Comentando
Óscar Arias y el sistema judicial

El rechazo del 59% de los costarricenses a la candidatura de Óscar Arias es un rechazo, en gran parte, a la politización de los jueces y magistrados y a los favores que pagan, una vez han sido electos

Publicada 21 de febreo 2006 , El Diario de Hoy

Rodrigo Chávez*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

En un sistema democrático, los sistemas judiciales no tienen por qué modificar las reglas al juego político. Las democracias tienen dos instituciones para modificar sus reglas electorales: el referéndum y el Poder Legislativo.
El rechazo a la candidatura presidencial del Premio Nóbel de la Paz, Óscar Arias, en las recientes elecciones presidenciales de ese país, se debe en gran parte a las acciones del sistema judicial. En el 2003, la Corte Suprema de Justicia, vía la interpretación de distintos artículos de la Constitución, resolvió que la reelección presidencial estaba permitida.

Esto terminó con la prohibición, vigente desde 1969, que los expresidentes pudiesen postularse de nuevo. Esta es exactamente la forma en que no se deben modificar las reglas del juego electoral. Las reglas electorales las debe modificar el Con-greso o la ciudadanía misma vía un referéndum.

En Panamá, por ejemplo, el Presidente Ernesto Pérez Balla-dares intentó modificar en 1998 la prohibición a la reelección consecutiva vía un referéndum, el cual fue rechazado por el 64% de los panameños. Pérez Balladares intentó modificar las reglas al sistema político de la manera correcta, utilizando una de las vías que el sistema democrático permite.

Es increíble cómo el Presi-dente Pérez Balladares de Pana-má, líder del PRD, que fue el partido de la dictadura de Noriega, siguió las reglas democráticas para intentar modificar la Constitución y cómo Óscar Arias, Premio Nóbel de la Paz y un gran demócrata, lo hizo mediante presiones y cabildeos en la Sala Constitucional de Costa Rica. ¿ Es acaso Pérez Balladares más demócrata que Óscar Arias?

Cuando un sistema judicial decide modificar las normas sociales de un país vía interpretaciones a la Constitu-ción, lo que consigue es dividir y polarizar la sociedad. La no reelección en Costa Rica era una norma que tenía un amplio consenso social. El modificarla de una manera no democrática dividió innecesariamente a la sociedad costarricense y polarizó a una sociedad acostumbrada a la transparencia y al diálogo.

Los diputados o los ciudadanos deben modificar las leyes y no los jueces. Este tipo de acciones por parte de lo magistrados politiza al sistema judicial y lo vuelve parte del juego político. Además, le da una lección muy práctica al resto de políticos: si no tienen los votos para modificar una ley en el Con-greso, deben buscar los votos en las salas constitucionales.

Este tipo de mentalidad hace que los partidos expandan su juego electoral al plano judicial y propongan y rechacen a magistrados, según las leyes que deseen modificar. En Estados Unidos, por ejemplo, la legalización del aborto se origina de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 1973. Desde entonces, demócratas (generalmente a favor del aborto) y republicanos ( por lo general en contra del aborto), promueven o bloquean candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia dependiendo, en gran medida, sobre su posición sobre el aborto. Esto politiza de forma innecesaria la elección de magistrados, polariza a la sociedad, y limita el debate a un solo tema que le interesa a muy poca gente.

Lo mismo ha pasado con la reelección en Costa Rica. Desde ahora en adelante, la elección de magistrados estará dividida en dos bandos: un grupo que buscará prohibir la reelección para impedir que otros expresidentes como Jose María Figueres y Rafael Angel Calderón se reeligan y otro grupo que buscará que la reelección permanezca vigente.

En lugar de ganar más diputados, buscarán ganar más jueces y más magistrados. Incluso, si el TLC es aprobado en Costa Rica, algunos grupos opositores podrían buscar que se le declare inconstitucional y buscar los jueces para lograrlo.

Es como si en El Salvador la Corte Suprema de Justicia decidiera detener la dolarización y la declarara inconstitucional. La dolarización fue aprobada por una amplía mayoría de diputados y sólo puede ser modificada de esa manera.

El rechazo del 59% de los costarricenses a la candidatura de Óscar Arias es un rechazo, en gran parte, a la politización de los jueces y magistrados y a los favores que pagan, una vez han sido electos. Ninguna institución tiene más poder en un sistema democrático que el sistema judicial y ninguna institución debe mantenerse más alejada de la política partidaria.

*Columnista de El Diario de Hoy.