Mayor control sobre jueces

Saneamiento. Autoridades de la Corte tienen proyectos para vigilar con más rigor. Sostienen que incrementará la depuración de los malos funcionarios. Tienen en la mira a algunos juzgadores por cometer irregularidades

Publicada 29 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Modernización. Agustín García Calderón aseguró que están en constante depuración. Foto: EDH

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, aseguró que no existe ningún inconveniente en mantener una permanente depuración del Órgano Judicial.

De hecho, explicó que cuentan con un mecanismo de vigilancia continua, el cual están en proceso de mejorar con un proyecto de modernización financiado con fondos del Banco Mundial.

“Hay algunos elementos que estamos mejorando para hacer más efectiva la cuestión disciplinaria”, dijo García Calderón.

A diferencia de otras instituciones, el presidente de la Corte mencionó que mantienen regulada la instancia de investigación en lo que respecta a jueces.

En las últimas semanas la Corte ha reaccionado ante las denuncias públicas por malos procedimientos de juzgadores.

Incluso la Corte Plena (reunión de los 15 magistrados) ha sacado resoluciones criticando procedimientos y en donde se pone en tela de juicio los derechos de las víctimas.

A juicio de García Calderón son de las instituciones que tienen la facultad por ley de verificar y sancionar a los malos elementos y recalcó que lo están haciendo.

Miguel Ángel Cardoza, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, cree que la depuración es un proceso administrativo que están obligados a mantener y cumplir.

Calidad

Néstor Castaneda, presidente de la Sala de lo Penal, empero, aclara que más que hacer una depuración lo que se requiere es contar con mejores controles.

“Un mejor control para conocer cuáles son las irregularidades que puedan estarse dando, de esta manera se puede sancionar a los jueces y puede haber una mejor transparencia”, expresó Castaneda.

Durante una entrevista, brindada a este periódico, el presidente de la Corte expresó que lo que más reclama el sistema judicial de El Salvador es un desarrollo en el tema de calidad.

En este rumbo, indicó, que habían fomentado las capacitaciones del personal, la creación de los centros integrados y la figura de jueces pluripersonales, entre otros.

No obstante para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema, se requiere que sus quejas se despachen a tiempo y tengan la calidad de la forma, tal como lo manda la Constitución de la República.

García Calderón reflexionó que para evitar que jueces suplentes se vean en problemas por ejercer ese cargo y su profesión como litigante, analizan la conveniencia de contar con una plana fija.

El funcionario explicó que el tema de los juzgadores suplentes es una materia regulada por la ley y si es cambiada la legislación se pronunciarían por tener un banco de profesionales.

En favor de protección de testigos

La nueva magistrada de la Corte Suprema, Rosa María Fortín Huezo, considera que es importante proteger a los testigos, pero deben determinarse los casos, sobre todo si son de crimen organizado.

Seguridad. Declarante protegido llega a un juzgado.. Foto: EDH

Según ella, los testigos tienen que ser protegidos cuando haya un peligro inminente en casos de delitos de crimen organizado y de pandillas.

“No deben ser en casos de cualquier hurto, cualquier robo”, afirma la funcionaria, quien razona que “la protección es carísima”.

Fortín Huezo considera que es la Fiscalía General la que tiene que probarle a los jueces que las personas de quienes necesitan su declaración está ante un peligro.

Según ella, una mejor selección de los testigos le ahorraría dinero al Estado pues, según la Policía, ésta requiere de, al menos, ocho policías para custodiarlos.

En cuanto al careo entre los imputados y el testigo, Fortín Huezo dijo que éste debería analizarse caso por caso y verificar qué tipo de delito se está procesando.

“Son muy pocos los casos en los que la identidad tiene que ser reservada”, sostuvo la funcionaria.

Sobre casos como el de una niña que fue enfrentada a su supuesto agresor sexual (ver sección Nacional), la magistrada dijo que las leyes tienen que tratar de no causar agravio a quienes solicitan la justicia y que los menores de edad deberían ser los más protegidos en un proceso penal.

“Los niños deben ser tratados con guantes de seda y no sólo ser protegidos por el sistema, sino también del sistema”, enfatizó.

Afirmó que es importante potenciar la prueba científica en los procesos.