Oposición. Pepenadores se reunieron el jueves frente a los manifestantes para exigir que abran paso a los camiones de basura. Foto EDH

Marlon Beltrán
El Diario de Hoy
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Nada los convence. El grupo de personas que desde el 20 de diciembre ha cerrado el acceso al relleno sanitario sonsonateco, no acepta ningún argumento para abrir el lugar.

El sitio de la protesta se encuentra en el cantón Salinas de Ayacachapa, en Cuisnahuat. Los pobladores se quejan porque lo que califican como contaminación del aire y mantos acuíferos.

Exigen que la Fiscalía les de un fallo definitivo sobre la situación, pese a que el Ministerio del Medio Ambiente ya expresó que no hay daños en el sitio.

El jueves, Sigfredo Merino, gerente general de Coordinadora y Asesora de Proyectos, la empresa que maneja el relleno, llevó el más reciente informe del Marn en el que se detalla el buen funcionamiento del sitio y los compromisos de la alcaldía sonsonateca y Capsa. Esperaba que esto persuadiera a los vecinos.

Frustrados

Su confianza era tal que ya ocho camiones esperaban en fila para descargar basura. Pero no se pudo.

Fernando Ayala, vocero del grupo de manifestantes expresó que “sólo levantarán el bloqueo cuando la Fiscalía resuelva el caso”.

Ese día la situación se tornó tensa. Cerca de 40 pepenadores, de los 150 que llegan al lugar, llevaron pancartas para exigir que cese el cierre del acceso de inmediato. “Unos pocos nos quieren quitar nuestra fuente de ingresos”, dijo Delmy Ramos, quien expresó que son 150 personas las que se dedican al reciclaje en el sitio.

Ayer se reunieron representantes de los manifestantes, con otros de Capsa, la alcaldía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Miembros de esta última sugirieron que se abriera el relleno el fin de semana y que el lunes fueran a la Fiscalía a pedir la resolución.

Esto no fue aceptado y los quejosos piden que los fiscales lleguen al sitio. Mientras, en Sonsonate y otras ciudades, la suciedad desespera ya a muchos vecinos que claman porque se solucione la situación.

La PPDH responsabilizó a los manifestantes de cualquier epidemia que se produzca. Mientras las autoridades evaluaban el uso de la fuerza para abrir el paso al servicio de recolección.