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Horrendos 10 casos en el olvido

Sin castigo. El Diario de Hoy ha tomado diez crímenes sucedidos en los últimos diez años que en su momento conmocionaron a la sociedad salvadoreña y le presenta cómo está judicialmente cada uno, además de traerle el sentir de las víctimas o parientes de éstas. En pocos casos el brazo de la justicia ha alcanzado a los responsables; en otros, el tortuguismo o la poca diligencia de las autoridades ha derivado en que esos crímenes hayan quedado en la impunidad.


Publicada 30 de abril de 2006 , El Diario de Hoy

Víctima: Autoridades judiciales durante la exhumación de los restos de Fernando Javier, asesinado el 19 de agosto de 1996. Foto EDH

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Sólo en tres de diez crímenes horribles, de los tantos que padeció la sociedad salvadoreña en los últimos diez años, se ha logrado hacer justicia. En el resto se ha hecho a medias, como en el asesinato del niño Maycol José Ticas, o se sabe quiénes son los asesinos, pero el brazo de la justicia no ha logrado sacarlos de donde se esconden.

Los parientes de las víctimas de asesinato entrevistadas por El Diario de Hoy no esconden sus ansias de que algún día, los responsables paguen por las vidas que segaron o, como en el caso de Melquisedec Bonilla, que los responsables y sus cómplices no vayan a burlarse de la sociedad.

En los sobrevivientes es notable la sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones encargadas de castigar el delito.

El reto para la Fiscalía y Policía se lo lanzan los agraviados por crímenes que hasta ahora se esconden a la sombra de la impunidad, derivada ésta de la poca diligencia de las autoridades, según lo dicen sin empachos quienes han quedado viudas o huérfanos de padres o hijos.

Por ejemplo, en los dos casos en que miembros de la Policía NacionalCivil han sido implicados, éstos no han sido llevados ante los tribunales.

En el caso de la masacre de Las Isletas, descaradamente varios compañeros solaparon la huida de seis de los ocho implicados y hasta la fecha ninguno de ellos, cuyas conciencias cargan cuatro muertes, ha sido capturado.

Que la policía estirara el brazo para capturar a los responsables de crímenes añejos y horrendos tal vez sería una forma de demostrar que se lucha contra la impunidad. Tal vez sería la forma de devolver un poco de esperanza a quienes creen que apurar a las autoridades para que agilicen una investigación, es nadar contra corriente, como lo dijo un pariente de los tres asesinados por un policía durante un baile en El Carmen, Cuscatlán.

Masacre Las Isletas
Asesinados por la misma policía


Quienes debían cuidar a los pobladores del cantón Las Isletas se convirtieron en asesinos la noche del 23 de marzo de 1996, luego de emborracharse en un antro local, según determinó la investigación.

Fallido rescate: Escena donde murieron dos policías, dos secuestradores y el niño Gerardo Villeda Kattán, quien había sido secuestrado. La policía intentó rescatarlo, pero falló.

Ocho policías, idiotizados por el alcohol, mataron sin razón alguna a Nemesio Sánchez, Tomás Hernández y Will Alfredo Guatemala, de 13 años, cuando estos cenaban en una vivienda. Esto fue a las once de la noche. Noventa minutos después acribillaron a José Fausto Díaz y a Gilberto Marroquín, luego de que éstos, aparentemente, les reclamaran por los tres muertos anteriores.

Por el hecho, los ocho policías fueron apresados y las investigaciones, a despecho de jerarcas policiales, progresaron hasta llevar el caso a un juzgado que decidió condenar a los ocho imputados.

Pero a los pobladores de Las Isletas les faltaba beber todavía el trago amargo de un malentendido “espíritu de cuerpo” o “compañerismo”.

Justo un día antes de que una jueza notificara a los imputados sentencias que oscilaban entre los 12 y 125 años de cárcel, seis de los implicados se fugaron “inexplicablemente” de la delegación policial de Zacatecoluca, donde habían sido confinados a guardar arresto domiciliario mientras se depuraba la investigación. Sólo dos, los que recibirían las condenas de 12 años, no escaparon.

Hasta hoy, la policía no ha recapturado a ninguno de los seis fugitivos pese a que más de alguno y en más de una ocasión, vecinos del cantón aseguran haberlos vistos vendiendo ropa de casa en casa por lugares aledaños.

