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Cambio. El objetivo es que estos infractores
no abusen de los “verdaderos menores”.
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Rafael mendoza/Ciro Granados
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Dentro de dos meses, los centros intermedios para el cumplimiento del
internamiento, para jóvenes infractores que hayan alcanzado los
18 años, podrían dejar de estar bajo la administración
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral del Niñez
y la Adolescencia (Isna) y pasar a manos del ministerio de Gobernación.
Ayer, la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
avaló un dictamen para reformar el inciso tercero del Artículo
119 de la Ley Penal Juvenil.
En caso que sea aprobada, Gobernación creará una instancia
específica para la administración de los centros. “No
van a estar adscritos a Centros Penales, por esto es que pedimos un tiempo
de espera para la ejecución de la medida”, sostuvo en ministro
de esta Cartera, René Figueroa.
El lapso sería otorgado; el dictamen establece que la norma entrará
en vigencia 60 días más tarde.
La jueza de menores Aída Santos de Escobar coincide con la intención
expresada por Figueroa: “Si lo ponen bajo la administración
de Centros Penales sería un caos”.
Al margen de esto, otra cosa preocupa a la jueza: que a pesar de existir
en la ley escrita, estos centros aún no hayan sido construidos,
salvo el Centro Alternativo para Jóvenes Infractores, que opera
en Ilobasco, Cabañas.
Según el arenero Mauricio Quinteros la medida, que necesita de
43 manos alzadas, será avalara en la plenaria del jueves, ya que
únicamente hay reticencia por parte del FMLN.
El efemelenista Benito Lara defendió la postura roja: “Es
apresurada... y no sé si Gobernación sea la instancia adecuada”.
Sin embargo, Óscar Kattán, de CD, dijo que esto impedirá
fugas como la ocurrida en marzo en el centro de Tonacatepeque, en San
Salvador, donde se escaparon siete personas.
Para Elizardo González Lovo, del PCN, la modificación permitirá
armonizar leyes relativas a los menores infractores.
Figueroa dijo que el interés de tener este control es para que
los infractores que han cumplido 18 años no abusen “de los
verdaderos menores. Por eso hay que pasarlos a otro régimen”.
Seis salarios para magistrados salientes
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que terminarán
su periodo de nueve años el 30 de junio dejarán de preocuparse
por su bolsillo, al menos durante seis meses.
La Asamblea Legislativa modificará la Ley de la Carrera Judicial
para autorizar las bonificaciones para cuatro funcionarios judiciales.
El acuerdo fue avalado ayer en la Comisión de Legislación
del Congreso, y cuenta con los votos de ARENA, PCN y PDC.
El salario mensual promedio de un magistrado de la CSJ es de $3,800; por
lo que en esta ocasión la reforma le costará al estado un
desembolso no menor a los $91 mil 200.
El magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Miguel Cardoza
asegura que la erogación no afectará las finanzas de la
CSJ, porque el dinero está disponible producto de “la economía
de salarios” aplicada. Es decir, de plazas no activadas.
La Ley de la Carrera Judicial vigente establece este beneficio sólo
para magistrados de segunda instancia, jueces de primera instancia o jueces
de Paz.

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