Darían más poder a PNC en cárceles

Petición. El Gobierno pidió ayer que se reforme la Ley Penitenciaria para dar más facultades a los directores de los penales. De lograrlo, estos funcionarios podrían solicitar auxilio policial hasta durante 15 días cuando ocurran disturbios.

Publicada 28 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Pieza. El gobierno pretende que los custodios se auxilien de la policía durante todos los momentos del amotinamiento. Foto: EDH

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El Gobierno se propone darle más facultades a los directores de los centros penales, principalmente para afrontar disturbios o emergencias que requieran del acompañamiento de la fuerza del orden.

En este sentido, el Ministerio de Gobernación pretende que se reforme la Ley Penitenciaria para que la Policía Nacional Civil (PNC) intervenga el tiempo que sea necesario durante los estados de emergencia, reubicaciones de urgencia y las requisas en los presidios.

La viceministra de Gobernación, Silvia Aguilar,y su colega de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, llevaron ayer a la Asamblea Legislativa el paquete de reformas a la normativa carcelaria vigente desde 1997.

“La policía deberá permanecer e intervenir en el interior del centro penal por el tiempo necesario”, reza la propuesta antes de indicar que el plazo vencería hasta que desaparezcan las circunstancias que obligaron la petición del auxilio.

Si los diputados avalan la propuesta del Ejecutivo como ha sido presentada, significaría que la intervención policial podría demorar hasta quince días, plazo máximo planteado para que tarde la disposición de los directores.

El estado de emergencia procede por casos fortuitos, y por actos desestabilizadores como amotinamientos y disturbios colectivos.

Ante estas situaciones, las autoridades penitenciarias recurren a las reubicaciones de urgencia, principalmente de los revoltosos.

Para estos procedimientos también se legalizaría el acompañamiento policial a las tareas de seguridad ejecutadas por los custodios de la Dirección de Centros Penales.

De modificarse la Ley, la PNC también podrá permanecer el tiempo necesario en la custodia de los registros a internos y las requisas en las instalaciones carcelarias.

A los cambios mencionados se sumarían las disposiciones legales para uniformar a los reos, prohibirles que tengan consigo dinero y electrodomésticos, y la pretensión de sancionar a los visitantes que ingresen objetos o sustancias prohibidas en los presidios.

El viceministro Escalante asegura que la propuesta de reformas pretende que las autoridades tengan el control de los penales y que, al disminuir la amenaza, se fortalezcan los programas de rehabilitación.

Modificaciones

Ante la variedad de sugerencias para reformar las leyes del país, la Asamblea Legislativa no ha definido si las estudiará en conjunto, o si priorizará en los cambios orientados a frenar la ola de criminalidad en el país.

Las iniciativas no están encaminadas únicamente al incremento de penas, sino que también apuntan hacia la modificación de las facultades para los aplicadores de justicia.

El PDC solicita reformar el Código Procesal Penal para que las resoluciones de los jueces de paz en las que se ordene liberar al imputado, sean revisadas por una instancia judicial superior.

Está previsto que en los próximos días, la Asamblea Legislativa reciba también propuestas para cambiar la Ley Penal Juvenil, principalmente para que los adolescentes homicidas sean internados hasta durante 20 años.

La presentación de propuestas para reformar las leyes, parece una “moda” en la Asamblea Legislativa. Todas las representaciones políticas, excepto el FMLN, han formulados su inquietudes.

Hasta ayer, el PDC había tomado la delantera; pero se le sumaron el PCN y Cambio Democrático.

El partido de “las manitas” presentó ocho propuestas específicas orientadas a que la conducción temeraria deje de ser excarcelable, que se castigue a las personas o empresas que habiliten celulares robados y que también se aprese a los sujetos que introducen o lanzan objetos o sustancias prohibidas en los penales.

El CD, por su parte, demanda que “los secuestros express” se consideren como otra modalidad de la extorsión.

Pero a pesar de la lluvia de iniciativas, los diputados no han determinado cuándo validarán los cambios.

Algunos líderes de ARENA dicen en privado que sus propuestas cuentan con el aval pecenista y pedecista, y que la evaluación de las propuestas podría comenzar el próximo lunes en la Comisión de Legislación.

“ARENA no necesita hacer lobby legislativo, porque el PCN y PDC están haciendo esfuerzos para dar más herramientas legales a la Policía y Fiscalía General”, expresa el jefe de fracción arenera, Guillermo Gallegos.

De no suceder imprevistos, las reformas planteadas hasta hoy podrían ser aprobadas con al menos 50 votos, ya que concurrirían los diputados tricolor, azules y verdes.

PCN pedirá subcomisión para tratar cambios a leyes

Para que se agilice el estudio de la diversidad de propuestas de reforma a los código Penal y Procesal Penal, el PCN pedirá en la sesión plenaria de mañana que el Congreso autorice la creación de una subcomisión al interior de la Comisión de Legislación.

El diputado pecenista, Antonio Almendáriz, asegura que la realidad criminal que sufre el país exige del Congreso la pronta definición y aprobación de las enmiendas.

“Necesitamos realizar un estudio responsable, y dar lo más pronto posible instrumentos al Órgano Judicial y a la Policía para que nos quiten este flagelo que vivimos”, expresó.

El PCN se sumó ayer a las diversas iniciativas orientadas a revisar la legislación penal y procesal penal del país, al sugerir ocho reformas específicas.

Como lo adelantara ayer EL DIARIO DE HOY, la formación azul le apuesta a endurecer las penas contra la conducción temeraria, activación de teléfonos celulares robados y tráfico de objetos prohibidos en los penales.

Además, plantea que se aumente el castigo para delitos como la falsedad documental agravada, desobediencia de particulares, lesiones y golpes, y la agravación especial.

“Hay delitos que se quedan impunes porque hay vacíos en las leyes. La gente demanda una legislación fuerte, porque los actuales códigos (Penal y Procesal Penal) son demasiado garantistas”, dijo el político.