Los lugareños tienen presente aquella noche en que la muerte se paseó uniformada de gendarme. Los parientes de las víctimas hablan del caso con resignación a que la mayoría de los asesinos nunca pagará sus delitos.

Impune: Hilda Jiménez carga la foto de su hija Katya, durante una marcha para pedir castigo a los asesinos de la niña.

Los lugareños aseguran que Gilberto Marroquín se recuperó de las heridas pero una renquera le recordará de por vida aquella tragedia.

La madre del Will Guatemala, el menor asesinado, a poco de la tragedia emigró a Estados Unidos con la niña que vio morir a su hermano a manos de la policía.

De los policías asesinos que decidieron afrontar la justicia nada se sabe. Están a menos de dos años de cumplir su condena de doce años, si es que no están libres ya, acogidos a algún beneficio penal.

Caso Fernando Javier
Víctima de la ambición de un microbusero


El plan habría sido perfecto si uno de los cómplices no hubiese abierto la boca. De no haber ocurrido eso, el plagiado nunca hubiera aparecido y un microbusero de la ruta 38-E hubiera cobrado un jugoso seguro de vida.

Este es el caso de Fernando Javier Rodríguez, un joven de 19 años a quien mataron para suplantar a Juan Carlos Calderón. Simulando su muerte, éste cobraría 1.8 millones de colones en seguros.

El joven desapareció la noche del 19 de agosto de 1996, cerca de su residencia en el barrio San Jacinto de San Salvador.

Dolor: Blanca Lemus aún se duele por el asesinato de su nieto, Edenilson. El responsable fue condenado a 30 años de cárcel.

A la mañana siguiente, en un lugar de Apopa fue encontrado un cadáver carbonizado dentro de un auto. Al sitio se presentó Claudia Geraldine Castillo, quien dijo que el cuerpo era de Calderón, su amante. Así quedó establecido por varias semanas hasta que un cómplice del crimen, Arturo López, alias Tomatada, se fue de la lengua con una mujer. Esta sirvió de testigo clave en el caso.

Luego, a principios de 2001 una prueba genética determinó que el cadáver calcinado no era de Juan Carlos Calderón sino de Fernando Javier.

Días después, una jueza de Apopa ordenó detener a Calderón, Claudia Castillo y a Arturo López, este último por haber sido quien secuestró al joven.

Pero a casi diez años de haber sucedido el hecho, sólo López sigue preso.
Según la oficina de Interpol en El Salvador, han sabido de Calderón y Castillo que se desplazaban entre Nicaragua y Costa Rica. Allí permanecieron sin que fueran localizados pese a que se hicieron los esfuerzos con las policías locales.

Pide justicia: María Rodríguez, madre de Aldo Jovel, uno de los tres hombres asesinados por el policía Damacio Mejía, en un baile el 15 de febrero de 2004.

Lo último que han sabido es que Calderón estaba liado con una banda de narcotraficantes en México, pero hasta allí. El caso no ha avanzado más.

El expediente por este crimen de avaricia sigue archivado hasta que algún día ambos fugitivos sean capturados.

Caso Valle Nuevo
un narcocrimen, de los pocos castigados


La crueldad refinada que rodeó el asesinato de tres mujeres y cuatro niños en el reparto Valle Nuevo aquel 21 de octubre de 1996, llegó a tal grado que justo cuando la Policía y la Fiscalía diligenciaban la escena del crimen, un hombre llamó al teléfono de la casa y dijo: “Espero que estén bien. Me las cuidan”. Nada más y colgó.

Pero a diferencia de centenares de crímenes, la “Masacre de las Gaytán” o “Masacre de Valle Nuevo”, como se conoció el caso, no quedó en la impunidad.

Quince meses después, cuatro hombres que trabajaban en la ruta de microbuses 29-A fueron sentenciados penas de hasta 30 años de prisión acusados de ser los autores materiales.

En septiembre de 1998, Miguel Ángel Pozo Aparicio fue traído desde Panamá, donde se había refugiado.

Asesinada: Virginia Ventura (Der.) asesinada el 17 de diciembre de 2005. Fue testigo de descargo en el asesinato del niño Maycol José Ticas.

Según un hombre que se arrepintió de participar en la matanza, a quien la Fiscalía lo tomó como testigo clave en la investigación, Pozo Aparicio contrató a los microbuseros para matar a la familia.

El móvil habría sido el cobro de una deuda a un hombre que tenía contubernios con Pozo en el negocio de drogas.

