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| Víctimas. Liu Xianhong, derecha, junto a su hijo Zhu Mengchang, en su casa en Xinzhuang, China. Foto
EDH |
The New York Times
Por HOWARD FREUND
El Diario de Hoy
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XINZHUANG. La vida de Liu Xianhong fue cambiada por segunda vez por su infección de Sida.
La primera vez fue hace siete años, cuando descubrió que ella, junto con su hijo recién nacido, había contraído la enfermedad mediante una infusión de sangre contaminada durante el parto.
A fines del año pasado, su historia fue publicitada por un periodista chino, convirtiendo la lucha de una mujer por obtener compensación en una causa célebre nacional para una nueva clase de activistas que usan el sistema legal de China comunista para luchar por la justicia social.
La experiencia de Liu, totalmente inimaginable hace apenas dos o tres años, es cada vez más común en China, donde un sistema totalitario afronta la creciente presión de una población que despierta al poder de las organizaciones independientes. Incontables millones de chinos, desde las ciudades ricas del este hasta el empobrecido campo, presionan a un sistema político inflexible para obtener compensación por cuestiones que van desde los malos servicios médicos y la confiscación ilegal de tierras hasta una terrible contaminación y la flagrante corrupción oficial.
Fue llevada a la Plaza Tiananmen, en Pekín, el sitio más famoso del país, por el empleado políticamente consciente del banco de sangre de Xingtai que lo acusó por primera vez públicamente de distribuir sangre contaminada a la mujer y a otras mil personas.
Allí, en medio de la multitud de personas que llegan de toda China cada mañana para observar la ceremonia de izamiento de la bandera – y ofrecen cierta medida de anonimato – , Liu, de 32 años, conoció a Hu Jia, uno de los principales activistas contra el Sida en China. Fue la introducción de Liu al mundo de las organizaciones no gubernamentales que luchan por un mejor trato para las personas con la enfermedad.
Regresó a Pekín dos veces más para asistir a reuniones que fueron programadas y reprogramadas en distintas locaciones, para evitar la detección por parte de la policía. Fue por medio de dichas reuniones que conoció a uno de los reporteros investigadores más agresivos del país, Wang Keqin, quien expuso su caso a la atención de la creciente clase activista de China, que comenzó a abogar por su causa.
Los dirigentes chinos parecen tener dos actitudes para confrontar esta tendencia. Previsiblemente, muchos advierten sobre los peligros que representa una sociedad civil independiente para la autoridad del estado. Pero hay otros que reconocen, aunque sea tentativamente, que el gobierno no puede resolver efectivamente todos los asuntos sin la contribución de los activistas, de las organizaciones cívicas y de los intelectuales.
Esta ambivalencia se vio ilustrada claramente el invierno pasado. En febrero, Hu, el activista del Sida, fue detenido y apresado sin explicaciones durante seis semanas. Pero, el primero de marzo, Pekín introdujo reglamentos nacionales más estrictos para regir la recolección y distribución de productos sanguíneos por parte de los bancos, un avance que los activistas atribuyen al menos en parte a su labor.
Cuando Liu comenzó a protestar, el año pasado, la policía de Xingtai la golpeó a ella, a su esposo y a otros parientes en un intento por silenciarlos. Después, cuando formó su propia ONG, conocida como el Grupo de Atención, el gobierno local lo declaró ilegal y amenazó con confiscar sus bienes. Pero perseveró y no fue apresada, como pudo haber sucedido hace apenas unos años.
Armada con una riqueza de nuevos contactos e información, Liu regresó a casa con un régimen de tratamiento más avanzado para su enfermedad y un abogado que rápidamente presentó una demanda para exigir una compensación.
Aunque sigue luchando en las cortes, otras cuatro víctimas del Sida en Xingtai han recibido una compensación, ya sea otorgada por las cortes o en acuerdos negociados, lo cual es un gran triunfo en un país comunista.

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