A paso lento
El VMT no ha resuelto una sola apelación

Perdón temporal. De las 10,620 multas que aplicó Tránsito en julio de 2005 por el aumento ilegal del pasaje, 8,648 fueron recurridas en los días siguientes. Todavía hoy siguen sin cancelarse.

Publicada 23 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Sanción. La división de Tránsito de la PNC aplicó sanciones a los buses de las rutas que infringieron la ley al subir el pasaje. Foto EDH

Si los transportistas deciden aumentar el pasaje sin el consentimiento del Gobierno, pueden estar tranquilos con las multas. El precedente de 2005, cuando decidieron incrementar el pasaje a $0,25, quedó prácticamente sin castigo.

De las 10,620 sanciones que se registran en 2005, la mayoría en las primeras semanas de julio, sólo 1,792 han sido canceladas. El resto, 8,648, más del 81 por ciento del total, han quedado en letra muerta después de que los empresarios recurrieran y el VMT no resolviera, al menos hasta la fecha.

De hecho, casi un año después, y a pesar de que el proceso del recurso de inconformidad dura 16 días hábiles como máximo, los recursos siguen en revisión en la Unidad de Procedimientos Legales (UPL).

El aumento ilegal de la tarifa es una falta muy grave, tal y como estipula el artículo 12 de la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Sólo el 1 de julio de 2005, las dirección de Tránsito de la Policía aplicó 900 infracciones por el aumento no autorizado al pasaje.

Napoleón López, jefe interino de la UPL. se excusa por el atraso. “La razón de esta cantidad de trámites de 2005 se debe a que se está realizando una revisión de todo el procedimiento policial de cada una de las esquelas”.

El encargado asegura que la cantidad de argumentos varía, pero en casos de aumento a la tarifa se centran en el aumento del combustible y los derivados.

En un proceso que se prolonga un par de semanas es bastante evidente que los tiempos no se cumplen, tal y como lo reconoce López.

El directo de Tránsito del VMT, Eduardo Martell, asegura que el proceso, a veces, requiere de investigación, pero a los empresarios del transporte reciben presión de parte de la ley a la hora de renovar los documentos si no están al día con las sanciones.

“La legislación contempla que si no están solvente con esquelas o trámites de licencia o vehículos, no se pueden refrendar y a veces por esa razón desisten o prefieren cancelar”, aseguró Martell.

De acuerdo a la hipótesis que maneja el VMT, el vencimiento de los trámites es un factor que influye para que los usuarios se retiren de los casos.

Lo curioso del caso es que los transportistas entrevistados aseguran haber cancelado la mayoría de esquelas y estar al corriente con el VMT.

Ricardo Polanco, de la Corporación Salvadoreña de Empresas del Transporte (Coset), dice que de las 26 empresas que aglutina su sociedad y que organizó el aumento, la mayoría de infracciones ha sido cancelada precisamente porque refrendan tarjeta de circulación cada año y el pago aparece gravado a la gremial cuando hacen el trámite en Sertracen.

Joaquín Herrera, de la Asociación del Transporte de Pasajeros (ATP), asegura que en su momento interpuso un recurso de inconformidad bajo el argumento de que hubo multas sin razón.

“Apelamos las que tenían varios minutos de diferencia entre sí porque algunos los acababan de multar y en la siguiente parada le ponían otra infracción”, sostuvo.

Sin embargo, el subinspector Miguel Vega, de la división de Tránsito de la Policía, asegura que ese argumento no es válido ya que la ley les faculta para aplicar una sanción siempre que se sorprenda a quien falte. A diario, al UPL recibe unos 25 recursos.

Dos realidades

El MOP y empresarios difieren en temas

“Puntos del acuerdo, amarrados”
El ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, manifiesta que en las reuniones por separado que sostiene con los empresarios del transporte están sobre la mesa la discusión de los 14 puntos que acordaron en octubre del 2004.

El reordenamiento del sector, el acceso a los créditos blandos, la salida de los buses más antiguos, la competencia desleal son puntos que se tratan, según el MOP, junto a la posibilidad de incrementar la tarifa.

“Todo está amarrado, no es coyuntural sino que se está viendo lo del acuerdo, porque no sólo vamos a dar una respuesta de números”, indicó Gutiérrez al referirse a un posible incremento de la tarifa. Muchos de los puntos tratados se arrastran, sin una solución, desde hace años.