Era a la familia de ese desconocido que los sicarios debían asesinar pero se estableció que se equivocaron de familia.

Asesinato de Katya
en la impunidad por la desidia


La violación sexual y el asesinato de la niña Katya Miranda es, posiblemente, el lenguaje claro de la impunidad que puede cubrir a un crimen.

Para el nuevo Fiscal General, Félix Garrid Safie, es un caso realmente emblemático, según lo dijo en una entrevista.

El Fiscal se ha comprometido a revisarlo con profundidad y ver qué opciones le plantea la ley para reabrirlo. “Si hay oportunidades que la ley nos permita invocar, lo vamos a hacer. Si no, será un caso perdido”, afirmó Safie en su primera entrevista con El Diario de Hoy.

Han pasado ya siete años desde que Katya fue asesinada y por hoy el caso está archivado. Algunos lo consideran cerrado porque ya no tienen más cabos que atar, ya revisaron todos los hilos de la madeja. Para otros, simplemente hay cabos que no quieren atar o hilos que no quieren tocar.

Postrado: Melquisedec Bonilla permanece inconsciente desde el 10 de agosto de 2005 cuando dos sujetos le asestaron dos balazos en la cabeza. Su novia, Cindy Zelaya, fue encontrada días después con uno de los agresores.

Katya fue asesinada el 4 de abril de 1999. La sustrajeron de entre dos capitanes del ejército (uno de ellos encargado de la seguridad presidencial) y un subcomisionado que a la sazón era el subjefe de la extinta División de Investigaciones Criminales (DIC), unidad élite de investigación policial.

De una decena de personas que acampaban alrededor de Katya, ninguna se enteró del crimen. Hilda Jiménez, la madre de la niña, ha dicho que no descansará hasta que el caso sea castigado. Pero de momento, los 30 años de prisión que ella pidió para los culpables, tendrá que esperar...

El caso Villeda Kattán
un rescate con sabor a tragedia


La mañana del 21 de junio de 2001 no fue menos cruel que la del 4 de abril de 1999, cuando Katya Miranda fue asesinada. Esta vez un niño de nueve años, Gerardo Villeda Kattán, fue asesinado en un intento por rescatarlo con vida de varios secuestradores que minutos antes lo habían plagiado camino a su colegio.

Además del niño, dos secuestradores y dos policías que intentaron el rescate murieron en el acto. Otros dos agentes fueron lesionados de bala.

Sospechosos: Cindy Zelaya junto a Domingo Majano, el día en que ambos fueron capturados. El está preso; ella, en arresto domiciliario, esto es, en su casa.

Por el hecho fueron capturados seis secuestradores más que se hallaban en la casa donde se produjo el enfrentamiento, en la ciudad de Mejicanos.

Seis días después de la tragedia, Eduardo Henríquez, alias “Gigio”, a quien se le atribuía el asesinado del menor, fue asesinado por otros dos convictos de secuestro en el penal de San Francisco Gotera, donde fue enviado a prisión preventiva.

El caso del asesinato se cerró con condenas para los asesinos tanto del “Gigio” como para el resto de secuestradores de Villeda Kattán. El procedimiento utilizado en el rescate fue puesto en entredicho y poco a poco se hizo creer que fue el correcto.

De la vorágine de sangre que desató el rescate fallido, sólo un policía salió ganancioso. Este, que fue quien ordenó el procedimiento de rescate, ha formado vida marital con una de las viudas dejada por uno de los policías del Grupo de Reacción Policial (GRP) que murieron aquel 21 de junio de 2002.

Ese hecho indispuso a varios miembros del GRP que no vieron con buenos ojos el procedimiento ordenado aquel día y que, para rematar, se había quedado con la mujer de “su mejor amigo”.

Caso Rosa N.
la mujer que nadie decapitó


El descuartizamiento de una mujer joven que trabajaba en una cervecería que funcionaba a menos de dos cuadras del cuartel general de la Policía Nacional Civil (PNC) marcó el inicio de una nueva forma de aterrorizar a la población.

El 9 de noviembre de 2002 en una banca del Parque Libertad de San Salvador apareció una cabeza de mujer en un maletín negro. En días posteriores, aparecieron otras partes del cuerpo sin que de éste llegara a encontrarse la totalidad.

