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Diario de Hoy
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No es difícil imaginar la clase de escenario que en estos momentos
viviría el país, de haber cedido a los chantajes de la OIT:
huelgas de “solidaridad” de muchas dependencias del gobierno
en apoyo a la UES y los terroristas capturados.
Durante las dos décadas que precedieron a la agresión armada
del comunismo contra la República, los sindicatos dentro del gobierno
---todos de hecho porque la Constitución no los reconoce--- continuamente
interrumpían los servicios públicos, incluidos el suministro
de agua, energía eléctrica y comunicaciones, en apoyo de
los sediciosos y sus frentes de fachada. La salida usual era militarizar
las entidades, lo que no podría hacerse, como ejemplo, frente a
una huelga de jueces sindicalizados.
La aprobación de los acuerdos sería una herencia a las actuales
y futuras generaciones, más perniciosa que la reforma agraria decretada
a dedo por Napoleón Duarte, reforma que al día de hoy prácticamente
ha anulado los esfuerzos por elevar el nivel de vida en el agro. Nadie
quiere otro regalo como ese.
Es probable que un gobierno nunca avale la formación de sindicatos
en las fuerzas armadas, en los cuerpos de seguridad o en los servicios
asistenciales. El problema es que una vez que existan sindicatos por ley
en las demás dependencias del Estado, será muy difícil
impedir que asociaciones de hecho se formen en el resto de las entidades
de gobierno. Los famosos “candados” (medidas para impedir
excesos) que con ingenuidad se piensa pueden detener la depredación
de sindicatos, se saltan a las primeras de cambio. “Candados”
los hubo en los Sesenta y los Ochenta y de nada sirvieron como tampoco
servirían en el futuro.
Pero imaginemos lo que sucedería en los sectores donde por ley
puedan formarse sindicatos, como la Judicatura, la Fiscalía, los
organismos controladores, Hacienda, Gobernación, Aduanas, Transportes
y Aeropuertos. En Estados Unidos pueden existir sindicatos dentro del
gobierno, pero tienen prohibido, so pena de desaparecer en el acto, montar
huelgas o paralizar de manera parcial o total servicios públicos.
Además, al aprobarse los presupuestos del gobierno o de los estados
federales, las demandas de los sindicatos no se toman nunca en cuenta,
pues eso equivaldría a usurpar funciones esenciales del Congreso
y las cámaras tanto del gobierno federal como de los gobiernos
estatales. Al crear sindicatos en entidades públicas el caso es
el mismo: el manejo de presupuestos pasaría de los ministros y
directores de entidades a los cabecillas sindicales.
No petrifiquemos el futuro
Volvamos a la pretensión de autorizar por ley, la formación
de sindicatos en dependencias públicas. La primera consigna que
obedecen estos grupos, como se ha demostrado desde hace décadas,
es impedir la remoción no sólo de sus miembros, sino de
cualquier empleado. Se oponen a que se destituyan ladrones, violadores,
gente que abusa del público, haraganes e ineptos. En el pasado
reciente Hacienda tuvo problemas de toda clase para terminar con empleados
temporales, pese a que las contrataciones eran por un lapso determinado.
Igual pasa con los procesos de modernización de sistemas, introducción
de tecnología, reprogramación de actividades, supresión
de programas. Lo que sucede dentro del Seguro Social es la prueba de la
permanente y cerrada oposición de los sindicatos al cambio, de
grupos manipulados por una izquierda que hace del “cambio”
su consigna electoral. No petrifiquemos el futuro del país.

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