“La reunión es por el petróleo”

n Genaro Ramírez, de Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), se ha reunido varias veces con el ministro de Obras Públicas en el último mes y medio, prácticamente desde que se escucharon las primeras voces de un aumento del pasaje.

En todas, asegura, el único punto de debate es la tarifa. “La reunión es por el petróleo, no por los otros puntos”, apuntó Ramírez, quien reconoce que poco se ha hecho en los últimos dos años por mejorar el servicio. “No han hecho nada con la competencia ilegal. Nadie ha cumplido nada ni ellos ni nosotros”, expresó Ramírez.

Ricardo Polanco, presidente de la Corporación de Empresas de Transporte, asegura que varios de los temas del acuerdo que a la fecha se han ignorado en las reuniones.

El contrato de concesión es la asignatura pendiente

En los últimos años ha sido la piedra en el zapato y en estas negociaciones parece no va a ser la excepción si finalmente entra en la mesa de discusión.

En principio, este instrumento legal, el cual permitiría a los empresarios de transporte gozar de un permiso para explotar una ruta durante 10 años, era la base para reorganizar el sector transporte.

La oposición de los empresarios tenía su razón de ser en que el contrato contenía puntos por los cuales el gobierno podía rescindirlo. Entre ellos, algunos como el aumento de la tarifa, de forma ilegal, no prestar el servicio por un paro, por citar algunos ejemplos.

En 2004, pese a que el gobierno hizo creer que todo el sector había firmado el contrato de concesión, en la realidad, sólo fue rubricado por los microbuses. En especial, Fecoatrans, dirigida por Catalino Miranda.

Según el ministro del MOP, David Gutiérrez, los contratos de concesión se siguen firmando, aunque las principales gremiales lo miran de reojo.

¿Será esta vez obligatorio para que, además del alza al pasaje, se incluyan las propuestas para un reordenamiento que lleva esperando varios años?

De momento, los empresarios aseguran que las reuniones que sostienen son para resolver el tema del pasaje y el costo de los carburantes.

Prorrogarían subsidio sin sacar buses viejos

A su estilo. La fracción del FMLN aprovechó la plenaria de ayer para rechazar alza al pasaje. Foto EDH

Los diputados del FMLN, PCN y PDC podrían unirse en la Asamblea Legislativa para evitar el aumento al pasaje en el transporte público.

Aunque el tema se tratará hasta el próximo lunes, en la Comisión de Obras Públicas, rojos y azules tienen propuestas claras.

El FMLN pretende que se extienda hasta agosto de 2007 el decreto transitorio que obliga al Gobierno a subsidiar mensualmente a transportistas con $375 por cada bus y $135 por cada microbús autorizados.

“El incremento afectaría a la mayoría de la población que es de escasos recursos”, afirma el farabundista Gaspar Portillo, para justificar esta erogación anual al fisco por un monto superior a los $19 millones.

Al consultarle sobre el origen de estos fondos, el político asegura que si no existen es responsabilidad del Gobierno.

Mientras la sugerencia del PCN también es por el mantenimiento del subsidio, pero añade que se permita por seis meses más la circulación de las unidades que tienen entre 15 y 20 años de fabricación.

La prisa pecenista es que este decreto transitorio vence en una semana. El pecenista Francisco Merino descarta que el funcionamiento de unidades viejas represente una amenaza para los usuarios.

“El riesgo se está demostrando incluso con las unidades nuevas”, expresa el legislador. Pero, azules y rojos no están solos en sus pretensiones. El diputado del PDC, Javier Benítez, asegura que su fracción está dispuesta a respaldar iniciativas como la prórroga para los autobuses y microbuses antiguos.

“El Ejecutivo debe dar un trato preferencial a los empresarios para la obtención del combustible. Apoyamos la prórrogas, si ellos desisten de aumentar al pasaje”, indicó el legislador.

De concretarse estos apoyos, los tres grupos políticos tienen la correlación necesaria para validar estas iniciativas. Juntos suman 48 votos, cinco más de los exigidos para cambiar la ley.

Pero, el diputado de ARENA, Carlos Reyes, confía en que la mesa entre el Gobierno y transportistas brinde resultados positivos.