Semanas después, la policía capturó a varios pandilleros de la Mara 18, incluyendo el supuesto líder nacional de esta, Carlos Ernesto Mojica Lechuga (a) Viejo Lin, a quienes acusó de ser los autores del decapitamiento de la mujer a quien en la investigación, y al menos mediaticamente, sólo se le conoció como Rosa N., pues las autoridades aseguran que nunca lograron identificarla.

La investigación contra decenas de pandilleros fue apuntalada en la declaración de una supuesta pandillera que participó en el descuartizamiento y a quien la Fiscalía y Policía le dieron protección por ser testigo clave.

La supuesta testigo se le conoció en el proceso judicial como Lucero. Ella relató con lujo de detalles la forma como el Viejo Lin y sus secuaces habrían matado a la joven por el simple hecho de mantener una relación amorosa con un marero de la Salvatrucha y vivir en un territorio dominado por la 18.

No queda claro si los mareros fueron más inteligentes que los policías y fiscales que investigaron el caso, o si las autoridades se dejaron sorprender la buena fe al creer lo que les dijo Lucero.

Lo cierto es que todos los pandilleros fueron declarados inocentes porque el Viejo Lin y otros supuestos líderes lograron comprobar que el día que Rosa N. fue decapitada, ellos estaban presos en la delegación de Soyapango.

Según Lucero, el Viejo Lin y varios pandilleros más se trasladaron de Soyapango hacia la cervecería Mima, donde trabajaba la víctima y cometieron el hecho, en un microbús de la ruta 41-A. Lucero detalló las características de la unidad.

Asimismo, la testigo dijo que cuando el Viejo Lin llegó a la cervecería, en ésta había ya unos 25 mareros de la colonia IVU, el dueño del establecimiento, una empleada y la futura víctima. Sin embargo, nunca se supo que las autoridades investigaran a estas tres personas y se limitaron a encausar a los treinta y tantos pandilleros.

Al cabo de varios meses, la Fiscalía y la Policía perdieron el caso. Lucero fue declarada como testigo mendaz (mentirosa) por un juez que conoció la causa.

Al final de todo, la única gananciosa fue Lucero, quien posteriormente recibió ayudas por su colaboración con la justicia.

Cuatro años después, las pandillas han decapitado a decenas de hombres y mujeres, entre estos una estudiante universitaria cuyos asesinos están tras las rejas.

Pero en el caso de Rosa N. la Fiscalía y policía no han hecho nada por investigar ese terrorífico crimen. Ni siquiera se sabe la verdadera identidad de la víctima.

CasoEdenilson Guillén
Un músico parricida condenado a 30 años


A sus escasos tres años, Edenilson Rivera soñaba con ser cantante como su padre, José Ricardo Rivera, a la sazón miembro del grupo musical La Élite.

Una foto amplia en la que Edenilson viste un traje azul y simulando un micrófono con su puño derecho, adorna la casa de sus abuelos maternos, Salvador Guillén y Blanca Lemus, en el cantón El Jardín, de Chalatenango.

Que el niño no quisiera comer cebolla y tomate fue sólo motivo aparente que el cantante tuvo para propinarle una golpiza que derivó en la muerte del niño, el 23 de noviembre de 2002.

Según el proceso judicial y los parientes maternos del infante, el convicto maltrataba al niño desde que estaba en el vientre de Elba Marina Guillén, madre de la víctima. La razón: los celos porque el niño no se parecía a él sino a la familia Guillén: de tez blanca y ojos claros.

El crimen de Edenilson es uno de los pocos que no quedó impune. Su asesino, el propio padre, purga una condena de 30 años, de los que lleva poco más de tres pero aún no ha pagado los 15 mil colones que el Juzgado 5o. de Sentencia le impuso como indemnización para los agraviados.

Los abuelos del niño están satisfechos por la condena y aseguran que estarán vigilantes para que el asesino pague hasta el último día de cárcel a que fue sentenciado.

La indignación por el asesinato es tal que otros parientes del niño agradecen que se haya hecho justicia, porque de esa forma se evitaron más líos pues algunos aseguran que estaban dispuestos a hacerse su propia justicia si las leyes fallaban.

Impunidad policial
El baile de la amistad saldado con 3 muertos


El 14 de febrero de 2004, los dirigentes del club de fútbol El Carmen, del municipio del mismo nombre, de Cuscatlán, organizaron un baile del Día de la Amistad para recaudar fondos para el equipo.

Para que todo saliera bien, pidieron al puesto de policía local que enviaran agentes a la escuela donde se haría la fiesta para que todo estuviera seguro.

