Jueces discrepan por fallo en caso de Fiscal

Contrapunto. Unos prevén consecuencias graves en la seguridad jurídica y que la culpa será de la Asamblea. Otros afirman que la ley ampara al Adjunto

Publicada 16 de febrero 2006, El Diario de Hoy

En funciones. El Fiscal Romeo Barahona (tercero de izquierda a derecha), durante una sesión en la Asamblea Legislativa. Foto EDH

El retraso en la elección del Fiscal General podría generar un vacío legal... Peligra la seguridad jurídica... El problema no es del sistema judicial, sino de la Asamblea Legislativa... Realmente el Fiscal en funciones, Romeo Barahona, está avalado por la ley...
Estos son algunos de los razonamientos que jueces consultados exponen sobre el fallo de la Cámara 1a de lo Penal que declaró nulos los actos procesales del Fiscal Adjunto, porque la Constitución no establece esta figura jurídica.

Martín Rogel, presidente del Tribunal 3o de Sentencia, aseveró que la Constitución señala un plazo para el Fiscal que ya se venció.

El funcionario prevé que la omisión de la Asamblea genera un problema que se ha trasladado a los juzgados.

“Tendrá consecuencias graves, porque los procesos que se iniciaron en noviembre se han quedado sin un fiscal titular”, indicó.

La Cámara establece que el mandato de Barahona se venció cuando Artiga concluyó su periodo en noviembre de 2005, pero la Asamblea aún no elige al titular.

“El Fiscal General Adjunto constitucionalmente carece de facultad para proseguir ejerciendo la acción penal en los procesos iniciados durante la gestión de Belisario Artiga”, determinó el tribunal superior.

Rogel agregó que se haría un esfuerzo para conservar la seguridad jurídica y enfatizó en que “el problema no es de Cámaras sino de la Asamblea, porque no ha respetado los plazos”.

Sin embargo, Romeo Aurora Giammattei, Juez Noveno de Paz, recalcó que “creo que hay legitimidad porque no es la persona sino la institución la que representa, y en este caso Barahona fue designado para asumir esas funciones”.

La Jueza 8a de Instrucción, Gloria Lizama, aseguró que en su tribunal se han atendido las acusaciones fiscales, porque la ley las sustenta.

Pide un análisis de CSJ

El abogado independiente José Francisco García pidió en enero pasado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emplace a la Asamblea legislativa por no elegir aún al Fiscal General.

García expone en un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional que los diputados le han violado su derecho a la justicia y el principio de legalidad al no cumplir el plazo que les otorga la ley para nombrar a un titular en la Fiscalía.

Belisario Artiga concluyó su mandato como Fiscal General en noviembre del año pasado. Por el momento está a cargo el Fiscal Adjunto, Romeo Barahona.

El profesional demandó a la Asamblea, porque argumenta que su obligación es elegir al suplente de Artiga.

En el escrito indicó que los fiscales auxiliares ya no ejercen esa función, porque no han elegido al titular.

La Sala aún no ha decidido si admitirá la demanda para dirimirla.

Corte sentó precedente que avala resolución

La Cámara 2a. de lo Penal basó una resolución que avala el trabajo del Fiscal General en funciones, en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2002 que establece que el Estado está obligado a garantizar la seguridad jurídica.
En el fallo, el tribunal de segunda instancia argumentó que debía prevalecer el interés común por encima del particular, esto para reconocer las facultades del Fiscal Adjunto a falta de la elección del titular.

“Es la certeza del imperio de la ley, en el sentido en que el Estado protegerá los derechos de las personas, tal como la ley los declara”, explican en la sentencia.

La Cámara resolvió en enero de este año que la ley avala la función del Fiscal Adjunto, Romeo Barahona.

Falló así porque un abogado alegó que dicho funcionario, que acusó a su defendido por la violación de una menor, no estaba facultado legalmente.

S Pero los magistrados explicaron en la resolución que el Adjunto, quien sustituía al titular, Belisario Artiga, está amparado por la ley orgánica del Ministerio Público.