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Hace 64 años
Portada de El Diario de Hoy del 12 de octubre de 1942, cuando se inauguró el Parque Nacional El Boquerón. Foto EDH |
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El Fiscal General, Romeo Barahona, consideró "maliciosa" y "dilatoria" la apelación del fallo sobre El Boquerón y advirtió que podría iniciar una investigación sobre Jorge Emilio Zedán para determinar si incurrió en coautoría en la compraventa ilícita de cinco manzanas de terreno del Estado en el volcán de San Salvador.
Telesistema, que pertenece al grupo de empresas de Zedán, apeló el viernes contra la decisión del Juzgado Primero de Menor Cuantía que da luz verde al Estado para recuperar el inmueble que forma el Parque Nacional El Boquerón y que estaba en posesión de esa compañía y de la telefónica Telemóvil.
"Para mí creo que él lo está haciendo (la apelación) de una manera maliciosa y con el único afán de retrasar el proceso de que quede ejecutoriada (firme) la sentencia", declaró el Fiscal General a El Diario de Hoy.
El funcionario agregó que Zedán y Telesistema están en su derecho de presentar el recurso, pero enfatizó que no en este momento en que se ha probado que el bien es nacional y lo más elegante sería que acepten el fallo y demanden a quien les vendió el terreno.
Según el expediente judicial, Telesistema le compró el área en cien mil colones a Gloria Rubidia Durán del Cid, quien lo había inscrito mediante títulos supletorios (que sustituyen a las escrituras originales cuando se supone que no las hay) en 1990.
Para ese entonces, la mujer alegó que tenía diez años de vivir ininterrumpidamente en la propiedad y presentó dos testigos.
El registro de títulos supletorios se realizó ante los oficios notariales del abogado Joycer Avoleván Torres.
Las razones
Barahona explicó que cuando la apoderada de Telesistema contestó la demanda que se les interpuso, dijo que no se oponía a que el inmueble pasara al Estado siempre que se comprobara su propiedad, lo cual se ha cumplido, primero con el registro de la escritura original a nombre del Gobierno y Estado de El Salvador.
"Le vamos a reclamar desde que él ha estado usufructuando ese bien, por daños y perjuicios.
Eso estamos viendo y establecer un tipo de coautoría y complicidad de otras personas, no sólo de las que titularon el inmueble fraudulentamente sino que ya vamos a ver que estas actitudes maliciosas no nos parecen", afirmó Barahona.
"Cada día que se prolongue le vamos a cobrar los daños y perjuicios a él", enfatizó Barahona.
"Usted me podría preguntar si cualquier tipo de apelación es legítima. Sí, todo es legítimo, pero un cosa es que sea legítimo y otra que sea maliciosa y con el propósito de prolongar un proceso, pero cada día que se prolongue le vamos a cobrar los daños y perjuicios a él", enfatizó.
El Fiscal dijo que la salida más elegante que Telesistema tiene en este momento es aceptar el fallo o desistir de la apelación y demandar a quien le vendió a él.
Alegato
Zedán, por su parte, dijo a El Diario de Hoy la semana anterior que los aproximadamente 24 mil metros cuadrados del llamado lote 422 fueron adquiridos lícitamente.
"Lo que ha hecho el Gobierno de El Salvador es correcto, va dentro de lo justo, de lo que ellos creen que es la verdad y nosotros vamos a probar cuál es nuestra verdad. Se á la ley dentro de cinco, seis o diez años, igual como ha pasado hoy, que diga quién tiene la razón", afirmó el empresario.
El propósito de comprar el lote, afirmó, era colocar una antena repetidora de Canal 12, que en esa época pertenecía a la sociedad.
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La parcela 422. Autoridades judiciales y peritos realizaron inspecciones en el paraje. Foto EDH |
Zedán sostuvo que el terreno aún no ha pasado a manos del Estado porque la apelación no deja firme el fallo, y el resultado "va a tardar su tiempo".
Investigación
Hace unos años, la Cámara 3a. de lo Penal de San Salvador revocó el sobreseimiento o exoneración de cargos definitiva otorgada en 1999 a Gloria Rubidia Durán del Cid y al abogado Joycer Adalberto Avoleván por la inscripción de los terrenos de El Boquerón.
Ambos fueron procesados entonces por falsedad ideológica (hacer creer que el inmueble le pertenecía a la primera). Los acusados habían sido favorecidos por el entonces Juzgado 2o. de Hacienda, reseñaron fuentes judiciales.
Sin embargo, la Cámara determinó que el caso no estaba suficientemente investigado.
El Fiscal Barahona dijo que el Ministerio Público verificará que se anulen los documentos supletorios y las sucesivas compraventas, como ordenó el tribunal, una vez quede firme el fallo.
El Ejecutivo determinará sobre la administración del parque.
"Estamos viendo una situación de coautoría"
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Decidido. Barahona quiere hacer cumplir la resolución judicial. Foto EDH |
El Ministerio Público manifiesta que podría demandar por daños y perjuicios
El Fiscal General, Romeo Barahona, no anda con medidas tintas para decir lo que hará para hacer cumplir el fallo judicial y llegar al fondo de este caso.
