Anomalía
Comunidad teme perder sus casas

Pagando lo regalado. Más de medio centenar de damnificados por el terremoto de 1986 temen que la Iglesia Luterana les quite sus viviendas. Con fondos donados, la congregación compró un terreno en Apopa, donde se asientan 78 familias. Pasados diez años, les cobra 27 mil 150 colones ($3,102) por un lote valorado en 10 mil colones.

Publicada 27 de marzo 2006, El Diario de Hoy

Llamado. Habitantes de la comunidad Gómez Anderson solicitan ayuda legal para no perder sus casas. Foto EDH

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

A casi 20 años de haber quedado sin hogar por el terremoto del 10 de octubre de 1986, medio centenar de familias de la comunidad Gómez Anderson, de Apopa, teme perder sus casas. Aseguran que la Iglesia Luterana los quiere obligar a pagar una suma que no tienen.

La iniciativa que en 1990 comenzó como una esperanza de tener techo propio se ha tornado incierta para quienes aportaron sudor y dinero durante varios años, para dar forma a sus sueños.

Todo comenzó con la promesa de la Iglesia Luterana de conseguir fondos para comprar un terreno donde pudieran asentarse decenas de damnificados. Los llamados de ayuda fueron respondidos por entidades de diversos países.

Con esos dineros, la Iglesia compró un terreno de siete y media manzanas en Apopa.
Pero para ser objeto de donación, debían asociarse en cooperativa. Por ello en febrero de 1991 fundaron la asociación cooperativa de vivienda, ahorro, crédito y consumo de las comunidades unidas por el terremoto del diez de octubre de 1986 (Acoviacut).

Fue José Alberto Molina el primer presidente de la cooperativa. Lo nombró la misma Iglesia, según quienes temen quedarse sin techo.

Todo comenzó bien y las promesas parecían lindas: la cooperativa velaría por el desarrollo de la comunidad. Hablaban de construir un mercado, montar una ferretería y negocios similares que dieran beneficios a los mismos socios.

El 10 de junio de 1996, la Iglesia Luterana hizo el traspaso formal del terreno rústico a Acoviacut.

El obispo Medardo Gómez, representando al Sínodo Luterano Salvadoreño (SLS), donó “de manera pura, simple, gratuita e irrevocable” el terreno que a la sazón fue valorado en 800 mil colones.

La única condición que el donante puso fue que no se vendiera ni empeñara el inmueble mientras no transcurrieran diez años a partir de la fecha de donación.

Meses después de recibir el terreno, los cooperativistas comenzaron a trabajar en la primera fase de la comunidad. Decenas de hombres y mujeres trabajaron en la construcción de 32 casas cuyos materiales fueron comprados también con fondos donados por organizaciones extranjeras, canalizados por los luteranos.

Con fondos estatales

Pero el dinero no alcanzó para dar casas a todos los que trabajaban. Muchos tuvieron que esperar.

Con el 2000 llegó la oportunidad de construir 46 casas más. El dinero para los materiales lo daría el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo). Cada familia recibiría 15,120 colones. La mano de obra sería de ayuda mutua.

Mientras Fonavipo desembolsaba el dinero, una entidad crediticia puso el dinero a cambio de garantía hipotecaria: los lotes de cada familia. Para ello fue necesario que la cooperativa repartiera los lotes y cada familia escriturara.

Como todo era donado, no tendrían que pagar ni un centavo. Sin embargo, los socios acordaron pagar 27 mil colones a la cooperativa en cuotas de 113 colones por 20 años, que irían a fondos de la comunidad para que ésta se volviese autosostenible.

Lo anterior contó con el aval de Medardo Gómez, según una carta de éste de fecha 12 de abril de 1999, “siempre que fuera para beneficiar a la misma comunidad”.

Según los afectados, esa carta contrarrestaba la cláusula que estipulaba que el inmueble no podía ser vendido en los próximos diez años, pues, de lo contrario, el SLS podría quitarles el terreno.

Todo iba bien, incluso con las supuestas “arbitrariedades” de José Molina, cuyas órdenes debían cumplirse para no exponerse a sanciones económicas que para aquellas familias, resultaban onerosas. Recuerdan algunos que a quien no llegaba a trabajar un día, Molina lo obligaba a pagar 50 colones; o si alguien faltaba a una reunión, pagaba 10 colones.

Colegio. Lo que se construyó pensando en una guardería, la Iglesia Luterana de Apopa lo usufructua a través de un colegio privado. Foto EDH

De esos pagos, Molina no daba comprobantes, sólo los anotaba, sin ningún formalismo contable.

Pero además de las multas, los asociados hacían contribuciones directas en dinero siempre que Molina decía que Medardo Gómez o una delegación de extranjeros visitaría la comunidad.

Todas las familias contribuían para dar la bienvenida a los foráneos con el fin de allegarse fondos.

Era habitual que reunieran a los niños de la comunidad, a quienes presentaban en andrajos. Eran órdenes de Molina, cuya palabra se cumplía al pie de la letra so pena de multas o expulsión de la cooperativa, con derecho a nada.

Según miembros actuales de la directiva comunal, José Molina, un hombre de apariencia pacífica ante extraños, era todo un tirano en la comunidad. Hacía toda clase de desmanes porque se decía respaldado por Medardo Gómez.

Esa espiral de anomalías duró hasta el 2002, cuando una indagación contable (arqueo) del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) descubrió un faltante de 29 mil colones.

La sospecha de desfalco comenzó durante la gestión de Molina. “El siempre decía que no había dinero”, explica Aminta González, quien ahora es la presidenta de Acoviacut.

“El que da y quita...”

Según González, en las arcas de la cooperativa no había ni un cinco pese a las contribuciones, pagos y multas pagadas. González, que para entonces era vicepresidenta de Acoviacut, lo denunció.

Como Molina no justificó el faltante, a finales del 2004 fue arrestado bajo cargos de administración fraudulenta. Fue a parar a la cárcel por varios días hasta que logró salir con condiciones.

González y Molina conciliaron, en octubre del 2005, luego de dar un terreno en pago por los 29 mil colones faltantes. Así se zanjó el problema, pero las arcas de la cooperativa siguieron vacías.

Fue entonces cuando la gente perdió la confianza y decidió ya no aportar ni seguir pagando las cuotas acordadas a guisa de contribución para mejorar la comunidad. A raíz de los problemas, el Insafocoop ordenó disolver la cooperativa que ahora está en liquidación.

Ante lo anterior, el SLS desde hace algunos meses comenzó a organizar reuniones con los habitantes de la comunidad. La última fue el 25 de febrero de 2006.

En esa reunión, la Iglesia les dijo que debían pagar 27 mil colones. Para la comunidad, eso supone el compromiso de firmar un documento en el que traspasan los lotes al SLS, mientras cancela cada quien, la suma acordada. El obispo luterano les ha dicho, según afirman, que de no hacerlo, los desalojarán. Ante ello, unas 15 familias firmaron el compromiso.

La amenaza mantiene preocupada a la directiva comunal, pues no pueden pagar por algo que les fue regalado. Máxime cuando los 27 mil incluye la donación que Fonavipo les hizo a 46 familias.

En todo caso, dicen, podrían pagarle los 10 mil colones, que es la suma en que fue evaluado cada lote, aunque ello signifique que el SLS se lucre con el dinero que obtuvo de la comunidad internacional utilizando las imágenes de niños en desgracia.