Breve análisis
Las solvencias

En realidad, el sistema es tan ineficiente que si se aplica como se debe, su costo sería ridículamente alto no sólo para el país en conjunto, sino para el Gobierno mismo.

Publicada 30 de junio de 2006, El Diario de Hoy

Manuel Hinds*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

La tarea de la Hacienda Pública no es extraer dinero a cualquier costo de la ciudadanía y mucho menos causarle costos a ésta que no van a redundar en mayores ingresos para el Gobierno.

El manejo de las finanzas públicas no es como el de una empresa, en la que cualquier medio para extraer recursos de los clientes es aceptable mientras sea legal.

Las acciones que Hacienda toma para extraer impuestos tienen un efecto en la economía entera, de tal manera que las medidas impositivas no pueden evaluarse sólo con relación a su generación de ingresos sino, con igual importancia, con relación a los costos y distorsiones que pueden causar en la actividad económica.

Por eso las finanzas públicas son una disciplina de la economía, no de la contabilidad o la administración. Además de las sumas y restas, es necesario valorar el impacto que las medidas fiscales tienen en el desarrollo del país.

El caso más evidente de medidas que causa costos a la ciudadanía sin proveer ningún beneficio al Gobierno o al país es el de las solvencias.

Este documento electrónico certifica que la persona en cuestión ha pagado lo que ha declarado que debía pagar, es decir, que no tiene una deuda reconocida con Hacienda.

El problema de Hacienda, sin embargo, no es que los contribuyentes declaren y luego no paguen sus obligaciones declaradas.

El Ministerio tiene todos los instrumentos legales para cobrar a través de la Fiscalía, que puede embargar o tomar muchas otras medidas para realizar el cobro.

Los problemas son que la gente no declara o no declara lo que debe. Las solvencias no resuelven ninguno de estos problemas.

Podría argüirse que el trámite de la solvencia ayudará a Hacienda a identificar ingresos que no han sido declarados, cuando los contribuyentes se acerquen a requerirlas. Pero Hacienda tiene el poder para hacer una inspección de todos los contribuyentes sin necesidad de que ellos soliciten solvencias.

Si la idea es identificar personas que nunca han declarado, Hacienda puede utilizar los datos del DUI y del registro de empresas para hacer sus investigaciones, sin necesidad de paralizar la actividad económica mientras lo hace --que es lo que pasaría si las solvencias van a tener un significado--. En realidad, el sistema es tan ineficiente que si se aplica como se debe, su costo sería ridículamente alto no sólo para el país en conjunto, sino para el Gobierno mismo.

Piensen los lectores lo que les tomaría determinar cuántos son los impuestos que debe pagar alguna persona, para lo cual necesitan saber todas sus actividades económicas, sus ingresos y sus costos.

En este momento, hay más de 350,000 personas que declaran el impuesto sobre la renta y 600,000 que declaran el IVA y muchas más que no declaran ni uno ni otro. Si cada una de estas personas necesita de dos solvencias al año en promedio, Hacienda recibiría 1,200,000 solicitudes de solvencia al año, o sea 4,600 diarias. En promedio, una investigación de Hacienda en empresas complicadas puede tomar de seis a doce meses, a veces más.

Si estimamos con exagerado optimismo que el trabajo requerido para realizar una investigación antes de emitir la solvencia promediara 15 días-hombre, dichas investigaciones consumirían 18 millones de días-hombre. Para realizar la tarea a consciencia, el Ministerio necesitaría emplear a 69,231 personas para emitir las solvencias.

Si calculamos el costo al Gobierno por persona empleada en $60,000 al año, el costo total anual de la operación sería una cantidad ridículamente alta, $4,500 millones al año. Esto es casi todo lo que el IVA recauda, de tal manera que la gente pagaría IVA sólo para que le emitan solvencias. Divida el lector el tiempo dedicado a cada solvencia por 15, de tal manera que el tiempo por solvencia sea de 1 día-hombre, y todavía tiene un costo de $276 millones.

Por supuesto, esto no puede hacerse. Para que pueda operar, habrá que reducir a minutos el procedimiento interno, de tal forma que lo único que podría hacerse es chequear con la computadora si la persona debe dinero o no, sin ninguna investigación de si su declaración es correcta o no.

El resultado neto será que las solvencias se darán o se negarán arbitrariamente y a la carrera. Prác-ticamente todas dirán que el contribuyente está solvente. Y todo esto para nada, ya las solvencias no son el instrumento para resolver el verdadero problema, que es lograr que la gente declare correctamente.

Puede argüirse que el costo de la solvencia es mínimo porque la consulta será electrónica. Pero eso es poner las cosas al revés. Por supuesto que el costo no será cero, pero el punto principal es que el Gobierno no debería de cargar a la ciudadanía con actividades que no sirven para nada. El sistema electrónico que va a usarse para esto podría ser usado para algo útil.

*Ingeniero y columnista de El Diario de Hoy.