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Sigue preso por analfabeto

Sentencia. En 1983 fue condenado a 30 años de prisión por tres asesinatos que dice “nunca cometió”. En 1999 tenía derecho a una audiencia para su libertad condicional. Nunca la hubo. En 2006 se la niegan por no haberse incorporado a programas educativos

Publicada 26 de febrero 2006, El Diario de Hoy

Sereno. Julio Antonio Henríquez cumplió las dos terceras partes de la condena en 1999. Foto EDH

“Si acaso salgo, quisiera Encontrar una hembra y si ella se porta bien conmigo, tal vez morir juntos”
Eugenia Velásquez
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Treinta años. ¿Cuántos más podría soportar un hombre privado de su libertad? ¿A cuántos más estaría dispuesto a llegar, sabiéndose inocente?

Ese día no se inmutó. La frialdad de las rejas ha contagiado durante 23 largos años la mente de este hombre de cuerpo menudo y pocas palabras.
Martes 7 de febrero de 2006. “Le pregunto” -insistía la jueza- “qué tiene que decir a su favor”. Hubo silencio.

Era diciembre de 1983, la guerra civil en El Salvador se recrudecía. Don Julio Antonio Henríquez Ostorga, oriundo de Estanzuelas, en Usulután, era un joven de 29 años.

“Párese”, le dijo el policía que lo custodiaba. “¿Qué tiene que decir con relación a lo que su abogado defensor pide para usted de que se le deje en libertad condicional?”, preguntó la jueza.

Hubo silencio otra vez. Su barbilla alcanzó a tocar su pecho. Condenado por la muerte de tres personas, delito por el cual, a la fecha, aún se declara “inocente”. Asegura que a dos de las víctimas nunca las conoció.

“Hable”, dijo la jueza en un tono más fuerte. Los choques eléctricos que recibió en su garganta en los oscuros cuartos de torturas de la Guardia Nacional para obligarlo a admitir los crímenes no le permiten alzar la voz más allá del alcance de sus oídos.

“Lo que pediría es que deseo mi libertad... deseo salir... ya hice bastante tiempo”, dice mientras gesticula al mismo tiempo. Se sentó y no hubo otra palabra más al respecto. Por un instante, la jueza adoptó una mirada de incógnita.

En 1999, don Julio cumplió con las dos terceras partes de su sentencia. Una condición que, según reza el Art. 85 del Código Penal, le concedía el derecho al beneficio de la libertad condicional. Un trámite judicial que por una u otra razón nunca se realizó.

Un expediente limpio, “sin falta alguna”, alegaba con insistencia el abogado defensor Walter Iván Figueroa para convencer a la jueza que su cliente había hecho méritos durante 23 años para obtener el privilegio de su libertad asistida.

Don julio cumplirá su condena de 30 años de prisión en enero de 2009. El Diario de Hoy descubrió en 2000 que esta persona, hoy de 52 años, era uno de los reos más antiguos de la Penitenciaría La Esperanza, conocido como Mariona.

Igual. Las esposas no lo abandonaron. Foto EDH

Sin hijos ni esposa, hace tiempo que recibió la última visita de algún conocido.

Al “tío”, como dice que lo llaman, sólo hay un nombre que después de su gusto por masticar tabaco lo hace vibrar: Orbelina Rodríguez.

Al pronunciarlo, su misteriosa mirada se cuela por entre las tupidas pestañas y aflora un gran pesar. Su gran amor, de 18 primaveras, también se olvidó de que él existía.

De pronto, una brecha se abría en el oscuro destino de don Julio. Y allí estaba, a merced siempre de desconocidos: una jueza y una fiscal, quienes decidirían en cuestión de minutos si merecía o no su libertad, basándose en un informe del Concejo Criminológico que evaluó sus 23 años de conducta carcelaria.

En la audiencia ha transcurrido un poco más de media hora. “Ha pagado una condena que nunca se probó”, era ya casi una súplica del abogado por la humanidad de don Julio. “Tenemos que estar conscientes del producto que vamos a tirar a la sociedad”, sentenciaba, con firmeza, la fiscal asignada al caso.

De los requisitos establecidos en el Art. 38 del Código Penal para otorgarle su libertad condicional, don Julio cumplía con dos a cabalidad: su intachable conducta y haber cumplido las dos terceras partes de su condena. Para esto último hasta le sobraban siete años más. En esos puntos no hubo discusión entre los profesionales.

Con respecto a la fianza de doce mil colones ($1,371.43) le fue suplida el mismo día de la audiencia por su propio abogado defensor, mostrándose parte ante la juez como garante, una vez don Julio recobrara su libertad.

Sólo había un obstáculo. Un pronóstico de reinserción social desfavorable se plasmaba en el análisis que la fiscal hacía del informe criminológico, al cual selló con un punto de vista “integral” de los elementos de juicio.

“No pone metas concretas para la vida, no tiene apoyo familiar, aún mantiene las mismas características que cuando entró...”, arremetía la fiscal. Se refería a lo de jornalero y analfabeto.

“Es que padezco de la vista desde hace siete años”, le respondió donJulio a la jueza. “Usted puede sentir los síntomas, pero es un médico quien lo determina y, de acuerdo al informe criminológico, usted es una persona sana ¿nunca ha pasado con un doctor?”, interrogó, esta vez, sin aquella mirada de incógnita.

“Nunca me han hecho exámenes de la vista”, le contestó. El planteamiento de la fiscal tuvo su asidero en la Ley Penitenciaria que entró en vigencia en 1998, creada para garantizarles educación a los convictos y capacitarlos en un oficio.

Demasiado tarde para don Julio. Eran ya 15 años de cautiverio. Y aunque se hizo un experto atarrayero y asiste de oídas a un curso evangélico, no fue suficiente. “Se le deniega la libertad condicional”, sentenció la jueza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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