Pero resultó que en la madrugada del 15 de febrero, cuando el baile estaba por terminar, uno de los policías que garantizaban la seguridad se convirtió en asesino y el resto en sus cómplices, al no hacer nada más que suplicarle que desistiera de disparar con su arma de equipo, un fusil automático.

José Damacio Mejía González comenzó una riña en la que acabó matando a tres e hiriendo a varias personas más.

Los muertos fueron identificados como José Raúl Martínez, Carlos Antonio García y Aldo Bladimir Jovel. Mientras que Óscar Armando Sánchez quedó renco de por vida a consecuencia de las lesiones.

Según varios sobrevivientes, la agresión policial fue sin razón aparente. Comenzó con un golpe que Mejía González propinó a Aldo Bladimir, mientras este bailaba con su mujer.

A los reclamos del agredido y de otros, el policía comenzó a disparar, mientras los otros tres agentes se limitaban a sugerirle que dejara de disparar.

El tipo no les hizo caso y cuando los tres hombres estaban sin vida se marchó del lugar sin que los otros policías hicieran nada por detenerlo. Llegó al puesto policial tiró el fusil y se fue.

Dos años han pasado y la matanza ha quedado en el olvido y la impunidad, pues el tipo de quien se dijo que pertenecía a la mara Salvatrucha, no ha sido capturado por la corporación policial.

Parientes de las víctimas cuentan que lo han visto en Cojutepeque y en Santa Cruz Michapa. Se ha dejado crecer el bigote y la barba y usa lentes.

Mejía Juárez ya tenía antecedentes violentos cuando en San Miguel, durante un cacheo, mató a un joven. La familia no se explica por qué la institución policial seguía empleándolo. Según Teresa Rodríguez, madre de Aldo Bladimir, en la reconstrucción de los hechos que ordenaron las autoridades, “bien se vio que los demás policías pudieron evitar la matanza”, asegura la mujer que se gana la vida echando tortillas.

“Cuando les matan uno de ellos (la policía) sí investigan bien y rápido capturan a los asesinos; pero cuando uno de ellos mata, se hacen los locos y se ve que no hacen nada por capturarlos”, asegura un pariente de otra de las víctimas.

A familiares de las víctimas, el caso les sabe a impunidad. Parientes de Óscar Armando Sánchez aseguran que en la Fiscalía les repugna que les lleguen a preguntar sobre los avances del caso.

“Cuando íbamos a preguntar (del caso) ellos nos contestaban que ellos saben cómo llevan las cosas y que no pueden acelerar la investigación más de lo que están haciendo”, asegura una mujer.

“Siento que tocarles las puertas a ellos (Fiscalía y Policía) es nadar contra corriente”, afirma otra mujer. “Si fueran personas adineradas otro gallo nos cantara. A las personas con dinero ligero les resuelven las cosas. Tal vez uno es el culpable pero en un santiamén arrestan a cuatro”, dice con sorna una familiar de Sánchez.

De la masacre perpetrada por José Damacio Mejía Juárez quedaron varios huérfanos. Óscar Sánchez, por ejemplo, la vida no le alcanzó para saber que su mujer quedaba embarazada.

¿Quién mató a Maycol?
fgr, satisfecha con la condena de cómplice


El asesinato de Maycol José Ticas Clímaco, de cuatro años, ocurrida el 17 de junio de 2004 en el Desvío de San Vicente, aún sigue derivando en problemas para los involucrados en el caso.

Pese a que el 7 de marzo de 2005 Leidin Franco fue condenada a pasar 30 años de cárcel por complicidad en el infanticidio, Virginia Ventura, una mujer que sirvió como testigo de descargo de la condenada, fue asesinada el 17 de diciembre anterior dentro de un bus.

La madre de Leidin, María Franco, asegura que ese asesinato es consecuencia de que Ventura estuvo involucrada en el caso como testigo. Un año antes fue asesinado Omar Isaías Rodríguez, quien también era testigo de descargo en el caso.

De estos dos casos, la Fiscalía de San Vicente no ha investigado nada, pese a que de ambos asesinatos hay testigos, y las familias de las dos víctimas han señalado a sospechosos a quienes vinculan con parientes de Maycol.

Lo más desconcertante del caso es que, según lo ha dicho una fuente de la Fiscalía de San Vicente, el caso está archivado. Desde la sentencia de Leidin Franco el expediente reposa, pese a que del asesinato aún falta investigar quién o quiénes fueron los autores directos, pues hasta el momento sólo se ha condenado a una cómplice.

