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| Representantes de
distintos sectores analizan las propuestas de enmiendas. Foto:
EDH |
Francisco Mejía
El
Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Los menores que cometas crímenes dolosos podrán pasar hasta
20 años en internamiento; la Corte tendrá que decidir en
definitiva cuando un tribunal no quiera aplicar una ley; la Fiscalía
podrá incautarse de bienes de sospechosos que no demuestren que
han sido bien habidos; se multará a quienes llamen por falsas emergencias
al 911.
Estas disposiciones comenzarán a regir si la Asamblea Legislativa
aprueba un paquete de reformas para endurecer la lucha contra el crimen
y que han sido discutidas por autoridades de seguridad pública,
empresarios, diputados, jueces y magistrados y representantes de varios
sectores.
Aunque el presidente de la Corte, Agustín García Calderón,
llamó a realizar una “reforma integral” y no poner
parches a la legislación, por ahora se tendrán que aprobar
estas enmiendas, porque elaborar nuevos códigos tardaría
dos años, dijeron fuentes jurídicas.
Entre las reformas, que llegarán a la Asamblea Legislativa en los
próximos días, destaca que se eliminaría la facultad
a jueces de paz de sobreseer (absolver) provisionalmente a imputados en
casos de crimen organizado.
Es decir, la Fiscalía podrá acusar directamente ante un
tribunal de Instrucción en un plazo de 72 horas en los casos que
el imputado esté detenido.
Pero también se ha propuesto que el sobreseimiento tenga que ser
validado por un tribunal de instrucción para surtir efecto.
Los jueces de Instrucción y los de sentencia de las cabeceras departamentales
tendrán la competencia para procesar delitos de crimen organizado.
Cuando un juez considere inaplicable una ley, el fallo tendrá que
ser validado por la Corte Suprema.
Lo que se busca, dijeron los participantes, es cumplir con el principio
de que “los funcionarios no pueden hacer más allá
de lo que la ley les permite”, lo cual no ocurre ahora con la excesiva
discrecionalidad que tienen los jueces para resolver.
Declarantes
El proyecto contempla regular los polémicos casos en que los testigos
tengan que descubrir sus rostros para acusar a sus agresores.
Esto significa que la prueba de reconocimiento de personas, incluso mediante
fotografías, sea ordenada por la Fiscalía General de la
República.
De hecho, sería permitida la declaración jurada ante la
Fiscalía, en los casos de testigos que no puedan comparecer en
los tribunales.
Según los participantes, se busca aplicar el rigor de la ley a
quien cometa delitos y garantizar los derechos de las víctimas
y testigos.
Las iniciativas incluyen reformas a la Ley Penitenciaria, sobre todo en
el régimen de visitas a los presidios. Se sancionará a quienes
ingresen aparatos electrónicos tales como celulares, tarjetas prepagadas,
radios, computadoras o medicamentos prohibidos.
En los centros penales serán construidas celdas de máxima
seguridad para reos de alta peligrosidad o que hayan sido condenados por
narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, violaciones
entre otros.
Se facultará a directores de penales autorizar, con el aval del
Consejo Criminológico Regional, reubicaciones de reos por seguridad.
Foseguridad
Con el proyecto de enmiendas será adjuntada la propuesta de crear
el Fondo para la Seguridad Pública, mismo que captaría fondos
de diferentes rubros.
Este sería fortalecido con los recursos provenientes de la imposición
de multas por accidentes de tránsito, además de los recursos
o bienes que obtenga el Estado por donaciones de instituciones sin fines
de lucro, que realicen esfuerzos contra la delincuencia y el crimen organizado
en el país.
Se aplicarían multas por llamadas falsas al sistema de emergencias
de la Policía Nacional Civil 911 y fondos por multas provenientes
por faltas penales.
La iniciativa incluye establecer “reglas de evidencia” para
que los jueces valoren mejor las pruebas.
Guillermo Gallegos, jefe de fracción de ARENA, sostiene que es
urgente aprobar las enmiendas para combatir frontalmente el crimen.
El legislador tricolor informó que cuentan con el respaldo del
PDC y PCN para sumar los votos necesarios en el pleno.
El FMLN y el CD no apoyarían la iniciativa, bajo los argumentos
que se estaría creando una ley con mayor grado de represalias.
