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Impunidad
EE.UU. critica al sistema judicial y la policía

Resultados. Informe de Justicia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos califica de ineficiente la aplicación de justicia salvadoreña. También resaltan las denuncias de agentes en actos arbitrarios. Fustiga también al sistema penitenciario nacional

Publicada 9 de marzo 2006, El Diario de Hoy

En delitos. En 2005, algunos agentes policiales estuvieron involucrados en seis homicidios y en actividades ilícitas como robos y uso injustificado de violencia.Foto: EDH
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó nuevamente ayer al sistema judicial salvadoreño de “ineficiente” y “corrupto”.

El informe de Justicia y Derechos Humanos denuncia la impunidad e incumplimiento de las leyes civiles y penales de El Salvador.

En ese mismo sentido, el reporte hace énfasis en la falta de confianza y credibilidad que algunas instituciones tienen ante la población.

Cita que una encuesta CID-Gallup reveló que la creencia de los ciudadanos sobre las ineficacias judiciales del sistema permitieron que los criminales se escaparan de justicia.
Por ello, la Fiscalía recibió 117 quejas de irregularidades de procedimiento incluyendo soborno, negligencia y falta para apegarse a procedimientos legales.

Muchos jueces permitieron retrasos injustificados en los juicios, pero pocos fueron sancionados por esta práctica.

La Policía, Fiscalía, defensores públicos y los tribunales continuaron teniendo problemas con las investigaciones por la poca colaboración de las víctimas, lo cual complicó el arresto y proceso de los criminales.

También destacaron las acusaciones de organizaciones no gubernamentales sobre la Corte Suprema, la cual, a su juicio, no respondió adecuadamente a la crítica pública y no hizo un esfuerzo de quitar a jueces “incompetentes y corruptos”.

La Corte no se pronunció ayer hasta conocer el informe, dijeron sus voceros.
Asimismo, subrayaron las decisiones y los compás de espera en casos sonados como los de Raúl García Prieto y Nelson García (ver cuadros).

Envueltos en delitos

Según el informe, agentes de la Policía se vieron involucrados en homicidios, actos arbitrarios, uso excesivo e injustificado de la fuerza, y otros ilícitos durante 2005.

Hacinamiento. Se critican presidios inadecuados. .Foto: EDH

Datos proporcionados por la Inspectoría General de la Policía revelaron que agentes policiales mataron a seis personas durante el año.

En uno de los casos, acaecido el 8 de marzo, el oficial de policía Nelson Alexander Minero Vásquez mató al oficial Antonio Cruz Vásquez y lesionó a su otro compañero, Manuel Cabrera Valladares. Al final del año, Minero Vásquez había huido.

La Procuraduría de Derechos Humanos recibió 54 denuncias de policías que utilizaron la fuerza excesiva, de los cuales halló responsabilidad en 35 de los casos.

Durante el año, cita el reporte, la Inspectoría General recibió 44 peticiones para investigar los casos de violaciones a la integridad física. También recibió 187 quejas de conducta impropia del personal policía.

Destacaron que no había progresos sobre la investigación de la muerte de Melvin Guadalupe durante los desórdenes en julio en el centro de San Salvador, en los que, afirman, se utilizó fuerza policial excesiva.

Otro caso retomado fue el ocurrido el 2 de julio, cuando fueron arrestados cinco agentes de la Policía en Acajutla, Sonsonate, por cargos de violación. Basados en una investigación de la PNC, se encontró que forzaron a menores extranjeros tener relaciones sexuales para evitar deportarlos.

Al final del año, la Policía conducía una revisión disciplinaria, porque no hubo cargos criminales contra los demandados debido a la falta de evidencia.

Credibilidad. El informe a destacado la falta de confianza de la población en la justicia local. .Foto: EDH

El Director de la Policía, Rodrigo Ávila, declaró que el informe habla de los abusos que han cometido algunos policías, pero no significa que esto sea una política institucional.

Afirmó que la corporación mantiene una depuración permanente para limpiarla de malos agentes.

Hampa

El informe también destacó los descubrimientos de numerosos cuerpos descabezados, por la violencia de las pandillas y otros hechos perpetrados por estos mismos grupos.

Los casos de secuestro tampoco pasaron inadvertidos. Destaca que de 10 personas secuestradas durante el año, ocho de los casos fueron resueltos.

Gloria Lizama
Jueza 8a. de Instrucción
Con base en pruebas
“Resolvemos casos dentro de lo que nos estable la ley y no se puede hablar de corrupción porque actuamos en base a la prueba aportada por la Fiscalía General”

Rodrigo Ávila
Director de la PNC
Hacemos esfuerzos
“El informe habla de algunos miembros de la PNC que han cometido abusos y no de una política institucional. Estamos haciendo esfuerzos por depurarnos”

 

Preocupación por las prisiones saturadas

El hacinamiento y las precarias condiciones del sistema penitenciario salvadoreño aumentaron considerablemente en los últimos cinco años, dice el informe del Departamento de Estado de EE.UU.

Los presidios siguen siendo peligrosos, ásperos y constituyeron una amenaza seria a la salud y a las vidas de los presos, dice.

El aumento es evidente, ya que 12,176 presos habían sido encerrados en 21 centros penales y dos pabellones hospitalarios, cuando las instalaciones tenían capacidad para 7,372.

Al final del año, las autoridades habrían fracasado en su esfuerzo para recuperar el control de todos los pabellones en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, después de que en agosto las instalaciones fueron tomadas por los reos, consigna el informe.

De acuerdo con las autoridades, hubo 22 motines en 11 prisiones en el país: Santa Ana, Apanteos, Quezaltepeque, Chalatenango, Ilopango, Zacatecoluca, Cojutepeque, San Miguel, Ciudad Barrios y San Francisco Gotera. En ellos hubo ocho muertos.

El control de las pandillas desde las prisiones en actividades delincuenciales fue más notorio.

En septiembre, los pandilleros recluidos en Zacatecoluca ordenaron a reos de diferentes reclusorios se lanzaran a una huelga de hambre y no asistieran a las audiencias judiciales.
Las autoridades dijeron que 1,987 reos no fueron durante el año.

Los jueces pidieron a las autoridades de la prisión utilizar los canales legales para retomar el control.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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