José
Miguel Cruz*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
La decisión de la nueva Asamblea Legislativa de realizar una
recepción para celebrar su primera sesión plenaria solemne
y gastarse en ella más de 25 mil dólares de sopetón,
puede resultar chocante para la mayoría de los salvadoreños,
sobre todo para aquellos que viven con menos de 1 dólar al día
y, que antes que en fiestas, viven pensando en cómo hacer para
sobrevivir día tras día.
Probablemente no hay nada en la legislación salvadoreña
que impida que los diputados entrantes decidan agasajarse con dineros
del Estado, por haber conseguido un escaño en el Congreso y, con
ello, el acceso a un mundo de posibilidades que, de otra manera, probablemente
no tendrían. Y algunos dirán que, después de todo,
los diputados tienen el derecho de agasajarse ellos mismos, sobre todo
cuando hay pocas probabilidades de que otros les ofrezcan esos halagos.
Ya lo dicen los diputados mismos, cuando enfatizan la “magnitud”
del evento y lo “mínimo” que se puede hacer para celebrar
el inicio de sus labores.
No, por favor, no me malentiendan. No estoy vituperando la profesión
de la política. Estoy convencido que los políticos --con
todo y que en la mayoría de casos resultan insufribles y costosos--
son necesarios. Pero, una cosa es celebrar una nueva etapa de labores
y hacerlo con los dineros propios y otra cosa muy distinta es hacerlo
sin haber hecho nada notable aún y utilizando el dinero de los
contribuyentes.
Además, una cosa es que alguna institución de prestigio
y respetada por toda la población decida darse un reconocimiento
por su trabajo en bien de la sociedad y del país, y otra muy distinta
es que la institución del Estado más desprestigiada del
país celebre una recepción, por un hecho tan normal como
comenzar a trabajar, antes de demostrar que su gestión puede ser
de beneficio para la sociedad.
El problema de que la nueva Asamblea inicie su período de sesiones
haciendo recepciones de dudosa justificación es que, aparte del
gasto que representan para el fisco, con ello contribuyen a reconfirmar
la ya pobre y deteriorada imagen de la Asamblea y de los funcionarios
del Estado. La Asamblea Legislativa es la institución que cosecha
los menores niveles de confianza del público salvadoreño,
y aunque esto no es reciente y parece ser ya parte de una costumbre en
la opinión pública nacional, lo cierto es que esta nueva
administración no parece estar encaminada a revertir ese proceso.
Alguna gente podrá decir que, después de todo, la confianza
de los salvadoreños en el Congreso Na-cional ha permanecido así
por años y que, vista en perspectiva, no ha bajado mucho en los
últimos años; pero lo cierto es que la Asamblea no ha descendido
más porque ya no hay lugar más bajo en la escala de confianza
ciudadana.
Una de las primeras cosas que se propone cualquier nueva administración
de una institución que enfrenta problemas de credibilidad es precisamente
demostrar la voluntad y el compromiso de ganarse la credibilidad del público,
para poder legitimar su trabajo venidero. La intención de festejarse
prematuramente, unida al retraso en la toma de posesión de la junta
directiva el pasado 1 de mayo, por las intenciones de un partido minúsculo
de obtener un mejor puesto para su secretario general, da muestras de
que estamos frente a un cuerpo institucional que no tiene intenciones
de reivindicarse frente a la población y que, peor aún,
probablemente no le interesa hacerlo.
Las declaraciones de un diputado diciendo que ese tipo de eventos brindan
la oportunidad de “dar un cambio de imagen” a la nueva legislatura,
revelan el grado de desconexión de los diputados con el más
mínimo sentido de ética y auguran más de lo mismo
en el llamado “primer órgano del Estado”.
Lamentablemente, este tipo de eventos viene a sumarse a la larga lista
de despilfarros que se hacen en el Estado salvadoreño. Las campañas
publicitarias para favorecer la imagen del Presidente, el lujo innecesario
--y de mal gusto-- en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y las
dietas que se recetan muchos de los concejos, son sólo algunos
de los excesos que se cometen en la administración del sector público
y que provienen del mismo mal.
A final de cuentas, la falta de escrúpulos de algunos funcionarios
públicos convierte el trabajo de la política nacional y
de la administración pública en una especie de fiesta permanente.
*Director del IUDOP de la UCA y columnista de El Diario de Hoy.

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