN han reaccionado a los asesinatos de los policías del 5 de julio con los argumentos falsos y alevosos que llevaron a nuestro país a la tragedia de la guerra. En una entrevista televisada el 6 de julio, una de estas personas dijo con toda seriedad que, aunque lamentaba el derramamiento de sangre, él veía los asesinatos como la consecuencia lógica de lo que él llamó el proceso por el cual la violencia genera violencia.

Él entonces aseveró que para él el aumento de los pasajes era un acto de violencia contra la población perpetrado para beneficio de “una pequeñísima minoría”, que por supuesto había sido contestado con otro acto de violencia.

Para justificar su injustificable defensa de los asesinatos, el pérfido razonamiento de estas personas pretende poner al mismo nivel moral un aumento de precios con unos asesinatos -algo que es patentemente falso, como se puede comprobar preguntando qué les ha dolido más y qué les ha causado más daño a las familias de los asesinados, el aumento de los pasajes o las muertes de sus seres queridos. La respuesta es tan obvia que deja en evidencia la falta de sinceridad en el discurso de estos individuos.

Este es el tipo de razonamiento, totalmente amoral, es el que todos los tiranos han usado para justificar sus matanzas. Por supuesto, en esta visión cualquier cosa que no le parezca al tirano se convierte en un crimen que debe ser purgado con la muerte. En esto, estos políticos deben ser desenmascarados. No están actuando en defensa de los salvadoreños sino tratando de engañarlo para después sujetarlo a una tiranía peor y más asesina que cualquiera que se haya podido conocer en el país. Esto hay que denunciarlo.

El juez final de esta denuncia, sin embargo, no son ni deben ser las Naciones Unidas sino el pueblo salvadoreño. Ir a las Naciones Unidas con este problema equivale a una rendición innecesaria, injustificable e ingenua de la soberanía nacional. Es innecesaria porque, aunque no perfectas, nuestras instituciones pueden manejar el problema, así como han manejado otros problemas igual o más graves en los años pasados.

Es injustificable porque no somos Sudán y no queremos parecerlo tampoco, diciéndole al mundo que somos un país tan profundamente dividido que nuestras instituciones no son capaces de asegurar el desarrollo democrático del país, que somos un estado fallido, que no podemos gobernarnos solos, que ante una crisis causada por dos asesinatos el gobierno está tirando la toalla en el tema más importante de todos, la gobernabilidad del país, llamando a las Naciones Unidas para que tome decisiones con respecto a la participación de partidos políticos en la vida de la nación- decisiones íntimamente ligadas a la soberanía del país. A nadie en el país le va a gustar ni debe gustarle que venga un equipo de las Naciones Unidas y diga si el FMLN puede o no participar en la vida política del país. Esta decisión es nuestra y de nadie más y no debe plantearse en esta forma sino como una reafirmación de la inaceptabilidad de la violencia política, venga de donde venga.

La denuncia ante las Naciones Unidas es ingenua porque la aparición o desaparición de tendencias políticas no puede decretarse, ni siquiera por las Naciones Unidas, y el tener una postura de izquierda es totalmente legítimo. En realidad, denunciar al FMLN en las Naciones Unidas sólo beneficiaría a los que quieren generar un ambiente de zozobra, crear la impresión de que El Salvador es ingobernable para que no haya inversión en el país. ¿Quién va a creer en un país que se pone a la merced de las Naciones Unidas para que le resuelva sus problemas políticos y unos asesinatos?

En un país soberano hay dos dimensiones de acción en respuesta a un problema como éste. Estas dos dimensiones- la judicial y la política- deben de mantenerse estrictamente separadas si es que queremos ser un país serio y no una República Bananera.

La primera es dejar que la justicia siga su curso. Hay que perseguir a los malhechores y aplicarles la ley. Los malhechores por supuesto incluyen no sólo a los que halaron el gatillo sino a los que planearon el hecho, entrenaron a los asesinos, les ordenaron que cometieran el crimen y crearon las condiciones para que lo cometieran.

La segunda dimensión es la Política con P mayúscula: es asegurar que el país no caiga en la dinámica que algunos políticos quieren para el país: el terror, la desesperanza, el negativismo, la falta de inversión. La única manera de lograr esto es convencer al pueblo salvadoreño de que los asesinatos y la violencia no son aceptables en la política salvadoreña, que sólo llevan a guerras y tiranías terribles. El liderato en esta tarea es del Presidente de la República. Este problema es de Estado, no de intereses partidarios, y su solución requiere que el pueblo lo perciba no como el presidente del COENA sino como el Presidente de la República.

El FMLN también debe jugar un papel en esta dimensión. El partido debe repudiar públicamente, con palabras y con hechos, el uso de la violencia- es decir, no sólo con declaraciones sino también abandonando las tácticas violentas que caracterizan sus acciones. Si no lo hacen, ellos mismos confirmarán la evidencia que está acumulándose contra ellos de que sus fines y sus medios son violentos, y que su proyecto de nación está basado en el crimen y el asesinato contra todos aquellos que no comparten sus ideas.