Cambio para mejorar las evidencias

Para incrementar su eficiencia y su eficacia, la fiscalía necesita potenciar la prueba científica. Pero, ¿hay voluntad política para hacerlo?

Publicada 23 de mayo de 2006 , El Diario de Hoy

Familiares de miembros de la Mara 18, acusados de la masacre en Zacatecoluca, exigieron un proceso legal justo. Foto EDH

El presupuesto nacional para todas la instancias gubernamentales involucradas en la prevención y combate de la violencia en El Salvador asciende a casi 270 millones de dólares anuales.

En esta cifra se incluye: el Órgano Judicial, del que forma parte el Instituto de Medicina Legal; la Fiscalía y la Procuraduría generales de la República, que se encargan de acusar y defender a los acusados, respectivamente; y Gobernación, que dirige los servicios de seguridad pública de la Policía Nacional Civil y los centros penales.

En medio de esta cadena de instituciones se encuentra la Fiscalía General de la República. Como es el ente que investiga los delitos, de su desempeño depende la consecución de la justicia. Pero de acuerdo con varios investigadores, este es el eslabón más débil de la cadena.

Indicadores

En un estudio sobre política criminal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) evaluó durante 2003 el número de casos diligenciados por la Fiscalía. De 94,912 ingresos, 39,178 llenaron los requisitos para ser judicializados. Pero sólo 1,729 fueron llevados a juicio, de los cuáles se logró una sentencia condenatoria en sólo el 48.9% (845 sentencias).

Siguiendo una metodología económica y sirviéndose de datos proporcionados por la Fiscalía misma, el Programa para las Naciones Unidas de El Salvador (PNUD) midió los niveles de eficiencia y eficacia fiscal durante un período de cuatro años, a partir de 1998 cuando se dieron las reformas del proceso penal que le otorgó a la Fiscalía el poder de dirigir las investigaciones. Los resultados son desalentadores.

En 2001, por ejemplo, el indicador de la eficiencia fiscal, que mide la capacidad de respuesta o procesamiento positivo, sólo alcanzó el 35%, un incremento de sólo 3 puntos con relación al año anterior.

También en 2001, el indicador de la eficacia fiscal, que mide el logro de los objetivos propuestos en las diferentes etapas del proceso judicial, mostraron un logro del 53%.

Obstáculos

Las autoridades de la Fiscalía no han refutado estos datos. Al contrario, en octubre de 2005, ante la Asamblea Legislativa le dieron un giro político a la valoración de la institución indicando que la situación actual es crítica y requiere de profundas reformas institucionales para resolver una larga lista de problemas, entre ellos: el procesamiento deficiente de la escena del delito; poca credibilidad en el manejo de la evidencia y su cadena de custodia; infraestructura técnica y científica inadecuada; un desbalance entre la prueba obtenida y la eficacia de la investigación; e, incluso, fallas en la dirección funcional de la investigación.

Uno de los problemas más serios, indicaron, es de carácter estructural. En la investigación de un homicidio, por ejemplo, participan tres instituciones: la División de la Policía Técnico Científica, Medicina Legal y la Fiscalía.

“Esa separación institucional es engorrosa”, señala Claudia Hernández, analista del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. “La investigación del delito debería ser un sólo proceso. Y ya que las leyes le asignan esa función a la Fiscalía, es necesario dotarlos de mejores capacidades y mejores herramientas, y la principal herramienta debe ser un instituto de investigación técnico científica”.

Sidney Blanco, juez 5o. de instrucción, concuerda. Una razón para explicar las deficiencias de la Fiscalía, dice, es “una política criminal errónea: la falta de voluntad para propiciar un instituto de investigación científica del delito”.

Cosas de poder

El 30 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó, en primera instancia, la creación de un “Instituto de Ciencias Criminales”. Hay indicaciones de que el FMLN no apoyará la ratificación de esta reforma y, debido a la fuerte inversión necesaria, otros partidos no están dispuestos a defenderla.

La paradoja de esto es que no hay ningún desacuerdo de fondo. Dirigentes de todos los partidos políticos y todas las instituciones que combaten la violencia están convencidos de que las organizaciones dedicadas a la investigación del delito deben ser integradas en una sola institución.

“Tenemos que reforzar la prueba científica”, dice Mario Alfredo Hernández Gavidia, director del Instituto de Medicina Legal, “y la prueba científica sólo la vamos a potenciar cuando todos estemos trabajando como un equipo. Pero hay muchos intereses de por medio, cosas de poder”.

Hasta ahora, todo parece indicar que el poder de la impunidad ha vencido al de la voluntad política.

Prueba para la credibilidad judicial

Parientes de José Adán Servellón, asesinado en la masacre de Zacatecoluca, reclaman justicia. Foto EDH

La idea de crear un instituto independiente que unifique los objetivos, las actividades y los recursos dedicados a la investigación científica del delito no es nueva.

Un estudio de viabilidad fue realizado para la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia por un equipo de forenses puertorriqueños en el año 2000. El proyecto, coordinado por Chemonics International, Inc., fue financiado por la Agencia Internacional para el desarrollo de los Estados Unidos (AID).

Ya en ese entonces, la propuesta de crear un instituto se enfocaba en resolver los problemas de la investigación científica del delito. Para combatir la impunidad judicial, argumenta el estudio, se hace necesario mejorar la calidad de las pruebas.

“Actualmente”, se manifestó el doctor Ramón Díaz, quién dirigió el equipo consultor, “el sentir de la sociedad salvadoreña se ha traducido a falta de confianza, transparencia y credibilidad hacia el Sistema de Justicia, incluyendo las áreas técnicas y científicas”.

Para Daniel Domínguez, jefe de la unidad de delitos contra la vida en la Fiscalía, este instituto concentraría los esfuerzos de las tres instituciones que investigan el delito, eliminando los conflictos actuales.

“Concentrar esfuerzos”, dice, “evitaría los trámites burocráticos para la obtención de los resultados”.

Un instituto, asegura, también eliminaría las disparidades de trabajo: tanto la “displicencia de los médicos forenses”, como los “problemas de convicción” de los agentes de policía en el manejo de la escena del delito y en la custodia de la prueba.

De acuerdo al doctor Mario Alfredo Hernández Gavidia, director del Instituto de Medicina Legal, la clave para “la credibilidad de esta instancia es que funcione de manera autónoma, ubicada en una sola infraestructura, capaz de defender su propio presupuesto y dirigida de forma colegiada”.

“Lo ideal sería que no dependiera ni de la Corte ni de la Fiscalía, porque la Fiscalía es un sujeto procesal en un sistema adversario y esto les daría ventaja con respecto a los imputados, cuando la ley exige que debería de haber igualdad”, afirma Guillermo Arévalo, magistrado de la Cámara Penal.