Las quejas. Los vendedores informales fueron denunciados por obstruir accesos a negocios. Foto EDH

Insy Mendoza
El Diario de Hoy
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Medio siglo después de que algunas calles fueran ocupadas por comercios informales, dueños de almacenes demandaron a estos, por ocupar espacios frente a sus negocios.

No sirvió de nada. Ayer, el tribunal Primero de Paz de la ciudad sobreseyó definitivamente a los acusados.

Fueron cerca de ocho dueños de establecimientos, los que habían planteado la demanda contra quienes afirman, obstruyen el acceso de los clientes a sus establecimientos.

María Guzmán, una de las demandantes, considera que las ventas son ilegales, ensucian las calles e impiden el acceso de vehículos. "Pagamos impuestos por las calles", dijo molesta.

La crisis

Las denuncias eran contra cerca de 76 vendedores informales. Teresa Rivera, una de las acusadas, expresó que los dueños de establecimientos les han pedido que desalojen los sitios que ocupan hace más de tres décadas.

Afirma que por mucho tiempo, además de pagar impuestos municipales, cancelaban una cantidad determinada a los dueños de almacenes por ocupar sus aceras.

Pero al reconstruir locales, los comerciantes de las calles lo hicieron en las calles y afirman que las aceras están libres, por lo que decidieron ya no pagarles.

"Lo que a ellos les duele es que ya no estamos llenándoles los bolsillos", expresa. "Nosotros también tenemos derecho de sobrevivir. Ya no les ocupamos las aceras", indicó Estanislao Gómez. El espera que no haya otras dificultades posteriormente.

El edil Mario Osorto indica que las calles General Menéndez y el sector conocido como "La Esterlina", han sido dadas por la alcaldía hace 56 años "y la gente de las casas comerciales ya estaba consciente de que ahí hay un mercado".

Cree que todos los involucrados se deben poner de acuerdo, pero enfatiza que no puede retirar a las personas que viven de lo que ganan al vender en las calles.

Una vocera del Ministerio de Obras Públicas expresó que esta entidad no tiene nada que ver en el problema y que es la municipalidad la que debe resolver.

Rigoberto Guido, defensor de los comerciantes expresó que el sobreseimiento definitivo se debió a que no se habían agotado las vías administrativas. "La fiscalía inició el proceso antes de establecer si era procedente", dijo.