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Ley de Ética
Látigo que promete castigar la corrupción

Aprobada. Los diputados avalaron anoche el cuerpo legal para prevenir, detectar y sancionar a los funcionarios corruptos. Un Tribunal de Ética será el encargado de asegurar que se cumpla esta legislación, que entrará en vigencia el 1 de julio. La validación de esta normativa sucedió con 69 votos


Publicada 28 de abril de 2006 , El Diario de Hoy

Wilfredo Salamanca / Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La Asamblea Legislativa aprobó anoche, con 69 votos, la Ley de Ética de la Función Pública que servirá para sancionar la corrupción cometida por cualquier funcionario.
Todas las fracciones levantaron la mano para que el decreto fuera avalado.

El cuerpo legal, que entrará en vigencia el 1 de julio, obligará a todo burócrata a presentar una declaración jurada de su patrimonio, y aplicará para los que sean contratados temporal o permanentemente.

Sin descartar la cárcel (aunque tampoco especifica en cuáles casos aplicaría), la ley establece la censura pública y la pérdida de inmunidad para el corrupto.

Aclara que su aplicación comprende a los funcionarios que ejerzan su cargo producto de una elección, nombramiento o contrato para laborar en cualquier entidad estatal o municipal dentro o fuera del país.

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Para asegurar el cumplimiento de esta normativa, los diputados aprobaron la creación de un Tribunal de Ética Gubernamental que integrarán representantes de los tres Órganos de Estados, el Ministerio Público y la corporación de municipalidades.

La nueva legislación establece una serie de prohibiciones éticas, como la utilización indebida de los bienes y patrimonio del Estado.

Persigue la solicitud o aceptación directa o por terceros, de dádivas, regalos, pagos, honorarios y otro tipo de regalías a cambio de ejecutar acciones relacionadas con las funciones del cargo público.

La utilización de información reservada o privilegiada, o si un servidor público se vale de su cargo para obtener provecho particular, también es sancionado.

Establece como conductas antiéticas los casos en los que un burócrata se niegue a proporcionar datos estrictos sobre su función pública.

Otras sanciones

Se prohíbe además que un funcionario nombre en la institución que preside o labora a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

También será sancionada la retardación sin motivo legal de los trámites o la prestación de los servicios estatales, así como la alteración de los documentos oficiales.

Favorito. El abogado Carlos Méndez Flores (sentado al centro) sería una de las cartas de ARENA para la Corte Suprema. Foto EDH

Los funcionarios tampoco podrán hacer proselitismo partidista y religioso en las instituciones públicas o durante el cumplimiento de las labores.

El marco establece que no se puede tener dos o más empleos simultáneos en el sector público, salvo los casos permitidos por la ley.

Correctivo

La Ley de Ética define las sanciones con base en el grado de gravedad de la irregularidad cometida.

En casos de utilización indebida de bienes y patrimonio del Estado que no superen la infracción penal, la ley obliga la devolución, restitución o reparación de lo aprovechado.

Los despidos sin responsabilidad patronal para la indemnización del empleado público aplicarán cuando se hayan aceptado regalías, o se haya alterado documentos oficiales; también por usar información confidencial y prevalecerse del cargo para obtener rédito personal.

La censura pública también procederá en los casos anteriores, y lo mismo sucederá si el burócrata no presenta la declaración jurada de sus bienes o no se excusa de participar en asuntos que le signifiquen conflicto de interés.

Magistrados CSJ, punto de discordia

El G-13, formado por el FDR, CD y PPSC intentó ayer demostrar unidad al rechazar las propuestas de ARENA y PCN para la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ayer se conoció que ARENA insiste en convertir en magistrados de la CSJ al ex Fiscal General, Belisario Artiga; y al abogado Carlos Méndez Flores.

El partido de las manitas insistiría con Jesús Antonio Portillo Anchissi, su apoderado legal, quien logró, mediante un amparo ante la Corte Suprema, que “resucitara” esta formación después de que los resultados de la elección presidencial de 2004 lo condenaran a morir.

