Eugenia
Velásquez
El Diario de Hoy
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Héctor Antonio Hernández Turcios, quien fungiera como
administrador único propietario de la Sociedad La Espiga, la cual
administraba el botadero del mismo nombre, cerrado por orden judicial
en enero de este año, interpuso el 21 de mayo en la Fiscalía,
una denuncia delictiva en contra de varias personas naturales y jurídicas.
Entre los acusados por Turcios se encuentra el ex jefe de la unidad de
la subregional de Medio Ambiente de San Vicente, Rafael Calderón,
además del fiscal que llevó el caso del cierre del botadero,
Rafael Antonio Castro, la Fundación para la Recuperación
Económica Social de Áreas Rurales (Fresares), y la Comisión
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), entre otros.
Hernández Turcios expresó que el 24 de mayo fue sobreseído
definitivamente de los cargos de contaminación ambiental e infracción
a las leyes de la Aeronáutica Civil que se le imputaban y, por
los cuales, fue decretado el cierre del botadero que él administraba.
“La audiencia se realizó y salí sobreseído
definitivamente. La Unidad de Medio Ambiente, subregional de San Vicente
apeló, no obstante que se probó que había fraude
procesal”, afirmó el ofendido.

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