Desafían reforma agraria en Bolivia

La Paz. El distrito de Santa Cruz alzó la voz contra el plan de Evo Morales. El conflicto cobra cada día más dimensión.

Publicada 8 de junio de 2006, El Diario de Hoy

“Revolución”. Morales ha prometido distribuir unos 20 millones de hectáreas de tierras fiscales. Foto: EDH/AP

Agencias
El Diario de Hoy
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El rico distrito boliviano de Santa Cruz, sede de un poderoso empresariado agropecuario y de grandes terratenientes, lanzó un plan local de dotación de tierras en tácito desafío a la “revolución agraria” instrumentada por el gobierno del presidente izquierdista Evo Morales.

La pugna entre un poder local y el poder central se abre sin embozos a menos de un mes de la elección de asambleístas constituyentes y de un referendo sobre la implantación de autonomías regionales, el 2 de julio.

Tres días después de que el mandatario echara a andar su “revolución agraria”, con la dotación inicial de 2.5 millones de hectáreas de tierras fiscales a originarios pobres en esas regiones, el gobernador del distrito de Santa Cruz, Rubén Costas, publicó su “Plan operativo de acceso y uso sostenible de los recursos naturales renovables”.

El gobernador constituyó, de hecho, tres comisiones de alcance estrictamente regional y ordenó legislar una política regional de tierras.

El plan apunta al reparto de tierras en el territorio jurisdiccional de Santa Cruz, sólo a indios y campesinos oriundos.

Esta política excluye tácitamente a inmigrantes aymaras y quechuas andinos que encontraron allá, en la década de los 80, la tabla de sobrevivencia luego de una profunda depresión de la producción en el occidente montañoso del país, coinciden analistas locales.

Latifundistas y especuladores “con la influencia decisiva en varias cámaras empresariales y en el CPSCZ se proponen subrepticiamente tratar de impedir toda acción gubernamental en la solución de este problema, quieren seguir manteniendo, gracias a la omisión de anteriores gobiernos, un dominio completo” de las tierras de Santa Cruz, según el profesor universitario Róger Cortez.

El Gobierno hizo notar la inconstitucionalidad de la medida de Costas. “De acuerdo a la Constitución, el único que puede tomar decisiones en materia de distribución de tierras es el Ejecutivo. Prefectos que tomen decisiones que vayan en trasmano a lo que acabo de señalar violan la Constitución”, advirtió el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas.

Más contundente fue el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada: “Nosotros nos vamos a encargar de poner las cosas en su lugar”, afirmó.

El gerente general de la Cainco (Cámara de Industria y Comercio) de Santa Cruz, Daniel Velasco pidió al Gobierno “despolitizar” el tema tierra porque “se está generando un ambiente de incertidumbre que puede afectar a otros sectores de la economía”. “No se debe estigmatizar al sector productivo como terratenientes”, concluyó.