Según la Fiscalía, hay más personas involucradas pero de éstas no tienen indicios. De ahí que no se haya movido un dedo para llegar hasta el autor material.

Por su parte, la única condenada por el asesinato se encuentra en un reclusorio femenino de San Miguel, desde donde, pese a la condena, insistió en ser inocente y se preguntó por qué no se ha hallado a los verdaderos culpables.

Mientras, trata de paliar su encierro integrándose a cuantos cursos de aprendizajes de oficios que hay en la penitenciaría: al menos siete diplomas se ha ganado en la cárcel, pues ya no podrá cursar la licenciatura en Jurisprudencia que estudiaba cuando fue capturada. El padre del menor, Jimy Ticas, que al principio de proceso fue sospechoso, se marchó hace varios meses a Estados Unidos. Vive en Boston.

Caso CindyZelaya
Un cínico noviazgo que sumió al novio en coma


A Melquisedec Bonilla el amor por una mujer lo ha sumido en un coma desde el 10 de agosto anterior, en Jucuapa, Usulután, cuando desconocidos, en supuesto contubernio con Cindy Zelaya, que a la sazón era su novia, le pegaron dos balazos en la cabeza.

El día del crimen, Cindy desapareció y habitantes de Jucuapa y municipios aledaños se unieron en su búsqueda y hasta se organizaron manifestaciones para exigir la libertad de la joven. Pero mientras Melquisedec se debatía entre la vida y la muerte, a la que ha vencido a medias, ella, según las investigaciones, se la pasaba a entera satisfacción con Domingo Majano, uno de los dos presuntos criminales en una recóndita zona rural de San Antonio del Mosco, del departamento de San Miguel.

Ambos llegaron a una casa con el cuento de que eran esposos y que no tenían dónde vivir. Así pasaron 13 días, durante los cuales Majano salía con sus anfitriones a hacer labores agrícolas para descontar la posada y la comida. En esas salidas que hacía Majano, Cindy se quedaba en la casa donde se hospedaba.

Trece días más tarde, investigadores policiales de San Miguel detuvieron a Zelaya y a Majano. La mujer entonces dijo que estaba con el sujeto contra su voluntad, esto es, privada de libertad.

Pero, según la Policía, al momento de las detenciones nada hacía sospechar de que Cindy estuviera diciendo la verdad.

Las autoridades y los parientes de Melquisedec se preguntan por qué ella no hizo por escapar mientras Majano se ausentaba de la casa, o por qué no buscó ayuda en los anfitriones diciéndoles que el fulano la había raptado.

Por ahora, el cuerpo flácido de Melquisedec es llevado de una silla de ruedas a un sillón ortopédico o a la cama.

No está plenamente inconsciente, pues cuando escucha su nombre levanta un poco la cabeza o mueve el brazo izquierdo.

Para Melquisedec la Navidad pasada fue un suplicio, según su abuelo, en cuya casa vive. Cuando escuchaba las detonaciones de los cohetes, sus ojos expresaban angustia, quizá al recordar los dos disparos que le metieron en la cabeza cuando regresaba con su novia (Cindy Zelaya) de la universidad donde ambos estudiaban.

Por ahora, a Santos Bonilla, el abuelo, sólo le queda lamentar la desgracia de su nieto, a quien describe como oficioso, deportista y estudioso, pero que tuvo la mala fortuna de liarse en una relación que, después de dos años y medio, acabó con la felicidad de la familia.

Cindy por ahora es procesada por el ilícito de simulación de delito (la privación de libertad que ella alega), pero la justicia ha sido benévola con ella pues de momento se encuentra en su casa donde la Policía de Jucuapa la vigila.

El cinismo de Cindy, según la familia Bonilla, la llevó a hablar por teléfono con el abuelo del joven. Cuando aquel le increpó el suceso, ella simplemente le dijo que no sabía nada del hecho.

La familia, mientras tanto, sufre la carga económica que supone los gastos médicos de Melquisedec, el gasto diario en pañales desechables y los más de 70 dólares que mes a mes deben pagar de electricidad, derivados del aire acondicionado que necesariamente por el mismo estado de inmovilidad de Melquisedec, han instalado en la habitación del joven.

Si usted quiere ayudar a la familia de Melquisedec Bonilla, puede comunicarse al teléfono 2613-0036.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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