Conversando sobre política
Calvo, la oposición y los convenios

De lo que se trata es de actuar con responsabilidad, de encontrar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores; así lo han hecho la mayoría de países en América Latina y Europa.

Publicada 5 de julio de 2006, El Diario de Hoy

Luis Mario Rodríguez R.*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

El 27 de mayo de 2003, dos diputados del partido de oposición, presentaron a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la que exponían lo siguiente: “Que conocemos que en nuestro país, en el departamento de La Unión, se ha instalado una planta y puerto de la empresa española Calvo, S.A. de C.V., que realizará actividades de procesamiento y extracción a gran escala de atún en nuestras costas (...).

Vemos con mucha preocupación que nuestras costas sean explotadas de las diferentes especies marinas por empresas transnacionales y que nuestros pescadores artesanales sean los más afectados (...).

Y es por lo antes expuesto que mocionamos (sic) a este pleno legislativo solicite a través de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Salud Pública: El estudio de impacto ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular de la obra (Calvo, S.A. de C.V.), el correspondiente plan de manejo ambiental; a los titulares de Cendepesca, los criterios que tomaron para autorizar a esta empresa para extraer atún de nuestras costas”.

Resulta irónico que quienes estaban preparando una ofensiva para impedir la instalación de esta inversión en el país y de muchas otras más, y quienes se han opuesto de manera sistemática a la apertura comercial, como fue el caso del Tratado Comercial con los Estados Unidos, ahora son los más beligerantes defensores de las empresas, de su seguridad jurídica, de los empleos que se perderán ante el eventual retiro de esta última y de los beneficios arancelarios que otorga la Unión Europea a los países beneficiados por el Sistema Gene-ralizado de Preferencias; ahora defienden la exención de aranceles y son expertos en las preferencias que otorgan los Tratados de Libre Comercio.

Asimismo parece ser que el debate sobre la libertad sindical en El Salvador se iniciará con la ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nada más alejado de la realidad. Nuestra Constitución ya establece estos derechos para los trabajadores de la empresa privada y los de las instituciones oficiales autónomas, ejemplo de estas últimas son CEL, CEPA, ANDA, el ISSS entre otras.

En cada una de ellas hemos tenido la existencia de sindicatos (STISSS y SIMETRISSS por ejemplo) y la negociación de contratos colectivos en los que se han incorporado el resultado de los acuerdos entre patronos y trabajadores, en especial en lo que se refiere a los aumentos de salario y prestaciones sociales, así como a las medidas relativas al horario, permisos personales, vacaciones, etc. La empresa privada no es la excepción, pues existen sindicatos y se negocian contratos colectivos, por ejemplo en el sector de la construcción.

No podemos dejar de mencionar que las mayores organizaciones de trabajadores que existen en el país, son las del sector público. ANDES 21 de Junio (en Educación), ASTOJ (en el Organo Judicial), la Asociación de Enfer-meras de El Salvador y la de Médicos del Ministerio de Salud, así como las asociaciones de trabajadores municipales, son sólo algunos ejemplos; en la mayoría de entidades públicas los trabajadores se encuentran organizados, defendiendo sus derechos y sentándose constantemente con los titulares para negociar aumentos de salarios o el pago de escalafones, en el caso que por ley tengan derecho a dicho sistema.

La discusión sobre la constitucionalidad o no de la ratificación de los convenios de la OIT y el desarrollo de dicha regulación en la legislación secundaria (Código de Trabajo, Ley del Servicio Civil, Ley del Sistema de Administración Financiera del Estado, entre otras), no es una mera excusa para evitar la ratificación de dichos instrumentos jurídicos internacionales; como país hemos ratificado la mayoría de los convenios, incluyendo seis de los ocho fundamentales de dicha Organización, entre los que destaca el que se refiere a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, donde somos ejemplo a nivel mundial en la implementación de programas orientados a la erradicación de este flagelo.

De lo que se trata es de actuar con responsabilidad, de encontrar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores; así lo han hecho la mayoría de países en América Latina y Europa, que han ratificado estos convenios (véase en la Internet las constituciones de Ecuador, Chile, Paraguay, Co-lombia, España, Grecia, entre otras, y la forma en que se regula la prohibición de los sindicatos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional Civil, así como la negativa a permitir la huelga en servicios esenciales como la salud, la educación, el agua).

Sin duda que estamos caminando hacia la solución de esta coyuntura, convencidos que el país debe insertarse en una realidad internacional en la que además de procurar el involucramiento de nuestra empresas en la economía mundial y la seguridad jurídica de los inversionistas locales y extranjeros, avancemos también en el respeto a los derechos considerados como fundamentales por parte de organizaciones como la OIT.

Este paso se dará por convicción y no por una simple fachada donde ahora se propugna por la seguridad de las transnacionales, cuando años atrás se quiso evitar su llegada y donde quizás lo que se busca es encontrar una herramienta más para desestabilizar al país.

*Secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República.