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El proyecto robado al general Martínez

El Boquerón. El tiempo de tramitación del caso en la nueva fase es incierto. Buscarán a cómplices de las anomalías

Publicada 26 de marzo 2006, El Diario de Hoy

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El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Cuando en septiembre de 1939 el entonces Presidente de la República, general Maximiliano Hernández Martínez, concibió la compra de los terrenos para el gran Parque Nacional de El Boquerón a doña Consuelo Palomo de García Morán, nunca pensó que su sueño se convertiría en un engorroso litigio de décadas.

Admirado por unos y odiado por otros, Martínez, quien gobernó al país con mano de hierro de 1932 a 1944 hasta que fue derrocado por una huelga de brazos caídos, veía el inmueble de cinco manzanas en el volcán de San Salvador como un paraje que atraería el turismo porque, para entonces, el país y, sobre todo, la capital, carecían de ellos, reseñan las crónicas de la época.

El gobernante, recordado por liberar al país de los empréstitos internacionales, cortó la cinta simbólica un poco después de las 11:00 de la mañana del lunes 12 de octubre de 1942, para dar por inaugurado el Parque Nacional a 893 metros sobre el nivel del mar.

Para la historia
Portada de El Diario de Hoy del lunes 12 de octubre de 1942, en la que se anunciaba la inauguración del Parque Nacional El Boquerón. La ceremonia fue presidida por el entonces gobernante, general Maximiliano Hernández Martínez, el presidente del comité de ornato, Stanley Stadler, y otras autoridades.

Paraje en disputa
En el inmueble fueron colocadas antenas de medios de comunicación. Un juzgado ordenó que las tierras vuelvan al Estado y anuló las sucesivas compraventas que se han hecho desde 1990. Ahora un tribunal superior debe decidir en definitiva.

El Comité de Ornato oficial lo veía como “un sitio singular que atraerá mucho turismo nacional y extranjero”, según lo expresó su presidente, Stanley Stadler, en la recepción amenizada por la marimba de la ahora extinta Policía Nacional y las copas de champaña.

Dos años antes, el 16 de septiembre de 1939, el notario Vidal Severo López registró la compraventa del lote de 23 mil varas cuadradas, a orillas del cráter del volcán de San Salvador.

Un año después, el 27 de abril de 1940, se compra otra porción contigua de 9 mil 210 metros cuadrados.

Los terrenos fueron adquiridos a precios de entre tres y cinco centavos por vara cuadrada.
Pero la apertura de nuevos centros de esparcimiento, la guerra y la inseguridad, hicieron que no muchos pensaran en el paraje como destino, de tal manera que el día menos pensado, en septiembre de 1990, una profesora de Cara Sucia, Ahuachapán, reclamó como propio el inmueble.

Para entonces, el abogado Joycer Avolebán Torres elaboró un título supletorio sobre el dominio de la propiedad en favor de Gloria Rubidia Durán del Cid y lo registró en el entendido de que sustituía a la escritura original, porque supuestamente no la había.

Pero la maniobra dejaría al descubierto, años más tarde, irregularidades crasas como que el título supletorio realmente no estaba en el libro de protocolo notarial de Avolebán Torres y que la segunda venta del terreno se produjo un mes antes de que se registrara formalmente, según denunció el abogado Luis Gómez Zárate ante la Fiscalía.

El Ministerio Público estableció también que inicialmente la llamada Parcela 422 fue registrada inicialmente como perteneciente a San Salvador, pero cuando se dieron cuenta de que estaba en jurisdicción de Santa Tecla, la inscribieron allí.

Ex Gobernante
El ex presidente Hernández Martínez (1932-1944) ordenó la adquisición de los terrenos para tener un nuevo lugar turístico para propios y extraños. Se le recuerda porque desistió de los empréstitos internacionales. Fue derrocado por una huelga de brazos caídos.

Las autoridades investigan el que los trámites se siguieron sin haber solicitado una ficha catastral imprescindible para ello.

Pero lo más grave y que constituye la principal coartada en el caso es que en La Libertad el terreno figuraba a nombre del Ministerio de Defensa, pero en su momento funcionarios de esa Cartera lo negaron y propiciaron la modificación de las fichas catastrales, lo cual favoreció a la mujer.

Un mes después de haber titulado como suyo el terreno, en octubre de 1990, Durán del Cid vende los terrenos en cien mil colones a Telesistema Salvadoreño S.A., entonces propietario de Canal 12, cuyo representante era Jorge Emilio Zedán.

Poco después Telesistema adquirió un crédito por cuatro millones de colones con el Banco Hipotecario, poniendo parte del inmueble como garantía.

El 13 de mayo de 1992, Telesistema vendió la otra parte del área a Telemóvil mediante una hipoteca con el Banco de Comercio por 240 mil colones.

Para agosto de 1992, la Fiscalía inició dos juicios contra Durán y el notario: uno, por la usurpación y la falsedad ideológica (simular como verdadero algo no cierto) y otro para anular el título supletorio.

El primer proceso feneció en 1999 con la exoneración de cargos para ambos, sobre todo porque la Fiscalía no contaba con el título supletorio como evidencia.

El segundo prosperó y llegó, en el Juzgado Primero de Menor Cuantía de San Salvador, hasta la anulación del título, las inscripciones y compraventas que se hicieron con él.

Vendedora de tierras no quiere hablar

Gloria Rubidia Durán del Cid no quiere saber nada del asunto. Lo dijo a los periodistas una mujer que los recibió con enojo y nerviosismo en su vivienda, en una colonia del sur de la capital.

No está. Moradores han segurado de Durán se fue.

Los periodistas fueron a buscarla dos veces más y obtuvieron la misma respuesta y otras más agrias. En la última se dijo que Durán del Cid ya no vivía allí.
Similar experiencia se tuvo en la escuela en la que da clases en el Departamento de La Paz.

Lo cierto es que en la que supuestamente vive Durán del Cid no es una mansión o casa grande que pudo comprarse con el dinero que recibió de la compraventa, sino un apartamento en una solitaria calle.

La docente de profesión, al parecer, no se dedicó a vivir de sus rentas o del producto de la transacción, sino que siguió dando clases.

El abogado Luis Gómez Zárate no está convencido de que una persona como ella haya ideado sola la apropiación de los terrenos y los sucesivos trámites.

Por eso ha solicitado a la Fiscalía General que la llame para ser investigada y careada con una de las personas que firmó el acta en la que se asegura que ella es la propietaria del inmueble de El Boquerón, pero que años después afirmó que ni siquiera la conocía y que su firma fue falsificada.

La Fiscalía ha dicho que, si bien ya no puede procesarla por falsedad material, lo puede hacer por otros delitos conexos.
Mientras tanto, el abogado Joycer Avolebán Torres fue detenido bajo cargo de estafa con la compraventa de otros terrenos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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