Rodolfo Parker, del PDC, presentó la semana pasada, en la Asamblea,
la iniciativa para enmendar las leyes penales a fin de que jueces de Paz
no sobresean provisionalmente cuando se trate de casos de crimen organizado.
Juan Pablo Durán, también del PDC, explicó que con
la modificación no se estaba trastocando la presunción de
inocencia de los imputados.
Prolongarán encierro para los menores
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| Aumentará.
Estarían hasta 20 años en internamiento. Foto:
EDH |
Las enmiendas que se han propuesto a la Ley Penal Juvenil impondrían
penas de hasta 20 años de internamiento a los menores que cometan
delitos graves u homicidios con lujo de barbarie.
Por hoy, la Ley Penal Juvenil permite la imposición de penas que
no puede superar los siete años de internamiento, aunque se trate
de homicidios.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Ástor Escalante, ejemplificó
que actualmente a los menores que supuestamente participaron en la masacre
del Plan de la Laguna, donde fueron asesinados tres niños y una
mujer embarazada, de ser encontrados culpables no se les podría
poner una pena de más de siete años de internamiento en
un centro.
“Y existe el riesgo de que un juez de ejecución de medidas
podría sustituir la pena de internamiento por otra como la terapia,
consejos u orientación”, indicó Escalante.
Eso es lo que las autoridades pretenden cambiar.
Otra propuesta es que la ley minoril sea aplicada a menores entre el rango
de 12 a 18 años. Actualmente no está claro este concepto
en la ley.
En varias ocasiones los esfuerzos de las autoridades policiales por capturar
delincuentes se ven menguados debido a que menores de edad que han cometido
horrendos crímenes son procesados y se les fije medidas sociales.
Asimismo se ha propuesto celdas de máximo seguridad en los centros
intermedios de menores.
| ALGUNAS
DE LAS ENMIENDAS |
- El control sobre jueces
La Corte Suprema tendrá la última palabra cuando
juez se niegue a aplicar una ley. Asimismo, las resoluciones de
los jueces de paz en casos de crimen organizado tendrán
que ser ratificadas por un tribunal de instrucción. Jueces
suplentes deberán haber dejado de litigar tres años
antes de serlo.
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- Las restricciones en cárceles
Se prohibirá a los visitantes en penales ingresar aparatos
de telecomunicación, eléctricos o de batería,
televisores, computadoras, radios, cocinas, ventiladores, alimentos
y medicinas prohibidas, excepto objetos destinados a la educación
y difusión religiosa con previa autorización.
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- Las reglas de evidencia
Las evidencias recolectadas y las actuaciones que hubieren sido
realizadas por la Policía serán puestas a la orden
de la Fiscalía, aunque vayan a los depósitos judiciales.
Se definirá a quién corresponde la custodia. Se
determinarán los párametros o “reglas de evidencia”
para valorar las pruebas.
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- La acusación en instrucción
Cuando a criterio de la Fiscalía determine que los hechos
denunciados o investigados quedan comprendidos como crimen organizado
se podrá acusar directamente ante el juez de Instrucción
en el plazo de 72 horas. La acusación será presentada
junto con los imputados.
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- La FGR confiscará bienes
La Fiscalía podrá decomisar bienes de los imputados
y se investigará si no son productos de negociaciones ilícitas.
Las pertenencias serán resguardas en las sedes del Ministerio
Público. Los imputados tendrán que probar que fueron
obtenido de manera lícita. Las armas no se devolverán.
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- Los testimonios escritos
Se permitirá la declaración jurada ante la Fiscalía
para los casos de testigos que no pueden comparecer porque peligren
sus vidas o cuando se trate de testigos menores de edad. Esto
también permitirá contar con el testimonio incluso
si un testigo fallece o desaparece.
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- Internamiento hasta 20 años
Los menores que cometan delitos graves u homicidios dolosos podrán
pasar hasta 20 años en internamiento. Para ello se construirán
más centros intermedios (que recluyen a los que llegan
a la adultez mientras cumplen la pena). Estos complejos también
tendrán recintos de máxima seguridad.
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- El auxilio policial
Las autoridades penitenciarias podrán solicitar la intervención
inmediata de la Policía en casos de revueltas carcelarias.
Se permitirá la intervención telefónica contra
el crimen organizado. Se multará a quienes reporten falsas
emergencias al 911.
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