Préstamo del bid Atraso en proyectos de la Anda

De $43.7 millones. Luego de seis años desde que se firmó el contrato, apenas se ha ejecutado una tercera parte. Funes reconoce el tiempo perdido, pero asegura que se buscará invertir el fondo disponible.

Publicada 5 de julio de 2006 , El Diario de Hoy

Escasez. El empréstito estaba disponible desde 2000. Su destino, en un principio, era impulsar y fortalecer la descentralización del agua potable en la zona rural del país. Foto: EDH

Casi dos de cada tres familias en la zona rural carecen de agua potable en sus viviendas.

En contraste, con el Área Metropolitana de San Salvador, el 80,2 por ciento de la población recibe este servicio, según la última Encuesta de Hogares Múltiples, realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Dygestic).

Unas diferencias marcadas que seis años después de la aprobación de un millonario préstamo con el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), éste poco ha abonado a mitigar.

De los $43,7 millones destinados en un principio para impulsar y fortalecer sistemas descentralizados de agua potable en el campo, apenas $12 millones están actualmente dirigidos a ese proyecto original. Más aún, la mitad de ellos fueron contratados hace escasamente un mes.

César Funes, presidente de la autónoma, justifica que, antes de marzo de 2003 fue “imposible ejecutar nada”, en parte, porque el crédito incluía condiciones previas, tales como invertir en infraestructura que hubiese sido dañada por los terremotos y que fuera propiedad de municipios con sistemas de agua descentralizados o en formación.

Desde entonces, Funes reconoce que sí ha habido avances “aunque ha existido una lenta ejecución de ese dinero”. Entre las dificultades que se han tenido en años anteriores ha estado la creación de la figura denominada “operadora de agua descentralizada”.

En síntesis se trata de la formación de una empresa que administra el recurso hídrico con participación de la comunidad y el gobierno municipal.

La Anda siempre mantiene en propiedad el sistema con un contrato de cinco años que se firma con la operadora local y la autónoma.

En tanto, Rubén Avendaño, consultor del BID, no termina de explicarse por qué las anteriores administraciones del ente administrador del agua retrasaron la erogación de los fondos.

Para el especialista, entre las principales causas que frenaron las inversiones en agua potable y saneamiento está “el efecto Perla” y la conocida malversación de fondos públicos.

El BID dará un margen razonable al actual presidente, aunque como cualquier banco pone plazos a los préstamos. Y éste debe cerrarse a más tardar en marzo de 2007.

“Todavía estamos a tiempo para que la Anda recupere el tiempo perdido y ejecute los fondos que están disponibles; si el presidente de la Anda los requiere, debe solicitarlos”, concluyó Avendaño.

No serán todos. Por culpa de los embates de la naturaleza, ese monto inicial ya se reorientó hacia otro sector: la realización de obras de mitigación.

El 7 de noviembre de 2005, un total de $18 millones se canalizaron para la ampliación de bóvedas de la capital.

El presidente de la Anda es consciente del atraso existente, pero asegura que se ha dado prisa en poner en marcha los proyectos para llevar agua a las zonas necesitadas. “Hemos trazado la meta de contratar todas las obras para las cuales tenemos ese crédito en el transcurso de este año y 2007”.

En apenas 30 días, Funes asegura haber contratado $6 millones en obras que se suman a otra cantidad similar que ya estaba en proceso de ejecución. Antes de final de año espera “colocar” otros $7,1 millones. De otros $6.6 millones todavía no hay destino claro.

Entre estos proyectos destaca el que se realiza en cuatro municipios sonsonatecos: Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco y Armenia, en donde se han destinado $5,2 millones para el fortalecimiento de sistemas descentralizados de agua potable.

El propio Funes presentó ayer la firma de la orden de inicio de proyectos de descentralización con los municipios de Apastepeque y Santa Clara, de San Vicente, así como de Jayaque y El Rosario, de La Libertad, por más de $5 millones.

Disminuye población con el servicio en área de La Libertad

Usulután. CARE apoya a varias comunidades con agua. Foto: EDH

Entrado el siglo XXI, decenas de miles de personas, sobre todo de la zona rural, carecen de algo tan básico como un chorro en casa donde tomar agua.

En los últimos años, los avances han sido sustanciales, pero también los retrocesos. Ante la falta de datos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), la Encuesta de Salud Familiar (Fesal) es el mejor referente para medir el acceso de la población a este servicio.

En departamentos como Morazán y Cabañas, el 60 por ciento de las familias cuenta con agua en el hogar, algo destacable si se toma en cuenta que son de las zonas más pobres del país. Según la encuesta, desde finales de los 90 hasta 2002, este servicio se ha incrementado en un 23 y 17 por ciento, respectivamente.

En contraste, aunque resulte extraño, otras zonas como La Libertad y San Vicente han visto disminuido el número de habitantes con acceso a agua potable en ese período de tiempo.

Organizaciones no gubernamentales como CARE han tratado de aliviar en parte esta carencia. Según Ricardo Mancía, a la fecha han conformado 80 juntas de agua rurales.

Dice que en este proceso se requiere, además de dinero para infraestructura, un acercamiento directo con la comunidad.

Explicó que la Anda carece de este contacto ya que el mecanismo que utiliza la autónoma está más enfocado al aparato administrativo.