Avance. La falta de garantías evita a veces lograr préstamos. Foto EDH

Un 20 por ciento de la población salvadoreña no tiene acceso a los servicios financieros, incluyendo préstamos, a pesar de que en el 2005 el Fondo Económico Mundial colocó al país en el segundo lugar del ranking Latinoamericano, después de Chile, con mayor facilidad de acceso a créditos bancarios.

Claudio de Rosa, director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), dijo ayer durante una mesa de diálogo en la que varios sectores analizaron el tema, que existen algunos problemas de legislación, garantías, supervisión e inseguridad (de tipo política) que entorpecen las facilidades crediticias para algunos segmentos de la población que están menos estructurados. Entre éstos la microempresa y los pequeños agricultores.

Al respecto, Andrés Recinos, asesor técnico de microfinanzas de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), afirma que si bien existe un excelente nivel de bancarización (cobertura y variedad de servicios), todavía se necesita apoyar más a este sector.

Considera que para atender este segmento se necesita una metodología y tecnología crediticia especial.

Carlos Cromeyer, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), dice que este sector también enfrenta problemas cuando solicita préstamos.

Explica que, por lo general, las empresas reciben una calificación de la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual es la que permite acceder a este tipo de servicios.

“Cuando un constructor tiene problemas de inmovilización de activos ó pérdidas de poder adquisitivo, inmediatamente lo bajan de categoría. Eso incluso deteriora empresas que llevan más de 20 años laborando”, dijo.

El funcionario estima que este tipo de situaciones ha puesto en aprietos financieros a un 70 a 80 por ciento de empresas constructoras. En total Casalco aglutina a 300 empresas, que el sector es más amplio.

“Algunos de ellos dejan de ser viviendistas y se vuelven subcontratistas de proyectos más grandes, en donde no les exigen la calificación del Sistema Financiero, otras sólo bajan el ritmo de sus proyectos o buscan otros nichos en mercados más rentables”, señaló.

Cromeyer dice que desde hace varios años han solicitado la apertura de una línea de créditos especial para el sector informal, tal como está plasmado en el Plan Nacional de Vivienda.

El proyecto propone impulsar un programa de ahorro, bono y crédito. El ABC, como se llama, vendría a facilitar el otorgamiento de créditos para las familias de escasos recursos. Sin embargo, también se necesitaría una Ley de Titularización y una de Ahorro.

La Asociación de Industriales Salvadoreños (ASI), sostiene que todavía hay fuertes limitaciones crediticias para los empresarios, pues les exigen muchas garantías. En tal sentido, el Fondo de Garantías Reales, inmerso en la Política Industrial, propone otorgar recursos financieros demandados por las empresas para mejorar su calidad crediticia.