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Tema del momento
En la balanza

Es indispensable un análisis integral de nuestra legislación laboral y una verdadera reforma del Código
de Trabajo, basado en la justicia: no en populismos dañinos y absurdos, ni tampoco en privilegios

Publicada 1 de julio de 2006, El Diario de Hoy


María A. de López Andreu*
El Diario de Hoy

editorial@ elsalvador.com

La moderna empresa que el Grupo Calvo construyó en La Unión ha sido muy beneficiosa para El Salvador, proveyendo a los unionenses de nuevos empleos y oportunidades. Ahora, es motivo de tristeza y preocupación. Porque, posiblemente, en un cortísimo plazo se verán obligados a cerrar sus puertas, con todo lo que eso significa: para la empresa, perder una inversión multimillonaria; para su personal, perder el trabajo que les dignifica y alimenta; para nuestro país, perder lo que ya se había avanzado en el largo y sacrificado camino hacia el desarrollo y el crecimiento económico. ¡Terrible!

El motivo, según entiendo, es que El Salvador no ha suscrito algunos acuerdos referentes a la sindicalización de los empleados públicos, expresamente prohibida en nuestra Constitución. Y por no suscribirlos, la Unión Europea castiga al Grupo Calvo, imponiendo altos aranceles a la importación de sus productos, de origen salvadoreño.

Parece que, de nuevo, la fuerza se impone a la ley y la justicia. La poderosa UE apoya que la OIT tome en rehenes al Grupo Calvo, para obligar a El Salvador a violar su propia Carta Magna.

Preguntémonos: ¿Qué tan beneficiosas son esas leyes, allí donde ya existen? Alemania y Francia, como muestra, están pasando graves situaciones, precisamente por ellas.

Al respecto, en su libro “Cuentos chinos”, Andrés Oppenheimer cita la opinión de Jaroslav Mil, presidente de la Confederación de Industrias de la República Checa, crítico de las políticas empresariales de la “vieja Europa”, a quienes profetiza un pronto hundimiento por “sus vacaciones de cuatro semanas, sus semanas de 35 horas y sus jubilaciones a los 55 años”. Por eso, explica, hay un gran éxodo de empresas hacia la “nueva Europa” (países del centro europeo); porque allí creen firmemente que “primero tienes que cocinar la torta, antes que repartirla”.

Eso es, precisamente, lo que dictan la razón, el sentido común y la justicia. Desafortunadamente, nuestra experiencia con los sindicalistas criollos es desastrosa: no sólo quieren comerse la torta sin que esté cocinada, sino que nos impiden a los demás (con desórdenes callejeros, vandalismo y violencia) el preparar nuestras propias tortas.

El tema del Grupo Calvo es gravísimo, pero coyuntural. No podemos permitir que eso nos lleve a alterar, incluso, nuestra Consti-tución, sin el debido análisis y la ponderación necesaria.

La sindicalización es un logro que debemos respetar y apoyar, pero no es una patente de corso, como aquí se estila. Debe estudiarse cómo reglamentar los sindicatos, qué justos derechos deben tener y cuáles deberes tendrán que cumplir. Los privilegios sindicales son oprobiosos para el resto de trabajadores e insostenibles para el empresario. Es indispensable un análisis integral de nuestra legislación laboral y una verdadera reforma del Código de Trabajo, basado en la justicia: no en populismos dañinos y absurdos, ni tampoco en privilegios (ni para unos, ni para otros).

Al retirarse el Grupo Calvo perderemos dos mil empleos directos. El Gobierno puede y debe enfocarse en sustituir esos dos mil empleos en la zona, en el mediano plazo, y preparar un plan de contingencia para paliar las dificultades inmediatas que afrontarán dos mil familias. Pero también, con sus buenos oficios y los tratados de libre comercio que ha suscrito, podría lograr otros y mejores mercados para los productos del Grupo Calvo, que merece toda nuestra gratitud y apoyo.

La prudencia debe regir ahora las decisiones gubernamentales, poniendo en la balanza lo que podríamos perder: dos mil empleos ahora, o…

Ese “o…” es lo peligroso. Porque podría resultar en cientos de miles de empleos y de nuevas oportunidades, imposibles de contabilizar, que se perderían, por la inestabilidad política, social y económica que resultaría de la sindicalización de empleados públicos. Y eso no es un supuesto: será una realidad que ya los salvadoreños conocemos y estamos hastiados de soportar.

Ojalá que el Grupo Calvo se quede en nuestra tierra… pero no al precio de un futuro éxodo de más empresas, no sólo extranjeras, sino también nacionales.

*Columnista de El Diario de Hoy.

 

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