Emplazan a jueces

Polémica. El Gobierno cuestionó a un grupo de juzgadores por resoluciones que han favorecido a los delincuentes. El gremio de jueces y magistrados se defiende, dicen que fallan conforme a la actual normativa. Aducen que la escalada de violencia no es su culpa sino que es un problema social


Publicada 17 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Cierran filas. Los gremios de jueces y magistrados se unieron para exponer su posición de rechazo contra las acusaciones en su contra. Foto: EDH

El Gobierno lanzó duras críticas contra los jueces y urgió una depuración del sistema judicial tal y como lo ha realizado la Policía y la Fiscalía con su personal.

El emplazamiento surgió a raíz de las últimas decisiones de jueces que han dejado en libertad a delincuentes y obligado a testigos a declarar sin ocultar sus rostros, entre otras.

Pero los jueces respondieron culpando a las leyes por sus decisiones y responsabilizando al Gobierno por cualquier atentando en su contra.

Las acusaciones surgen mientras cobra fuerza la iniciativa de desechar la actual legislación penal para crear una nueva, que responda a la realidad salvadoreña de auge de la criminalidad.

El Ministro de Gobernación, René Figueroa, calificó de “flojas” las resoluciones de algunos tribunales que han favorecido a la impunidad. “Creo que si la Policía tiene la valentía constante de depurar algún mal elemento y la Fiscalía ha depurado también, ¿por qué no lo va hacer el Órgano Judicial si sólo estamos hablando de los malos jueces?”, dijo Figueroa.

Tanto el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, como el director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, se han sumado a las críticas por las decisiones de los jueces que en algunos casos favorecen a delincuentes.

Los funcionarios destacan que se requiere que los funcionarios se integren a los esfuerzos que realizan por frenar la criminalidad.

Al paso

En tanto, un grupo de jueces y magistrados salió al paso luego de los señalamientos públicos que ha efectuado el Gobierno y dirigentes de la empresa privada en contra del gremio.

Margarita de Sanabria, de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador (AMJES), enfatizó que durante los procesos legales ejercen su labor en favor de la transparencia, apegados a las leyes, y aclaró que no estaban en contra de la depuración siempre que ésta siga el curso jurídico correcto, es decir, a través de las instancias correspondientes.

En la mira. La Corte revisará fallos de algunos tribunales. Foto: EDH

La juzgadora rechazó que sean culpables del auge delincuencial y sostuvo que el problema tenía raíces sociales, de las cuales no eran responsables.

Doris Rivera, del Foro de Jueces Democráticos Independientes (JDI), dijo que en los últimos días se había cuestionado a juzgadores sin un previo proceso legal.

“Se está irrespetando el debido proceso y eso es lo peligroso. Está el Consejo Nacional de la Judicatura, la Sección de Investigación Judicial, que son las que deben de ponerse a prueba para asignar las responsabilidades”, dijo Rivera.

Los juzgadores responsabilizaron al ministro Figueroa y al viceministro, Ástor Escalante, por cualquier atentado que pueda generarse contra contra jueces debido a sus declaraciones.

Asimismo los jueces creen que una nueva normativa penal no resolverá el problema de la delincuencia, y de promulgarse, esto sería un retroceso en materia penal, pues implica reformar la Constitución.

Levis Orellana, de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES), recordó que desde que entró en vigencia la nueva ley penal, en 1998, ha sufrido 300 reformas “en el afán de represión”.

Respecto a la decisión de la Corte Suprema de retomar las auditorías a los fallos de jueces, en casos polémicos, Orellana dijo desconocer el acuerdo, pero era positivo si no existe una injerencia directa en los fallos.

Más dureza en la nueva legislación

De ser aprobada, una nueva legislación procesal penal evitaría que se devuelvan las armas de fuego a los delincuentes e impediría la introducción objetos prohibidos a los centros penales.

Mesa de trabajo. Discuten la nueva redacción. Foto: EDH

Estos son dos de los planteamientos formulados en la mesa de trabajo para proponer una nueva legislación procesal.

La mesa ha sido instalada por el Ministerio de Gobernación y cuenta con la participación de instituciones del sector justicia, diputados a la Asamblea Legislativa y funcionarios de la Seguridad Pública.

Los participantes propusieron que se defina quién tendrá la custodia de los decomisos y definir la cadena de resguardos.

Según los ponentes, la única prueba que se examine en un juicio es la que se ha admitido formalmente.

También pide que se regule que la prueba de reconocimiento de personas, incluso mediante fotografías, pueda ser ordenada y realizada por la Fiscalía General.

Asimismo propusieron que se permita la declaración jurada ante la Fiscalía, para los testigos que no puedan comparecer.

Los ponentes han planteado que se excluya a los jueces de paz de la facultad de emitir sobreseimientos en las audiencias iniciales.

Funcionarios judiciales se han declarado en contra de esta disposición.

Otra de las propuestas es que los delitos se crimen organizado se denuncien directamente ante un juzgado de instrucción y que los delitos de bagatela tengan un procedimiento especial para no saturar a los tribunales.

Los participantes han propuesto reformas a la Ley Penal Juvenil, tales como que se lleve el registro criminal de los menores y que se determine si los delitos fueron cometidos por ellos a partir de un claro discernimiento.

Asimismo se busca impedir que a los menores acusados de delitos graves, tales como homicidio y violación, se les concedan otras medidas diferentes al internamiento.
Además se ha planteado que las medidas que se les impongan sean proporcionales a los delitos que hayan cometido.

René Figueroa
Ministro de Gobernación
Los malos sólo son un grupo
“Si la Policía tiene la valentía constante de depurar algún mal elemento y la Fiscalía
también lo ha hecho, ¿por qué no lo va hacer el Órgano Judicial? Sólo hablamos de los malos jueces”

Levis Italmir Orellana
Presidente de AMJUES
Iniciar procesos de investigación
“No se puede determinar a priori si existe corrupción entre algunos jueces. Se debe determinar mediante un proceso de investigación con previ a denuncia ante las instancias establecidas”