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Fiscalía investiga de oficio a juzgadores de Oriente

Diligencia. El Ministerio Público pidió informes al Consejo Nacional de la Judicatura. Jueza de Intipucá dice que abre procesos a cualquier indagación.


Publicada 5 de julio de 2006 , El Diario de Hoy

Funcionario. Félix Garrid Safie, Fiscal General. Foto: EDH

Jaime García/E. Velásquez
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El Fiscal General, Félix Garrid Safie, confirmó ayer que ha abierto una investigación para determinar si ha habido irregularidades en la labor de cinco jueces y un magistrado de la zona oriental del país.

El Ministerio Público y la Policía han señalado supuestas conexiones de estos funcionarios con el contrabando de queso.

Entre los denunciados se encuentran los juzgados de Intipucá, en La Unión; Jucuarán, en Usulután, y Chirilagua, en San Miguel.

Las autoridades policiales también han ligado en el pago de sobornos de parte de contrabandistas a militares y policías.

Garrid Safie indicó que las pesquisas son diferentes a las que realiza internamente la Corte Suprema de Justicia ya que el máximo tribunal ve fallas administrativas, y el Ministerio Público, la comisión de delitos. “Son cinco jueces y un magistrado y estamos en el proceso de investigación.

Son dos tipos de procesos, el de investigación judicial que hace la Corte Suprema y nosotros investigar si hay un ilícito penal de los jueces dentro de su investidura. Hemos iniciado el proceso y vamos a esperar que resultados arroja”, señaló.

Los jueces gozan de fuero que los protege de cualquier indagación oficial que se haga sobre sus actuaciones en el ejercicio de su cargo.

El Diario de Hoy se comunicó vía telefónica con los juzgados de Intipucá, en La Unión; Jucuarán, Usulután; y Chirilagua, San Miguel, los cuales son investigados.

Sólo se obtuvo respuesta de la jueza de Intipucá, Ingrid Liseth Berríos Castillo. La titular expresó que es la mejor decisión y que pone a disposición del Fiscal como de la Corte, los procesos judiciales para que los investiguen y los auditen.

“Es una campaña de desprestigio contra mi persona ya que he tenido problemas personales con el director de Aduanas y otras personas. No tengo ningún vínculo con los capturados por el contrabando”, dijo.

Sin embargo no se tuvo suerte con los otros dos jueces. Al buscar al titular de Jucuarán, Cecilio Reyes, se dijo que no se encontraba en el juzgado hasta mañana.

En el caso de la jueza María Belladina Ayala, de Chirilagua, San Miguel, se dijo que no daban información por teléfono y que la daría personalmente.

Fuero de los funcionarios
La Corte Suprema de Justicia es la que autoriza el que un juzgador pueda ser procesado penalmente porque goza de fuero constitucional
- Si la Fiscalía encuentra pruebas las hace saber a la Corte.
-Ésta decide si le quita el fuero para que sea juzgado.


Menos facultades a juzgados

ARENA pidió ayer reformar el Código Procesal Penal. Foto: EDH

La fracción legislativa de ARENA propuso ayer reformar el Código Procesal Penal para limitar algunas facultades a los jueces de paz.

Las sugerencias pretenden que se autorice a la Fiscalía General de la República la realización de reconocimientos de reo en sesión de fotografía y tenga validez judicial la declaración jurada ante un fiscal.

De las 34 propuestas también destaca el interés para que los delitos del crimen organizado no sean tratados por los jueces de paz de las localidades, sino por los jueces de instrucción de cada cabecera departamental.

La validez judicial de la figura del agente encubierto es otra modificación planteada por el partido oficial.

“El trasfondo de estas propuestas es quitar facultades a los jueces de paz”, dijo el jefe de fracción de ARENA, Guillermo Gallegos.

Añadió que la obligación de los aplicadores de justicia es cumplir las leyes elaboradas por los diputados.

Está previsto que el PCN presente hoy varias propuestas de enmienda a la Ley de Procedimientos Constitucionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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