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Políticos chocan por la resolución

Cautela. La oposición espera que este hecho acelere la elección del Fiscal General. El PDC daría votos para nombrar a Romeo Barahona.

Publicada 15 de febrero 2006, El Diario de Hoy

Antes del pleno. La Comisión Política de la Asamblea analiza el caso. Foto EDH

L. Martínez/W. Salamanca
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com

Las fracciones legislativas del PDC, PCN y ARENA criticaron la resolución que la Cámara Primera de lo Penal emitió ayer. En contraparte, las fracciones del CD, FDR y FMLN la calificaron de acertada.

El diputado pedecista Rodolfo Parker afirmó que, como abogado, no comparte el criterio jurídico de los jueces.

En su opinión, la resolución significa que el Fiscal General puede faltar por diversas circunstancias y, de esa forma, el Estado queda sin capacidad de defenderse. Parker argumenta: “Ninguna norma jurídica se puede interpretar en el sentido negativo” y este es un criterio que, en su opinión, ignoraron los jueces que emitieron la decisión.

Por su parte, el pecenista Francisco Merino reconoció que los jueces han hecho uso de facultades constitucionales para emitir tal fallo. Sin embargo, este legislador cree que con esto se “crea una situación difícil para el país”.

A criterio del jefe de la fracción de ARENA, Rolando Alvarenga, la Cámara no puede declarar inconstitucional que Barahona funja como Fiscal General, y que lo que está haciendo es indicar que son inaplicables ciertos artículos de la ley en los casos que está resolviendo.

Estos tres diputados también creen que con la resolución los jueces de la Cámara Primera de lo Penal han propiciado la liberación de delincuentes. Alvarenga remató: “Esto queda en la conciencia de ellos. Y ningún otro juez los tiene que seguir”.

Apoyan fallo

Por otro lado, diputados del CD, FDR y PPSC recibieron los argumentos de la Cámara como la confirmación de lo que ellos han sostenido desde hace cierto tiempo.

René Aguiluz, del PPSC, dijo: “Independientemente de cualquier resolución, creemos que hay que cumplir con la constitución y elegir al Fiscal General”.

Para Héctor Dada, del CD, la resolución confirma lo que en su fracción ya habían deducido: “La dudosa legalidad de dejar en el cargo al Fiscal Adjunto”.

Tanto Aguiluz, Dada como la efederrista Celina de Monterrosa creen que este fallo judicial debe reactivar la búsqueda del consenso para elegir a un nuevo titular. Mientras que, Rolando Alvarenga, duda que antes de las elecciones los partidos se pongan de acuerdo al respecto.

Puntos de vista

Mientras los diputados de derecha creen que la resolución es abusiva o pone en apuros al país, los diputados del centro y de la izquierda consideran que esta podría impulsar la elección de un nuevo Fiscal General. Falta ver si el tema se discute en la plenaria de hoy.

  • ARENA
    Un abuso
    “La Cámara no es la Sala de lo Constitucional. Creo que es una resolución abusiva porque no le corresponde dirimir ese tipo de situaciones”
    Guillermo Gallegos
  • CD
    Una presión
    “La resolución tiene sentido. Aunque no soy abogado, está bastante cercana a derecho. Eso obliga a que la elección sea cuanto antes”
    Héctor Silva
  • FMLN
    Un delito
    “Barahona no es Fiscal Gral. Está usurpando un cargo para el que no fue electo y se ha convertido en un delincuente. A él no lo eligió la Asamblea”
    Manuel Melgar
  • FDR
    Empuje
    “La resolución de la Cámara Primera de lo Penal podría agilizar la elección del Fiscal y poner una presión para agilizar el esfuerzo en ese sentido”
    Celina de Monterrosa
  • PPSC
    Sin excusas
    “La elección del Fiscal General es un tema que tiene que retomarse, independientemente de que estemos en un proceso electoral”
    René Aguiluz
  • PCN
    Sin culpables
    “Es difícil decir quiénes han impedido la elección del Fiscal. Ninguna propuesta ha ido más allá de los votos de los partidos para sus ternas”
    Francisco Merino
Análisis

Cámaras se contradicen sobre actuación del Fiscal

Estamos en plena campaña electoral. Los diversos partidos presentan a la población una amplia gama de propuestas que tienen como ejes la seguridad y los aspectos económicos y sociales.

Sin embargo, hay una asignatura pendiente que la clase política, con representación en la Asamblea Legislativa, no ha cursado: Se trata de la elección del Fiscal General de la República, la cual se debería haber hecho el pasado noviembre.

Pareciera que ya se está haciendo costumbre que los diputados no logren consenso y cumplir a cabalidad los plazos que les impone la ley. Fresco está en la memoria institucional del país cuando estuvimos sin nombrar Corte Suprema de Justicia durante un mes, cuando no tuvimos Procurador de los Derechos Humanos y se vino a nombrar hasta que hubo modificación de ley.

Las dificultades que, año con año, se tiene para aprobar el Presupuesto General de la Nación, en el tiempo estipulado. En lugar de extender el plazo de los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, como se hizo, lo mejor era nombrarlos a tiempo; en vez de la interpretación auténtica sobre la legalidad del Fiscal en funciones, lo mejor hubiese sido elegirlo a tiempo.

Sin entrar en dimes y diretes, ni mucho menos a la discusión de quién es el responsable de que no haya habido elección del Fiscal General, sobre todo porque sabemos que son intereses políticos y no técnicos los que se imponen en este momento, sí cabe señalar que la institucionalidad del país se mina con asuntos como el que nos ocupa, porque de quien hablamos es nada más ni nada menos que el encargado de defender los intereses del Estado, de defender la legalidad del país.

¡Vaya contrasentido!

El atraso en la elección del Fiscal General ha puesto en contradicción dos casos donde el Fiscal ha actuado, uno en favor y otro en contra, tal como se consigna en nuestras páginas este día.

¡Bingo! podrían decir delincuentes, procesados de noviembre hasta acá.
Diversas investigaciones, muchas de ellas coordinadas con la PNC, podrían quedar en un limbo judicial de no solucionarse, a corto plazo, la elección del Fiscal General.

La defensa de los intereses fiscales, que equivale decir representar al Estado en todo tipo de juicios podría quedar sin sustento legal, o al menos en estado de gran confusión, de no nombrarse en el corto plazo al Fiscal General.

Voluntad política es lo que se requiere. Aún en medio de la campaña electoral en que nos encontramos, bien haría la clase política en anteponer los intereses de la Nación por sobre las posiciones particulares de cada quien. Ante dos resoluciones de segunda instancia que se contradicen (las de la cámaras Primera y Segunda de lo Penal), no se vale dejar al país en una especie de limbo.

El voto calificado que pide la Constitución Política a los diputados, de 56 votos, muestra la importancia que se le da al Fiscal General como parte del Ministerio Público.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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