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La Nota del Día
No se doblegue el país al chantaje de la OIT

La aprobación de los acuerdos sería una herencia a las actuales y futuras generaciones, más perniciosa que la reforma agraria decretada a dedo por Napoleón Duarte.

Publicada 8 de julio de 2006, El Diario de Hoy

El Diario de Hoy
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No es difícil imaginar la clase de escenario que en estos momentos viviría el país, de haber cedido a los chantajes de la OIT: huelgas de “solidaridad” de muchas dependencias del gobierno en apoyo a la UES y los terroristas capturados.

Durante las dos décadas que precedieron a la agresión armada del comunismo contra la República, los sindicatos dentro del gobierno ---todos de hecho porque la Constitución no los reconoce--- continuamente interrumpían los servicios públicos, incluidos el suministro de agua, energía eléctrica y comunicaciones, en apoyo de los sediciosos y sus frentes de fachada. La salida usual era militarizar las entidades, lo que no podría hacerse, como ejemplo, frente a una huelga de jueces sindicalizados.


La aprobación de los acuerdos sería una herencia a las actuales y futuras generaciones, más perniciosa que la reforma agraria decretada a dedo por Napoleón Duarte, reforma que al día de hoy prácticamente ha anulado los esfuerzos por elevar el nivel de vida en el agro. Nadie quiere otro regalo como ese.

Es probable que un gobierno nunca avale la formación de sindicatos en las fuerzas armadas, en los cuerpos de seguridad o en los servicios asistenciales. El problema es que una vez que existan sindicatos por ley en las demás dependencias del Estado, será muy difícil impedir que asociaciones de hecho se formen en el resto de las entidades de gobierno. Los famosos “candados” (medidas para impedir excesos) que con ingenuidad se piensa pueden detener la depredación de sindicatos, se saltan a las primeras de cambio. “Candados” los hubo en los Sesenta y los Ochenta y de nada sirvieron como tampoco servirían en el futuro.

Pero imaginemos lo que sucedería en los sectores donde por ley puedan formarse sindicatos, como la Judicatura, la Fiscalía, los organismos controladores, Hacienda, Gobernación, Aduanas, Transportes y Aeropuertos. En Estados Unidos pueden existir sindicatos dentro del gobierno, pero tienen prohibido, so pena de desaparecer en el acto, montar huelgas o paralizar de manera parcial o total servicios públicos. Además, al aprobarse los presupuestos del gobierno o de los estados federales, las demandas de los sindicatos no se toman nunca en cuenta, pues eso equivaldría a usurpar funciones esenciales del Congreso y las cámaras tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Al crear sindicatos en entidades públicas el caso es el mismo: el manejo de presupuestos pasaría de los ministros y directores de entidades a los cabecillas sindicales.

No petrifiquemos el futuro

Volvamos a la pretensión de autorizar por ley, la formación de sindicatos en dependencias públicas. La primera consigna que obedecen estos grupos, como se ha demostrado desde hace décadas, es impedir la remoción no sólo de sus miembros, sino de cualquier empleado. Se oponen a que se destituyan ladrones, violadores, gente que abusa del público, haraganes e ineptos. En el pasado reciente Hacienda tuvo problemas de toda clase para terminar con empleados temporales, pese a que las contrataciones eran por un lapso determinado.

Igual pasa con los procesos de modernización de sistemas, introducción de tecnología, reprogramación de actividades, supresión de programas. Lo que sucede dentro del Seguro Social es la prueba de la permanente y cerrada oposición de los sindicatos al cambio, de grupos manipulados por una izquierda que hace del “cambio” su consigna electoral. No petrifiquemos el futuro del país.

 

 

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