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"Hay que proceder a reformar los códigos"

A poco de iniciar su tercer periodo como presidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, está convencido de que se debe cambiar la legislación procesal penal y dejar de ponerle remiendos. Le satisface la reconstrucción de 87 tribunales y promueve acortar plazos en los procedimientos constitucionales


Publicada 15 de junio de 2006 , El Diario de Hoy


El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

“Nosotros podemos discutir las medidas y providencias de como sería la protección para las víctimas y testigos” Foto: EDH

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, admite que es necesaria una profunda revisión a los códigos Penal y Procesal Penal para ajustarlos a la realidad. Asimismo sostiene que los jueces no son impunes.

¿Usted ha planteado una revisión integral a los códigos Penal y Procesal Penal?
Sí, por supuesto. El Código data del 30 de abril de 1998. A la fecha ya hay razones como para que los ajustes ya no sean solo parciales, o como se dice parches, sino que se vuelva una solución integral, en donde nos pongamos de acuerdo para que también se defiendan las libertades públicas que deben preservarse a través de los Códigos Penal y Procesal Penal. Y, por supuesto, estar de acuerdo con que discutamos el tema de las penas. Podemos discutir medidas y providencias como sería la protección de víctimas y testigos, si los jueces deben o no permitir personas declarando con su rostro descubierto frente a imputados y testigos.

Perfil
Como presidente de la Corte Suprema, lo es también de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial de El Salvador. De 57 años, el 1 de julio inicia su tercer periodo como tal. Cobró protagonismo como miembro del primer Consejo de la Judicatura (1990) y Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos cuando fungía como titular, Carlos Mauricio Molina Fonseca (1992-1994). En su administración le satisface la reconstrucción de 87 tribunales y la fundación de nuevos centros integrados en San Salvador, Soyapango y otros municipios. Se promueve la oralidad en los procesos civiles y mercantiles y la capitación del personal en procesos y según mediciones de calidad, así como reformas para reducir plazos en procedimientos constitucionales.

Pero tiene que haber una discusión...
Dentro del marco legal para que no andemos haciendo fuerzas por otros lados o con algunas astucias políticas. A veces los países pagan caro cuando hay alguna situación que los desilusiona de su institucionalidad. Creo que los códigos Penal y Procesal Penal hay que procesarlos, hay que proceder a reformarlos.

La ANEP llamó a la Corte a depurar a los jueces. ¿Que piensa al respecto?
Hemos tenido la oportunidad de ver y oír del presidente de la ANEP externar su preocupación, partiendo de la base de que en el caso de los secuestros se estableció la responsabilidad en un 85 por ciento de los casos. Tiene un crédito indiscutible la empresa privada, porque colaboró en este tema, que era un flagelo nacional y hoy tenemos una estadística de Primer Mundo. Cuando hay inconformidades (con las resoluciones de los jueces), para eso hay una sección de investigación judicial donde se pueden hacer saber las anomalías. La Corte está haciendo sus esfuerzos.

¿En cuanto a las críticas contra los jueces?
Ningún juez de este país es impune. También creo que probadamente la regla es que los jueces no son estorbo u obstáculo al buen funcionamiento de las autoridades de seguridad. En temas tan sensitivos lo que más quisiéramos es colaborar. Lo que no podemos hacer es dejar de cumplir con la Constitución.

Se han propuesto auditorías continuas y que la Corte reaccione inmediatamente en casos de resoluciones dudosas. ¿Se hará?
En eso tienen toda la razón. La semana pasada hubo una inconformidad en un tribunal de Ahuachapán y de inmediato se acordó una auditoría, para conocer si hubo una infracción. En este caso se procedió según la información que había entre la opinión pública y como hecho notorio, la Corte lo asumió. El sistema legal tiene recursos para plantear las inconformidades. El Banco Mundial está apoyando a las secciones de investigación judicial y profesional que harán las auditorías.

¿Cómo hacen estas auditorías?
La Corte no se hace la desentendida cuando hay un malestar nacional por un fallo judicial. Entonces va un equipo técnico para hacer un estudio de lo que se hizo. Además, los jueces son continuamente evaluados por el Consejo Nacional de la Judicatura y sus dictámenes se toman siempre en cuenta e impactan en los registros para remociones, ascensos.

¿Es factible la rotación?
Se pueden utilizar diferentes mecanismos. En el caso de las rotaciones ya se ha pensado, pero tampoco se mira como la gran medicina. Si tenemos problemas con alguien, lo mejor es verlo fuera del sistema, no trasladar el problema. De acuerdo con mi experiencia, la mayoría de jueces del país son gente dispuesta a cualquier examen o fiscalización.

Las encuestas hablan de insatisfacción del 50% de la población con el sistema...

Aunque suena negativo, yo creo que debe ser tomado en positivo. Porque desde hace dos siglos se dice lo mismo porque el 50% de los ciudadanos que acuden a los jueces quedan insatisfechos cuando pierden un caso. Por eso el juez no es sujeto de popularidad, sino que está de acuerdo a cómo cumple su marco legal. Y esto se puede medir con una auditoría técnicamente hecha para corregir las cosas.


Se praparan reformas en otras áreas
La Corte está preparando un nuevo marco procesal civil y mercantil que es el componente importante más efectivo. La Corte tiene propuestas. Se puede decir que es el Código Procesal Civil tipo de Iberoamérica. Tenemos presentada en la Asamblea Legislativa desde el 2002 la nueva Ley Procesal Constitucional, para mejorar el desempeño, los plazos y el acceso a la justicia.

¿No hay un dictamen de la Asamblea?
No lo hay, supongo que por el material importante. En el caso salvadoreño algo que ayuda a la consolidación democratica del país es el desempeño constitucional, que día a día se conozcan casos de distintos sectores e ideologías. Esto mantiene el respeto y la credibilidad.

¿Qué proyectos tiene para el desarrollo del tribunal y de las salas en su tercer periodo?
Lo que más reclama el sistema judicial de El Salvador es un desarrollo en el tema de calidad. Se han hecho capacitación, centros integrados, jueces pluripersonales. Lo penal tiene una significación importante. Hay que trabajar a partir de la reingeniería de tribunales, centros integrados, tribunales pluripersonales. Creemos que se deben hacer serios esfuerzos para mejorar la investigación judicial y profesional, para que el ciudadano pueda situar que sus quejas se despachen a tiempo y tengan la calidad de la forma en que lo redacta la Constitución.

Hay obra física, 80 tribunales que han sido rescatados, reconstruidos ¿qué hay de esos proyectos?
Son los centros integtrados de Soyapango, el de familia en el centro judicial. La justicia tiene que dar una satisfacción al ciudadano, en la dignidad y acceso a la justicia, en ese sentido se ha mejorado el techo judicial en un 70 %. En 80 tribunales se ha mejorado. En los últimos tiempos se ha cubierto la seguridad social de muchos funcionarios judiciales, no se había dado cumplimiento a la ley de la carrera judicial que plantea un retiro para ellos y se ha mejorado el servicio de transporte y hospitalario.

En los últimos seis años la misma Corte ha emitido fallos de la Corte decisivos para el país?
Creo que lo más importante es que le dan una ventilación nacional a través del derecho de derimir los conflictos de forma pacífica. Como sociedad que tiene todavía que caminar bastante para consolidar la democracia y el estado de derecho, sabemos que algunos fallos no son momentáneamente bien visto, pero creo que en su momento contribuirán a consolidarnos y hacer una sociedad viable. La delincuencia y la seguridad pública.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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