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| Apoyo. Habitantes de la Comunidad,
durante una reunión en el Sínodo Luterano, que respaldan
al obispo y a Molina. Foto EDH |
Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El terremoto del 10 de octubre de 1986, a muchos les sentó bien,
pues años después les sirvió de subterfugio para
sumar un inmueble a sus haberes.
Eso sucedió en la comunidad Gómez Anderson, según
lo afirman vecinos de la misma, y lo aceptan los señalados de agenciarse
casas en el proyecto sin tener necesidad real de ellas.
En 1992 se fundó la asociación cooperativa de vivienda,
ahorro, crédito y consumo de las comunidades unidas por el terremoto
del diez de octubre de mil novecientos ochenta y seis (Acoviacut).
La cooperativa surgió para ser objeto de donación de un
terreno que la Iglesia Luterana consiguió comprar con fondos donados
por la comunidad internacional.
El espíritu de la donación, según el obispo Medardo
Gómez, fue ayudar a familias pobres afectadas por el terremoto.
Y ahí surgió la figura de José Molina, quien tocó
las puertas de los luteranos para conseguir fondos y ayudar a esas familias.
Sin embargo, sin que la Iglesia lo supiera, según lo admitió
el representante de la misma, Acoviacut, presidida por Molina, decidió
vender los lotes repartidos a cada familia. La Iglesia dice que desconocía
eso y supone que fueron decisiones de la cooperativa.
Pero, además, del proyecto se aprovecharon personas que no necesitaban
de una casa porque no fueron damnificadas por el terremoto de 1986. Estas
se agenciaron una casa que ahora alquilan, aunque los propietarios lo
niegan y dicen que las han dado prestadas.
Entre esas personas está José Molina, propietario de una
de las mejores casas que nunca la ha habitado porque, según lo
admite, nunca tuvo necesidad de hacerlo.
Ganancia
Molina dice que se metió en el proyecto no más para ayudar.
Afirma que nunca ha vivido en esa casa, que ahora es habitada por otra
persona sin que medie el pago de alquiler.
Según Molina, se ganó la casa porque trabajó día
y noche con pala y piocha para que prosperara el proyecto. Incluso, asegura
que para completar la construcción de la primera etapa (32 casas)
él puso de su bolsa 30 mil colones.
Pero no sólo Molina se habría aprovechado. También
lo hizo Leonila Martínez, quien nunca ha vivido en la comunidad
de calles polvorientas.
Aseguran que Martínez tiene otros inmuebles y no tiene necesidad
de una casa en esa comunidad.
Pero el marido de Martínez dijo el viernes que no es cierto que
su mujer tenga más propiedades.
El hombre, que dijo estar próximo a graduarse en Ciencias Jurídicas,
admitió que nunca han vivido en el lugar por la lejanía,
pues sus hijas estudian en una universidad privada.
Según Molina, que presidió Acoviacut por varios períodos,
Silvia de Domínguez es otra beneficiada que nunca ha vivido allí.
Entre los que se aprovecharon del proyecto también hay un ex empleado
municipal. De éste dijo que en aquella época ganaba cuatro
mil colones y que le llegó a pedir una casa para vivir y como trabajó,
pues, se la dieron.
Aunque el proyecto nació pensado en beneficiar a familias de escasos
recursos; al final, se perdió ese espíritu y quien llegaba
a trabajar, se hacía de su propiedad.
“Claro, porque ese era el trabajo, para eso le decíamos ayuda
mutua”, explicó Molina el viernes anterior, frente al obispo
Luterano Medardo Gómez.
Nada habría de anómalo en lo anterior si en la construcción
de 46 casas, el gobierno salvadoreño, a través de Fonavipo,
no hubiera invertido más de 695 mil colones.
Los requisitos de la inversión eran que el grupo familiar tuviera
ingresos menores a dos salarios mínimos (en el año 2000),
que no tuviera vivienda y que realmente viviera en el proyecto.
Niega malversación
Molina estuvo preso por administración fraudulenta, al no justificar
un faltante de 29 mil colones. El proceso penal llegó hasta la
etapa de sentencia, donde Molina logró conciliar con los representantes
de Acoviacut, dándoles un terreno como pago por el faltante.
Sin embargo, dice que el proceso estuvo viciado y que no hubo tal faltante.
Asegura que lo que pasó es que no había facturas de gastos.
Asimismo, rechazó las acusaciones que le hacen Juan García
y Dina Andrade de haberles quitado la casa.
“Cuando me nombraron presidente no me preguntaron si yo era administrador
de empresas”, asegura, a guisa de justificación de su administración;
sin embargo, él mismo aseguró que cuando lo metieron preso,
ya tenía pensado otro proyecto de 400 casas para familias necesitadas.

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