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Opinando
La empresa privada contra las maras
La mejor contribución de la empresa privada puede estar en otros ámbitos. Puede estar,
por ejemplo, en el compromiso de los empresarios por generar oportunidades de empleo,
capacitación y educación de calidad
Publicada 22 de junio de 2006, El Diario de Hoy
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José Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
La decisión de la ANEP de asumir la acusación formal de los pandilleros que cometen crímenes de impacto nacional es una iniciativa positiva para contribuir al combate de la impunidad en el país. También lo es su exhortación al Órgano Judicial para que agilice los mecanismos de depuración de los jueces que fomentan la impunidad. En términos generales, se puede decir que esas decisiones muestran, finalmente, la preocupación de la cúpula empresarial por el caos que han alcanzado la violencia y la impunidad en el país y su renovado interés por contribuir a la resolución del problema.
Los empresarios se disponen a defender a algunas de las víctimas de los crímenes realizados por las maras, siguiendo la experiencia obtenida con el combate a los secuestros hace algunos años, los cuales se redujeron gracias al extraordinario empeño puesto en su momento por el gobierno, las autoridades policiales y los empresarios. Los secuestros, que afectaban directamente a un sector pequeño --pero importante-- de la sociedad prácticamente desaparecieron, pero no así los homicidios, los cuales afectaban a un número mayor de ciudadanos.
Ahora, después de más de diez años de actividad y desarrollo de las pandillas juveniles, la decisión del gremio empresarial por combatir la impunidad generada por éstas puede ser un poco tardía, pero en el descontrol existente no puede dejar de calificarse como oportuna.
El punto es que la contribución de la empresa privada al combate de la delincuencia y la violencia producida por las maras puede ser aún más significativa si los empresarios se decidieran también a colaborar de forma más decidida en otro tipo de acciones, que corresponden a su propia actividad social.
Y es que las maras salvadoreñas son, en realidad, el resultado de la conjunción de muchos factores, entre los cuales están la falta de oportunidades sociales para los jóvenes, la deserción escolar, el desempleo, la falta de planificación urbana, la migración, el acceso a las armas de fuego, etcétera. Estos factores siguen alimentando la problemática, porque casi todas las iniciativas oficiales de peso se han concentrado exclusivamente en reprimirlos y meterlos a la cárcel.
La iniciativa empresarial de apoyar formalmente a la parte acusadora dentro de los procesos en contra de las pandillas, puede contribuir a que los responsables de los crímenes más atroces sean debidamente enjuiciados, pero esto alcanzará sólo la punta del iceberg del problema de las maras y de la violencia homicida que azota al país.
La mejor contribución de la empresa privada puede estar en otros ámbitos. Puede estar, por ejemplo, en el compromiso de los empresarios por generar oportunidades de empleo, capacitación y educación de calidad para los jóvenes. Los programas de rehabilitación y reinserción de jóvenes con pasado pandilleril están repletos de historias de exmareros que han dejado la violencia y que gozan de habilidades de primer nivel pero que ninguna empresa está dispuesta a darles una oportunidad de trabajo.
La contribución de la empresa privada puede estar también en su compromiso inequívoco de cumplir con la carga fiscal del Estado. El rechazo de algunos empresarios a pagar más impuestos repercute en la capacidad del Estado para poder atender las áreas sensibles de desarrollo y seguridad, y pone en tela de juicio su disposición de ser solidarios con la sociedad salvadoreña. Las iniciativas filantrópicas de algunas empresas difícilmente pueden igualar la capacidad del Estado para poder compensar la pobreza, la exclusión y la inseguridad provocadas por los mercados desregulados.
Los empresarios también deberían exhortar al Ejecutivo para que sea más responsable con sus propias políticas de seguridad, fortaleciendo la institucionalidad del país y alejándola de los intereses partidistas y electorales; así también deberían presionar para que se elabore una política de Estado en materia criminal y deberían pedirle cuentas al gobierno por no tener una coherente todavía.
La empresa privada también puede contribuir a combatir la violencia juvenil siendo más responsable y conciente del impacto que provocan los mismos productos que algunos de sus socios promocionan, por ejemplo, las armas de fuego y los programas televisivos que glorifican la violencia.
En resumen, la empresa privada contribuiría mejor a combatir a las maras si se decidiera a invertir más en su propia gente, los salvadoreños, que en los centros comerciales y en los guardias de seguridad.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Dario de Hoy.

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