Experiencia. La jueza Ingrid Lisseth Berríos Castillo lleva casi ocho años en el cargo. Foto EDH

Insy Mendoza
El Diario de Hoy
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Continuamente el Juzgado de Paz de Intipucá, igual que otros de La Unión, ventila casos por contrabando de mercadería, sobre todo de lácteos.

La jueza Ingrid Lisseth Berríos afirma que, como tribunal, deben devolver la mercadería, una vez los acusados del delito presentan las “facturas” en la audiencia inicial.

La Fiscalía afirma que cuando los acusados de contrabando presentan “facturas fantasmas”, el juzgado les devuelve el lácteo, sin tomar en cuenta el control sanitario. ¿Qué opina al respecto?

Mire, desde el momento en que presentan la factura se supone que son dueños del producto. Yo siempre fundamento en eso mis fallos. Se supone que el queso ya ha pasado por controles de sanidad. Al presentar las facturas está legal, se supone. Tal vez ahí está el vacío de ley (Especial para Sanciones e Infracciones Aduaneras).

¿A qué se refiere al hablar de ese vacío de ley?
Quiere decir que mientras no se hace el proceso legal, todo lo que entre va a ser contrabando y se le da la misma salida si la mercadería se ampara a una documentación. Una vez respaldado, no nos queda otra salida que devolver el queso.

La PNC hace el decomiso cuando los dueños no muestran facturas. ¿Cúando presentan ellos la documentación de amparo?
Cuando se ventila el caso. En la audiencia entregan la facturas. Si la empresa emite facturas de consumidor final es porque tienen los requisitos de sanidad.

¿Y cuando no muestran facturas, qué sucede?
Entonces al producto se le practican las pruebas bacteriológicas. Si salen positivas se ordena su destrucción.

¿En cuántos casos no le han presentado documentación?
En tres o cuatro ocasiones. En dos destruyeron el producto porque las pruebas bacteriológicas dieron positivo, arrojaron que el queso tenía heces fecales, eso pasó hace dos años. Los otros casos se remitieron a Instrucción. No se si pasó a juicio.

¿Qué garantiza que esas facturas son verdaderas?
Es a la Fiscalía que corresponde investigar si la empresa que emitió el documento (recibos) está legalmente establecida y si llena los requisitos de ley.