¿Qué piensa de la apelación? Para mí creo que él lo está haciendo (la apelación) de una manera maliciosa y con el único afán de retrasar el proceso de que quede ejecutoriada la sentencia.
Cuando la apoderada de él (Zedán) contestó la demanda, dijo que él no se oponía a las pretensiones de la parte actora siempre y cuando se comprobaran los extremos de su demanda.
¿Se comprobaron?
Ya se establecieron. En primer lugar, en la inspección se estableció que ese inmueble pertenece al Gobierno y al Estado de El Salvador; en segundo lugar, en la inspección se estableció que no se han ejercido actos de posesión ni de él y de las personas que hicieron la tradición (compraventa).
En tercer lugar, a través de la ficha catastral se estableció que ese inmueble pertenece al Gobierno y Estado de El Salvador. Y es más: la ficha 422 casi pega calcadamente, como dicen los peritos, con la descripción técnica de la parcela y lo que escrituraron fraudulentamente.
¿Qué harán?
Estamos sopesando dos cosas: iniciar una acción por daños y perjuicios contra él y ya estamos viendo una situación una coautoría, una complicidad de determinada persona y ya estamos viendo por qué delitos...
Todavía él dice que en su momento quería hacer la donación del inmueble. ¿Cómo va usted a hacer la tradición (donación) de algo que se ha obtenido por medios ilícitos, por medios fraudulentos? Mario HernÁndez gavidia
"Indudablemente el número de crímenes se puede considerar como una epidemia. Que en un día aparezcan hasta 12 muertos, preocupa"
medicina legal
Detienen a un abogado por estafa
El abogado Joycer Avoleván Torres, quien registró como privados los terrenos que un tribunal ha devuelto al Estado en El Boquerón, fue detenido el pasado fin de semana por estafa agravada, informaron fuentes oficiales.
El Juez Primero de Paz de Colón, La Libertad, Walter Girón, confirmó a El Diario de Hoy que ordenó que Avoleván Torres sea procesado después de que compareció ayer a una audiencia inicial.
Según el expediente, Avoleván servía como supuesto intermediario de la venta de un inmueble y se lo ofreció a una feligrés de la iglesia a la cual asistía en Santa Tecla.
Fuentes judiciales dijeron que la ofendida le entregó 24 mil dólares, pero la propiedad estaba embargada. Estos hechos sucedieron en 2003.
La Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia le notificó al tribunal que el abogado no tiene autorización para ejercer desde el 4 de diciembre de 2003.
El reo fue llevado al centro penal de Metapán, donde podría pasar hasta seis meses mientras se decide si va a juicio público. |
El caso de El Boquerón: el Gran Parque disputado
Cuando el Gran Parque de El Boquerón fue inaugurado el 12 de octubre de 1942 por el General Maximiliano Hernández Martínez, se esperaba que el nuevo destino atraería turismo nacional y extranjero. La realidad ha sido muy distinta.
Como lo manifestó la Fiscalía General de la República al inicio del litigio hace 15 años, la historia de El Boquerón demuestra la fragilidad del sistema nacional de registros.
La parcela 422 fue adquirida por el Estado de la primera propietaria conocida, Consuelo Palomo de García. El 16 de septiembre de 1939 se compraron 23 mil 21 varas cuadradas. El 27 de abril de 1940 se compró el terreno adyacente de 9, 210 metros cuadrados.
Ambas transacciones están inscritas en el libro 108 del Registro de Propiedad del Departamento de La Libertad.
El 28 de septiembre de 1990, el abogado Joycer Avoleván Torres promovió diligencias de "Título supletorio" de las tierras del parque a nombre de Gloria Rubidia Durán del Cid. Veinte días después, el 18 de octubre, fue vendido, por alrededor de 100 mil colones a la empresa Telesistema Salvadoreña S.A., a través de su representante legal, Jorge Emilio Zedán.
Dos años después, Telesistema vendió parte del terreno a la compañía de comunicaciones Telemóvil. En esos dos años, Telesistema hipotecó dos veces el terreno. La primera vez por un valor de 4 millones de colones; la segunda, por 240 mil colones. Telemóvil, por su parte, adquirió un crédito utilizando el terreno de El Boquerón como garantía.
En 1974, debido a "razones de seguridad", la propiedad había sido asignada al Ministerio de Defensa. El entonces Ministro, el Cnel. René Emilio Ponce solicitó información sobre la propiedad en noviembre de 1991, llamando atención sobre el caso.
s El 10 de agosto de 1992, el Juzgado Primero de Hacienda inició el primer juicio civil. El 26 de agosto se abrió un proceso por falsedad ideológica y usurpación del terreno contra Avoleván y Gloria del Cid. El 3 de enero de 2006, el Juzgado Primero de Menor Cuantía devolvió el terreno al Estado y anuló las transacciones anteriores. |
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