Debe ir a juicio tal como lo solicitaron los fiscales. Fue la resolución de la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente en el caso de una resolutora del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, Marleny Yanira Aguilar, de 35 años, procesada por estafa y falsedad ideológica.

Los magistrados del tribunal superior dieron la razón a la regional de la Fiscalía vicentina, la cual rechazó el fallo del juez segundo de instrucción de la cabecera departamental, Luis Ponce.

Durante la audiencia preliminar del pasado 19 de abril, Ponce sobreseyó provisionalmente a la imputada, aduciendo que la FGR no ofreció suficientes pruebas.
En respuesta, el Ministerio Público apeló ante el tribunal superior.

La resolución del juez en cuestión “es diminuta, de poco tecnicismo jurídico y equívoca”.
Además, los elementos de juicio “no son válidos y no están apegados a derecho”, reza el dictamen dado.

Según las investigaciones, la trabajadora judicial se apropió fraudulentamente del terreno de un tío, el cual usó como garantía para un préstamo de 6 mil dólares.

Para ello, la incriminada inscribió de forma ilegal la propiedad, ubicada en San Sebastián, en el Centro Nacional de Registros y presentó un testimonio de escritura pública, avalado por el notario, Ricardo Ramírez, también procesado por falsedad documental
Pero el dueño legítimo negó haber firmado tal documento.