Opinando
Regulación de servicios públicos

Dependiendo del balance logrado entre Estado y mercado, gracias a la regulación de estos servicios públicos, el ciudadano dispondrá de servicios de mejor calidad a precios razonables

Publicada 29 de mayo de 2006, El Diario de Hoy

Francisco Sorto Rivas*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

La gestión de toda política pública puede realizarse, perfectamente, a través de instituciones públicas especializadas, municipalidades, organizaciones de la sociedad civil o empresas privadas con fines lucrativos, correspondiéndole al Estado roles distintos en cada circunstancia.

A veces, la política pública contempla la entrega de servicios públicos esenciales a sus destinatarios --electricidad, agua, telecomunicaciones y pensiones-- cuyos mercados, por su propia naturaleza, tuvieron que ser organizados por el Estado, en su momento, y en más de una ocasión, éste se convirtió en el proveedor directo de los servicios.

La evaluación del desempeño gubernamental como proveedor, suele hacerse mediante indicadores de eficiencia y eficacia, con los cuales pretenden medirse los efectos alcanzados en torno a determinados objetivos de política perseguidos con dicha provisión, a manera de productos externos institucionales --servicios-- destinados a los usuarios de la política, en consecuencia de los recursos utilizados para su gestión y entrega. Esta cadena de valor público creado --servicios para los usuarios de los productos externos institucionales-- como resultado de la administración de recursos estatales, constituye la base para legitimar la existencia de las instituciones públicas en sí.

Cuando los servicios prestados no responden a las expectativas, ni aspiraciones de los derechohabientes de los servicios públicos (ineficacia), o son prestados a costa del consumo excesivo de recursos (ineficiencia), los gobiernos se ven obligados a explorar otras opciones de gestión de políticas que resulten más eficientes, sin menoscabo, por supuesto, de la calidad esperada de los servicios, que normalmente aparece descrita en leyes, reglamentos o contratos suscritos por el Estado, con entidades concesionarias para su provisión.

Esta situación induce al Estado a reorganizar sus recursos para la gestión de las políticas que incluyen la entrega de servicios públicos, dado que originalmente los orientaba a la generación y prestación directa de éstos; ahora debe enfocarlos a la coordinación de acciones con los prestadores directos del servicio, para cerciorarse que serán prestados según los términos ofrecidos a los usuarios, en la ley correspondiente; se dedica entonces, a regular el servicio, a controlar su calidad y a sancionar a los operadores, cuando los servicios no cumplen con la calidad exigida por la norma.

Esto explica por qué, al concesionar un servicio público a entidades descentralizadas o empresas privadas, se crean a la vez, instituciones públicas especializadas encargadas de su regulación y de verificar que se presten según lo normado, confiriéndosele facultades para sancionar a los proveedores, si los servicios brindados no cumplen con las especificaciones de ley, emitidas a favor de los destinatarios de la política pública.

De ahí la importancia de las instituciones preocupadas por el diseño de los servicios públicos esenciales y por su entrega apropiada, cuando el Estado recurre a terceros para su provisión y la conducta “industrial” de éstos, está supedita a la lógica del mercado.

Dependiendo del balance logrado entre Estado y mercado, gracias a la regulación de estos servicios públicos, el ciudadano dispondrá de servicios de mejor calidad a precios razonables.

Ahora bien, al liberarse recursos comprometidos originalmente en la prestación directa de los servicios antes mencionados, preservando la eficacia en el logro de los objetivos de política, el Estado dispondrá de mayor holgura presupuestaria para atender otras necesidades en el campo de la salud, educación, seguridad, etc.

Todo lo anterior demuestra que, para lograr ciertos objetivos de política, que incluyan la provisión de servicios públicos, no se requiere de instituciones públicas que los presten directamente, pero sí, de entidades gubernamentales especializadas y competentes, que procuren su entrega eficaz.

*Economista.