Mientras, el PDC estaría pujando para que su diputado electo por Santa Ana y ex Fiscal General, Arturo Argumedo, logre el máximo sueño de un profesional de las leyes: una magistratura en la Corte.

La quinta silla en el organismo llegaría al G-13 de forma indirecta. El FDR, principalmente, apoyaría la nominación del actual Procurador General, Gregorio Sánchez Trejo, a cambio de que el todavía alcalde capitalino, Carlos Rivas Zamora, le sustituya en esta institución del Ministerio Público.

La ventaja de esta situación la obtiene el FMLN, que pide que esta elección la realice la otra legislatura.

El Tribunal y comisiones, en vigilancia

Pendientes. Cualquier persona podrá quejarse. Foto EDH

La Ley de Ética de la Función Pública contempla dos agentes para vigilar el desempeño de los funcionarios: el Tribunal de Ética Gubernamental, y las comisiones de ética.

El Tribunal de Ética Gubernamental funcionará como un cuerpo colegiado de cinco miembros, y entre sus funciones se establece la capacitación de funcionarios sobre las normas éticas, y definir mecanismos para garantizar la transparencia en la administración pública.

Uno de los miembros será elegido por la Asamblea Legislativa; otro por el Órgano Ejecutivo; uno más lo elegirá la Corte Suprema de Justicia; el cuarto por la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures); y el último lo pondrá el Ministerio Público.

Las comisiones de ética funcionarán en la Asamblea, Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, Secretarías de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral e instituciones autónomas o descentralizadas. También habrá una para todas las municipalidades del país.

Tendrán tres miembros: uno electo por el titular de la institución; otro, por el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental; y un tercero, por elección de los funcionarios y empleados.

La función será recibir denuncias, capacitar al personal, dar seguimiento a las resoluciones del Tribunal y proponerle a éste medidas para prevenir la corrupción.

Facilidades para la denuncia

La participación de los ciudadanos podría asegurar el éxito de esta normativa

- La ley faculta a cualquier ciudadano a denunciar las conductas antiéticas de los servidores públicos.
- Las quejas serán presentadas a las comisiones de ética que se crearán en cada entidad del Estado.
- El Tribunal de Ética estará obligado a difundir el contenido de la ley. El Ministerio de Educación lo incluirá en todos los niveles académicos.

Penas a deshonestos
Estas son las penalizaciones por algunas de las faltas incurridas
Amonestaciones
Escrita. Se amonestará si, por primera vez, se usan de manera indebida los bienes del estado, aceptar sobornos o tener conflicto de intereses, etc.
Censura
Para cuando se acepte regalías o dádivas en su función, cuando evada el informe sobre su gestión, altere documentos, use información privilegiada, etc.
Sin privilegios
El funcionario que tenga una censura pública perderá cualquier derecho, poder o privilegio administrativo del que goce en la función de su cargo.
Restituir daños
El servidor que utilice en forma indebida los bienes del Estado deberá devolver, restituir o reparar el bien que fue afectado con su conducta antiética.
Despido
Quien llegue a prevalerse de su cargo y a utilizar la información reservada para obtener beneficios privados, será sancionado con despido.
Queda prohibido:
Estas serán las principales restricciones impuestas
Regalías y pagos
Los funcionarios y servidores públicos no deben aceptar regalías y pagos por acciones relacionadas con su cargo.
Intereses personales
Está prohibido a los funcionarios llegar a aprovecharse de su cargo para obtener o procurarse intereses particulares.
Uso de información
No podrá utilizar, para beneficio privado, la información reservada o privilegiada que obtenga en función de su cargo.
Restringir información
No estará permitido negarse a proporcionar información de las función pública que desarrolle el empleado estatal, salvo excepciones.
Nombramiento de familiares
Los funcionarios al mando no podrán contratar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Proselitismo partidista
Se prohíbe realizar proselitismo partidista y religioso en las instituciones públicas o en el desempeño de la función del empleado.
Mal uso de
los bienes
Los empleados de las instituciones públicas no podrán utilizar irregularmente los bienes y patrimonios del Estado.
Alteración de documentos
Estará prohibido alterar documentos, así como discriminar de cualquier forma a personas en la prestación de un servicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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