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En río revuelto ...ganancia de aprovechados

Irregularidades. El hombre que impulsó el proyecto estuvo preso por administración fraudulenta. Como otros, es dueño de una casa que nunca ha habitado.

Publicada 27 de marzo 2006, El Diario de Hoy

Apoyo. Habitantes de la Comunidad, durante una reunión en el Sínodo Luterano, que respaldan al obispo y a Molina. Foto EDH

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El terremoto del 10 de octubre de 1986, a muchos les sentó bien, pues años después les sirvió de subterfugio para sumar un inmueble a sus haberes.

Eso sucedió en la comunidad Gómez Anderson, según lo afirman vecinos de la misma, y lo aceptan los señalados de agenciarse casas en el proyecto sin tener necesidad real de ellas.

“No desalojaremos a nadie”

En 1992 se fundó la asociación cooperativa de vivienda, ahorro, crédito y consumo de las comunidades unidas por el terremoto del diez de octubre de mil novecientos ochenta y seis (Acoviacut).


La cooperativa surgió para ser objeto de donación de un terreno que la Iglesia Luterana consiguió comprar con fondos donados por la comunidad internacional.

El espíritu de la donación, según el obispo Medardo Gómez, fue ayudar a familias pobres afectadas por el terremoto.


Y ahí surgió la figura de José Molina, quien tocó las puertas de los luteranos para conseguir fondos y ayudar a esas familias.


Sin embargo, sin que la Iglesia lo supiera, según lo admitió el representante de la misma, Acoviacut, presidida por Molina, decidió vender los lotes repartidos a cada familia. La Iglesia dice que desconocía eso y supone que fueron decisiones de la cooperativa.


Pero, además, del proyecto se aprovecharon personas que no necesitaban de una casa porque no fueron damnificadas por el terremoto de 1986. Estas se agenciaron una casa que ahora alquilan, aunque los propietarios lo niegan y dicen que las han dado prestadas.


Entre esas personas está José Molina, propietario de una de las mejores casas que nunca la ha habitado porque, según lo admite, nunca tuvo necesidad de hacerlo.


Ganancia


Molina dice que se metió en el proyecto no más para ayudar. Afirma que nunca ha vivido en esa casa, que ahora es habitada por otra persona sin que medie el pago de alquiler.


Según Molina, se ganó la casa porque trabajó día y noche con pala y piocha para que prosperara el proyecto. Incluso, asegura que para completar la construcción de la primera etapa (32 casas) él puso de su bolsa 30 mil colones.


Pero no sólo Molina se habría aprovechado. También lo hizo Leonila Martínez, quien nunca ha vivido en la comunidad de calles polvorientas.

Aseguran que Martínez tiene otros inmuebles y no tiene necesidad de una casa en esa comunidad.


Pero el marido de Martínez dijo el viernes que no es cierto que su mujer tenga más propiedades.

El hombre, que dijo estar próximo a graduarse en Ciencias Jurídicas, admitió que nunca han vivido en el lugar por la lejanía, pues sus hijas estudian en una universidad privada.

Según Molina, que presidió Acoviacut por varios períodos, Silvia de Domínguez es otra beneficiada que nunca ha vivido allí.


Entre los que se aprovecharon del proyecto también hay un ex empleado municipal. De éste dijo que en aquella época ganaba cuatro mil colones y que le llegó a pedir una casa para vivir y como trabajó, pues, se la dieron.


Aunque el proyecto nació pensado en beneficiar a familias de escasos recursos; al final, se perdió ese espíritu y quien llegaba a trabajar, se hacía de su propiedad.


“Claro, porque ese era el trabajo, para eso le decíamos ayuda mutua”, explicó Molina el viernes anterior, frente al obispo Luterano Medardo Gómez.


Nada habría de anómalo en lo anterior si en la construcción de 46 casas, el gobierno salvadoreño, a través de Fonavipo, no hubiera invertido más de 695 mil colones.


Los requisitos de la inversión eran que el grupo familiar tuviera ingresos menores a dos salarios mínimos (en el año 2000), que no tuviera vivienda y que realmente viviera en el proyecto.

Niega malversación


Molina estuvo preso por administración fraudulenta, al no justificar un faltante de 29 mil colones. El proceso penal llegó hasta la etapa de sentencia, donde Molina logró conciliar con los representantes de Acoviacut, dándoles un terreno como pago por el faltante.


Sin embargo, dice que el proceso estuvo viciado y que no hubo tal faltante. Asegura que lo que pasó es que no había facturas de gastos. Asimismo, rechazó las acusaciones que le hacen Juan García y Dina Andrade de haberles quitado la casa.


“Cuando me nombraron presidente no me preguntaron si yo era administrador de empresas”, asegura, a guisa de justificación de su administración; sin embargo, él mismo aseguró que cuando lo metieron preso, ya tenía pensado otro proyecto de 400 casas para familias necesitadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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