| Carlos
Sandoval*
El Diario de Hoy
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Decía en la nota anterior que la política ha recibido
muchas y diversas definiciones, pero que la más aceptada es la
que la considera como la ciencia del poder. También decía
que era el arte de lo posible, de lo que se puede hacer, alcanzar. No
tendría ningún valor real si se preocupara por asuntos irrealizables
o utópicos.
En la excelente obra Manual de Derecho Constitucional, el Dr. Francisco
Bertrand Galindo hace ver que la Constitución Política es
un conjunto de leyes que organizan el Estado y limitan el poder político.
El Estado salvadoreño, tanto como parte de las federaciones como
en forma independiente “nace y se desarrolla constitucionalmente,
hasta 1939, bajo el signo del liberalismo”.
No es sino hasta en la Constitución de 1950 que se hace ver la
necesidad de que el Estado intervenga en los asuntos sociales y económicos,
para armonizar los intereses de los empresarios y de los trabajadores.
En la de 1962 se introducen algunas enmiendas de carácter social,
y en la actual, de 1983, se mantienen los preceptos políticos,
sociales y económicos de primeras constituciones de 1950 y de 1962.
En la Constitución, el poder político aparece señalado
cuando se enumeran las facultades que se atribuyen a cada uno de los tres
Poderes u Órganos. El Legislativo, legisla; el Ejecutivo, ejecuta,
y el Judicial, juzga. Este poder político máximo está
limitado por la doctrina liberal de la división de poderes, doctrina
que tanto critican y desprecian los izquierdistas.
Lo que propone este principio liberal es que los mandatarios no reúnan
todos los poderes, sino que existan pesos y contrapesos. En los regímenes
socialistas de Stalin, Mao TseTung y Pol Pot, se despreció la división
de poderes. Lo mismo sucede en la actualidad con los de Cuba, Corea del
Norte y China. Es un contrasentido hablar de “dictadura democrática”,
como dijo recientemente el Presidente Hu Jintao.
También la Constitución reconoce expresamente los derechos
políticos de los ciudadanos salvadoreños: ejercer el derecho
del sufragio, derecho a acceder a un cargo público y asociarse
en partidos políticos, entre otros. Los partidos políticos
son, según la Constitu-ción, los únicos instrumentos
para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno.
Y sabiamente prohibe el partido único.
Cuando estuve en La Habana, en 1993, comprobé que las elecciones
fueron la carrera de un solo caballo. Se presentó un solo candidato:
Castro; un solo partido: el comunista; una sola ideología: la marxista;
un solo programa: el socialista; una sola propaganda: la oficial, y una
sola consigna: el voto unificado. Es un desatino mayúsculo, por
eso, decir que en Cuba existe democracia. Ningún gobierno se puede
llamar democrático, si no respeta la libertad electoral, aunque
atienda los derechos sociales y económicos.
La democracia política se basa en el voto libre de los electores
y es anterior a los derechos sociales y económicos; de lo contrario,
cualquier caudillo o dictador populista que le dé dádivas
al pueblo sería un demócrata, lo que es un contrasentido.
Siguiendo la definición de democracia de Pablo Lucas Verdú,
Bertrand Galindo considera que la democracia es fundamentalmente social
y económica. Dice que ésta “se basa en comprobaciones
de realidades socio-políticas”. Tal vez quiso decir socio-económicas,
para estar a tono con el pensamiento de Verdú. Disiento de este
criterio porque la democracia es fundamentalmente formal o política
y sólo después social y económica.
Para Norberto Bobbio el único punto en que los partidarios de la
democracia formal o política y los de la democracia sustancial
o social y económica podrían convenir es que una democracia
perfecta debería ser la que toma en cuenta tanto el aspecto formal
como el sustancial. Esta conjunción de la democracia formal y sustancial,
irrealizable hasta el momento, parece que está expresada en la
conocida definición de Lincoln que dice: “Gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo”.
*Columnista de El Diario de Hoy. carlos_sando1@yahoo.com

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