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Estados Unidos busca que salvadoreños puedan ser removidos en forma acelerada
El gobierno de ese país busca poner fin a una orden judicial de hace 20 años que protege a los ciudadanos de El Salvador que son atrapados al ingresar ilegalmente al país.
Publicada 16 de mayo de 2006 , El Diario
de Hoy
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
"Tenemos pendiente un gran paso para poder completar este trabajo, y eso es sacarnos de arriba una orden de la corte de hace 20 años que nos impide usar la remoción acelerada con respecto a gente de El Salvador", dijo hoy el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff.
"Tenemos legislación que ha sido introducida por miembros (del Congreso) que intenta ayudarnos a lograr justamente esto", explicó Chertoff.
El método de remoción acelerada consiste en negar una audiencia judicial a los extranjeros detenidos cuando intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, y mantener a la persona arrestada en un centro de detención hasta su remoción a su país de origen.
La Asociación de Abogados de Estados Unidos ("American Bar Association") rechaza la práctica de la remoción acelerada porque considera que niega a los inmigrantes el derecho al debido proceso.
Los ciudadanos de El Salvador no pueden ser puestos en el camino de una remoción acelerada debido a una decisión judicial de 1988, cuando ese país centroamericano sufría un enfrentamiento armado y estaba gobernado por una dictadura.
El magistrado actuante en el caso Orantes contra Estados Unidos que se dirimió en una corte de Los Angeles decidió que todos los salvadoreños debían tener derecho a una audiencia ante un tribunal por si estaban escapando de abusos en su país.
Pero ahora El Salvador vive en democracia y el sustento de la orden judicial ya no existe, por lo cual la administración Bush pretende hacerla caer y poder poner a los salvadoreños que ingresan ilegalmente en el programa de remoción acelerada.
El Departamento de Seguridad Interior está buscando hace meses terminar con esta orden, para lo cual recibió ayuda del Departamento de Justicia (Procuraduría General), que presentó una moción ante el Poder Judicial para que se levante la validez de esta sentencia.
Es que la administración Bush ha estado expandiendo el uso de
remoción acelerada en los
últimos meses en forma significativa, en sustitución del
método anterior de "atrapar y liberar", que fue criticado
por el presidente en varios discursos, incluido el de este lunes.
Bajo el método de "atrapar y liberar", cuando un ciudadano
de un país que no sea México es detenido en el intento por
ingresar ilegalmente, se le libera con la orden de presentarse a una corte
de inmigración.
Los ciudadanos de México son expulsados de inmediato y retornados
a su país pocas horas después de ser atrapados, pero las
personas provenientes de otros países son liberadas porque el proceso
de remoción lleva más tiempo y es más complicado,
y no hay suficientes camas en centros de detención para mantenerlos
bajo control hasta que se produzca la remoción.
Una vez que son liberados, muchos inmigrantes no cumplen en presentarse
ante el tribunal, sino que desaparecen en medio de los 280 millones de
habitantes que tiene Estados Unidos y permanecen ilegalmente.
En 2003, el 32 por ciento de los citados no compareció. El porcentaje
llegó a 60 por ciento en 2005, de acuerdo a cifras oficiales.
En su discurso del lunes, Bush aseguró que la práctica de
"atrapar y liberar" es "inaceptable", y reiteró
una promesa que viene haciendo hace meses: ponerle fin. Para ello, las
autoridades construyen nuevos centros de detención, uno de los
cuales empezó a funcionar esta semana en Texas con una capacidad
para alojar 500 personas, incluidas familias.
Pero los salvadoreños que son atrapados no pueden ser puestos en
este programa, aún si hay lugares disponibles en los centros de
detención, debido a la existencia de esta orden judicial que ahora
se está intentando derogar por ley.
Desde la creación del Departamento de Seguridad Interior en 2002
(decisión adoptada por Bush a raíz de los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001), un total de 17.500 ciudadanos no mexicanos
fueron detenidos y sometidos a la remoción acelerada.
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