Cierran el proceso penal de El Boquerón

Prescrito. Tanto la vendedora de los terrenos como el notario que autorizó la transacción fueron sobreseídos de cargos definitivamente.

Publicada 15 de febrero 2006, El Diario de Hoy

Inmuebles en disputa. Los terrenos fueron comprados por el general Maximiliano Hernández Martínez para que en ellos se hiciera un parque nacional. Foto EDH

Penalmente, la profesora Gloria Rubidia Durán del Cid y el abogado Joyser Adalberto Avolebán ya no pueden ser perseguidos por estar involucrados en la venta ilegal de cinco manzanas de terreno en la zona de El Boquerón.

Esa conclusión emanó ayer del Juez 2o. de Menor Cuantía, Saúl Cañénguez, quien en su momento tuvo a cargo la investigación y proceso penal en contra de ambos señalados.

El juzgador dijo a El Diario de Hoy que debido a que el caso es viejo y los dos imputados fueron sobreseídos de cargos de falsedad material definitivamente, el proceso fue enviado al archivo judicial.

Durante la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, entre el 1931 y 1944, compró los terrenos para formar el Parque Nacional de El Boquerón, el cual se inauguró el 12 de octubre de 1942.

Según el abogado que ha promovido la recuperación de los terrenos, Luis Gómez Zárate, los títulos de propiedad de las manzanas del Boquerón fueron obtenidos en 1990 por Durán del Cid, residente en Cara Sucia, Ahuachapán.

Según Zarate, la mujer se hizo de título supletorio o de dominio, pese a que se sabía que el inmueble fue adquirido por el Estado en 1942.

Tales documentos fueron autorizados por el notario Avolebán, quien dio fe del trámite e inscribió la propiedad.

Posteriormente, el 23 de julio de 1991, Durán del Cid vendió los terrenos a Telesistema S.A. de C.V., bajo los oficios de Avolebán.

Esta transacción se inscribió en el Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad.

El juez Cañénguez detalló que cuando su tribunal laboraba como el 2o. de Hacienda, la Fiscalía General no presentó las pruebas en contra de los involucrados y que en reiteradas ocasiones le pidió que realizara diligencias que serían vitales para continuar con la imputación.

Sin embargo, recalcó que el Ministerio Público hizo caso omiso de los requerimientos por lo que Avolebán Torres y Del Cid fueron sobreseídos provisionalmente, dejando un año para que la Fiscalía presentara nuevas evidencias y se reabriera el caso.

El funcionario agregó que al transcurrir el año, por ley dictó el sobreseimiento definitivo, por lo que el proceso penal se cerró.

Hacen falta más jueces para reclamar deudas

Sedes. Se cuenta con cuatro juzgadores para los casos. Foto EDH

Los dos Juzgados de Menor Cuantía que existen en el país están saturados de procesos de reclamaciones de deudas. Suman unos 120 mil.

Los tribunales 1o. y 2o. de Menor Cuantía son los encargados de procesar a los deudores desde un dólar hasta 25 mil.

Anteriormente se encargaban de procesar a los que usurpaban bienes del Estado, por lo que se les llamaba de Hacienda.

El juez 2o. de Menor Cuantía, Saúl Cañénguez, detalló que la mayoría de deudores son empleados públicos, quienes se atrasaron en el pago de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otras deudas similares.

Añade que los acreedores deben de presentar documentación que sustente que deudores tienen bienes muebles o inmuebles para poder ordenar un embargo, si no hay conciliación previa.

Al llegar a la etapa final y no haber arreglo los bienes se subastan.