Escuchan. En Santa Ana se realizó, recientemente, un foro taller sobre la explotación comercial de niños y adolescentes. Foto EDH

Tenía la fachada de una sala de belleza y masajes, pero en realidad era un local donde se prostituía a menores de edad, a quienes fotografiaban y filmaban vídeos con propósitos lucrativos.

Una llamada alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). Fue así como los agentes detuvieron a la dueña y al administrador del negocio, en San Salvador, y que contaba con sucursales en el interior del país.

Este es sólo uno de varios casos de explotación sexual comercial de niños.
Este delito cobra cada día más adeptos en El Salvador, principalmente en los sitios fronterizos del occidente y oriente y en ciudades bastante pobladas de los departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

Sólo en 2005, la División de Fronteras de la PNC, en coordinación con la Fiscalía, el Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (Isna) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), rescataron a 55 menores. A la mayoría la obligaban a prostituirse.

Los negocios allanados fueron bares, cervecerías, hospedajes y barras shows, ubicados en Metapán, la frontera de San Cristóbal, de la zona occidental, y Pasaquina, La Unión y San Miguel, de la región oriental.

Detuvieron también a 60 explotadores sexuales o proxenetas, quienes obtienen jugosas ganancias del “sexo obligado” con adolescentes y niños.

Con engaños y artimañas, los proxenetas reclutan a jovencitas, la mayoría con edades entre los 14 y 16 años, y les ofrecen un trabajo “honrado”. Per terminan en bares y prostíbulos, afirma el inspector Marco Tulio Lima, jefe de Fronteras de la PNC.

De enero a la fecha son 20 las adolescentes rescatadas y 15 los proxenetas apresados, en 11 procedimientos.

“Hemos desmantelado varios lugares, más que todo del oriente, más en La Unión. Allí es común que niñas nicaragüenses y hondureñas ingresen al país por pasos ciegos”, resaltó Lima.

Prevención y leyes

El delito se mantiene, pese a que el artículo 347b de Código Penal establece penas de hasta ocho años de cárcel.

En 2005, se detectaron 28 locales en todo el país. En lo que va de 2006, se registran 11 casos. La tendencia es similar a la del año pasado.

Para los explotadores, los niños sometidos a las prácticas sexuales son “mercancías”. Al obligarlos a la prostitución, obtienen jugosas ganancias. Y las víctimas, daño físico y sicológico irreversibles.

Las edades y estatus social de los clientes varían; la mayoría son hombres maduros, según los investigadores de la Unidad Especial Contra la Trata de Personas, de la División de Fronteras de la PNC, que investiga la explotación sexual infantil.

Fronteras y la OIT han elaborado un mapa en el que figuran lo sitios y sus sucursales -denominado ruta crítica- donde se explota a los menores.

También han abierto un albergue, en la capital, adonde son llevadas las víctimas. Allí reciben asistencia médica, sicológica y jurídica. Así se comienza el ciclo para revertir el daño emocional de las víctimas.

Pronto se habilitará un centro de atención telefónica para denunciar los casos. Estará anexo al Sistema de Emergencias 911, pues se espera la pronta reacción de la PNC y la Fiscalía.

Pero hay tropiezos, a pesar de las acciones preventivas y de combate, en las que también participan, dentro del Comité Contra la Trata de Personas, instancias como Migración, Relaciones Exteriores, Salud y embajadas. El principal obstáculo es la falta de colaboración de las víctimas. Ello impide que los responsables queden tras las rejas.

“(Los menores) llegan a tener una relación tan fuerte con el explotador que no se sienten víctimas. El explotador les da un medio de subsistencia y no lo denuncian ante el juez”, finalizó el jefe policial.

El perfil de la mayoría de víctimas

Las edades de muchas menores explotadas oscilan entre los 12 y 16 años, según la PNC.
- Casi todas provienen de familias desintegradas o sus padres residen en EE.UU. Están bajo el cuidado de sus abuelos, tíos u otros parientes.
- La mayoría ha abandonado sus estudios.
-u Estas se sienten abandonadas. Son presa fácil de gente inescrupulosa, que las engaña.
- En el delito están involucrados el reclutador (quien convence a las víctimas), choferes, los ofertantes (dueño del negocio) y el cliente.

El Isna y la OIT han disminuido este delito en Morazán

Antes de 2004, Morazán era el que más casos de explotación sexual infantil reportaba en la zona oriental. Pero desde se comenzó a ejecutar el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (IPEC-OIT), entre cual está la explotación sexual, los casos han disminuido, según los expertos.

En dos años este departamento pasó a ocupar el último lugar, según Fernando Campos, del ISNA.

Por hoy, San Miguel ocupa el primer lugar. Le sigue Usulután y La Unión.
Algunas veces, las adolescentes, por la pobreza en sus hogares, son presa fácil de los proxenetas, quienes las llevan a bares y prostíbulos con engaños, agregó.

Desde que se inició el IPEC-OIT, en 2004, se rescataron 150 víctimas en San Miguel. En Usulután, 221.

En Santa Ana, también trabajan para frenar este problema, según Nereyda Cañas, del Isna.
Allí se reportan cuatro casos mensuales, informan.

Wendy cayó en la “trampa”

Apenas tiene 15 años, pero Wendy L. (nombre ficticio) ya mantiene una vida sexualmente activa.

La menor fue rescatada por una patrulla policial, luego de la alerta al Sistema de Emergencias 911, recientemente.
Wendy salía de un hospedaje, en el barrio La Cruz de Sonsonate, junto a un adulto.

Se supone que había sido obligada por su abuela, de 50 años, a mantener relaciones sexuales a cambio de unos cuantos dólares.

El sujeto logró escapar. No así la mujer, quien aún está en las bartolinas.
La madre de la pequeña defendió a la supuesta explotadora sexual, por lo que podría recobrar la libertad ante el tribunal.

Se le atribuyó el delito de inducción, promoción y favorecimiento de prostitución en perjuicio de una menor de edad.

“La policía dice que yo la estaba prostituyendo, pero no es cierto”, se defendió.
Wendy fue llevada horas más tarde a Medicina Legal para saber si hubo o no abuso. Luego sería remitida al ISNA.

Casos como este, en los que hay familiares involucrados en la explotación sexual comercial, se repiten año con año.

La mayoría de las víctimas son de hogares desintegrados o sus papás viven en EE.UU. y están a cargo de parientes.
Como se sienten abandonados, son presa fácil de quienes las reclutan para explotarlas